Luego de que la semana pasada se suspendiera la audiencia en el juicio contra el pastor evangélico acusado por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, este lunes se reanudó el debate en el Tribunal Federal con la presencia del imputado, para que pudiera escuchar y confrontar los testimonios realizados en Cámara Gesell que se exhibieron.

La semana pasada, la audiencia se tuvo que suspender porque,  según explicó el abogado defensor de Roberto Tagliabué, Mauricio Varela, no se escuchaban correctamente los testimonios de las Cámaras Gesell, principalmente quien tenía problemas de audición era el imputado, que sigue el juicio por videoconferencia.

Ante esta situación, se resolvió que el debate,  a cargo del juez Roberto Falcone, se reanudara hoy, pero con la presencia de Tagliabué en la sala. De esta manera, el imputado pudo contestar preguntas de las partes tras cada testimonio exhibido.

En total, el pastor declaró en dos oportunidades, dio explicación y contestó preguntas de la fiscal Laura Mazzaferri. “Va a declarar todas las veces que sea necesario para que se vea qué persona es y a quién han sometido a privarle la libertad”, explicó el abogado Varela.

El juicio continuará mañana y la semana que viene se realizarán dos audiencias, para recuperar el tiempo perdido y seguir con el cronograma al día de este debate que se espera finalice a fin de año.

La acusación

Tagliabué está acusado de haber captado y acogido, valiéndose de su calidad de pastor de la iglesia El Shaddai -ubicada en el barrio Pueyrredón, a unos seis kilómetros del centro de Mar del Plata hacia el suroeste-, y utilizando engaños y violencias a una multiplicidad de personas -nueve son las víctimas de este caso elevado a juicio- en situación de “suma vulnerabilidad”.

Según la acusación fiscal -expuesta por las representantes del MPF en la audiencia inicial del lunes pasado- , los hechos se encuadran entre el 2001 y agosto de 2022 cuando se realizó el último allanamiento por orden de la Justicia Federal. En su mayoría, las víctimas son varones jóvenes -uno de ellos captado cuando aún era menor de edad y otro con una situación de discapacidad-, que atravesaban serios problemas de adicciones, habitacionales y económicos, y en algunos casos también tenían conflicto con la ley penal.

Algunos de ellos fueron derivados incluso por la justicia provincial para cumplir con normas de conducta que les permitieran acceder a la suspensión de sus procesos o tener un régimen morigerado de prisión, situación que era aprovechada por el imputado, a fin de captar a las víctimas o mantenerlas en situación de explotación.

La finalidad de las maniobras investigadas, según estableció la fiscalía, era la explotación laboral, que se daba a través de la venta ambulante, la atención de dos negocios que tenía el pastor en la zona o bien con tareas de mantenimiento en la iglesia.