El Gobierno de Córdoba oficializó el cobro de los operativos desplegados ante amenazas escolares y trasladará esos costos a los padres o tutores de los estudiantes involucrados.

La medida quedó establecida en una resolución del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, que aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos. La normativa define el procedimiento administrativo para reclamar los montos a los responsables.

La decisión había sido anticipada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en el marco de una seguidilla de amenazas -en su mayoría falsas- que activaron operativos policiales, servicios de emergencia y dispositivos logísticos en distintos establecimientos educativos.

El protocolo se aplicará una vez que intervenga el Ministerio Público Fiscal, que deberá identificar a los autores y a los adultos responsables. Con esa información, la Provincia avanzará con el recupero de los gastos.

El procedimiento contempla la determinación de los costos de cada operativo, la elaboración de un expediente con los registros de la intervención y la cuantificación del gasto total. Luego, se intimará al pago con un plazo de cinco días.

Si no hay cumplimiento, la Fiscalía de Estado iniciará acciones judiciales para recuperar los fondos.