Desde la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y SPI Astilleros consideraron “contradictoria” la medida. Sin embargo, destacaron la necesidad de “insistir en propuestas superadoras” y exigen la construcción de un buque nacional por cada buque usado importado.
Una decisión política del Gobierno acaba de cambiar la perspectiva de una industria nacional que venía mostrando un notable crecimiento en los últimos años: la industria naval. A través del Decreto 273/2025, se derogó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), vigente por más de 30 años, y se habilitó la importación de barcos usados, lo que generó una inmediata preocupación en los astilleros de Mar del Plata.
Para una parte del sector, la medida representa “un retroceso” que pone en riesgo tanto el empleo como la producción, especialmente a la luz de lo ocurrido en los años ‘90, cuando la importación de maquinaria usada generó consecuencias negativas para la industria.
Sin adoptar una postura de rechazo absoluto, desde la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y SPI Astilleros calificaron la decisión como “contradictoria” y reclamaron que se exija la construcción de un buque nacional por cada buque usado que se importe.
“Desde SPI y ABIN hemos trabajado intensamente para fortalecer la industria naval argentina. Consideramos que importar buques usados es contradictorio para un país con capacidad de producción local, especialmente si busca un desarrollo económico sostenible”, indicó a LA CAPITAL Sandra Cipolla, presidenta SPI Astilleros.
“La importación de buques usados debe considerarse como una excepción establecida por una norma dentro de un conjunto de ellas que procure la reconstrucción de nuestra flota de bandera y que acompañe una adecuada planificación del desarrollo industrial naval del país. Esta norma debe estar encuadrada en un plazo temporal que no supere los 5 años”, planteó la dirigente industrial.
En sí, vale aclarar, la medida que tomó el gobierno de Javier Milei en abril a través del Decreto 273/2025 no es del todo nueva. La Resolución 909/94 del entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación y sus modificatorias abrió en los años ’90 la importación de barcos usados. Esto generó “desequilibrios” en el sector, recordó Cipolla, “dificultando que nuestros armadores cuenten con las herramientas necesarias para competir en condiciones de igualdad y a los astilleros nacionales desarrollar adecuadamente y en condiciones equitativas su capacidad productiva”.
Ahora, la eliminación del CIBU y la desregulación del comercio exterior, como se establece en el Decreto 70/2023 y el reciente Decreto 273/2025, “generan preocupaciones significativas sobre el futuro de la flota de bandera argentina, desregulando aún más la importación de buques usados”, sostuvo la presidenta de SPI.
Sandra Cipolla, presidenta de SPI Astilleros.
Sin embargo, ante “un hecho consumado”, Cipolla remarcó que “resulta muy importante insistir en propuestas superadoras” que “se adecúen a nuestro histórico posicionamiento”. Por eso, SPI “acompaña la postura” de ABIN, la cámara empresarial a la cual pertenece el astillero.
Al respecto, la presidenta analizó y propuso: “Compartimos la visión de nuestra cámara de no bloquear proyectos de reconstrucción de la marina mercante nacional con posturas extremas del ‘todo o nada’. En su lugar, buscamos una normativa equilibrada que fomente la construcción de barcos nacionales y el desarrollo de la industria naval, exigiendo la construcción de un buque nacional por cada buque usado importado. Esto nos permitirá reponer la capacidad argentina tanto de flota de bandera como de industria naval”.
Esta propuesta, aclaró finalmente, forma parte del “compromiso” de ABIN y SPI de “continuar trabajando en la búsqueda de soluciones que beneficien a toda la cadena de valor naval argentina”.
Por su parte, otro de los referentes de la industrial naval que salió al cruce de la medida, aunque con mayor tono de rechazo, fue Domingo “Vito” Contessi, presidente de Astillero Federico Contessi. La calificó como “un gravísimo error” que “pone en riesgo a centenares de industrias y miles de empleos”.
Contessi recordó que cuando en los años ’90 se autorizó la importación de buques usados, se fomentaron “inversiones oportunistas y de corto plazo”, lo que “generó competencia desleal con aquellos armadores que invirtieron en barcos nuevos”. Además, “el Estado gastó millones de dólares en sacar chatarra de los muelles y se generaron tragedias donde se perdieron decenas de vidas”, dijo.
“Este decreto es propio de un país subdesarrollado”, marcó el industrial y completó: “Se nos dijo que el gobierno venía a ordenar la macro y que los privados nos encargáramos de la micro, pero este Decreto tiene un anexo de bienes excluidos, determina cuáles industrias seguirán y cuáles desaparecerán. No encuentro nada más dirigista e intromisivo que eso”.
La preocupación también escaló en el ámbito político. Días atrás, el diputado provincial Gustavo Pulti (Unión por la Patria) presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para repudiar el Decreto 273/25, con el argumento de que la medida “elimina controles estatales clave y permite el ingreso sin restricciones del equipamiento descartado por países desarrollados, afectando gravemente a la industria nacional”.
Según consideró, este decreto “significa abrirle la puerta al descarte del mundo, con consecuencias directas en el empleo, la seguridad operativa y el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina”.
Pulti señaló la derogación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) permite “la entrada masiva” de “equipos antiguos y obsoletos, sin condiciones ni evaluaciones técnicas”, algo que “ya lo vivimos durante la convertibilidad: se destruyó la industria naval, se desmanteló la cadena de valor de la pesca y se perdieron miles de puestos de trabajo por el ingreso indiscriminado de embarcaciones usadas. Hoy volvemos al mismo modelo de liquidación industrial”.
En tanto, el concejal Horacio Taccone (Acción Marplatense), presentó el viernes un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para solicitarle al Ejecutivo que gestione ante el Gobierno nacional “la revisión y análisis del impacto” del Decreto Nº 273, que elimina las restricciones a la importación de maquinarias y equipos usados, y “perjudica a la industria local que construye bienes de capital”.
El expediente comparte varios de los fundamentos del proyecto de Pulti y sostiene que “convertirnos en la segunda opción de la maquinaria y equipo que descarta el mundo desarrollado, no suponen, en ningún caso, una posibilidad de desarrollo sino todo lo contrario: el mercado nacional de producción de maquinarias y equipos ya agredido por un dólar subvaluado para favorecer a los negocios financieros sumará un nuevo golpe que nos aleja cada vez más de ser una nación desarrollada”.