El juicio por el asesinato ocurrido en abril de 2023 en el barrio San Martín avanza con complicaciones para las partes: con testigos que no se presenta porque no quieren hablar para no autoincriminarse, otros que no son hallados por la policía y hasta uno que estaba preso y desde el Juzgado olvidaron autorizarlo.
Periferia, marginalidad, violencia y ausencia del Estado parecen ser los ejes centrales en el juicio por el crimen de Ezequiel Luis Mansilla, ocurrido en abril de 2023 en la periferia, que este viernes tuvo que suspender la audiencia porque los testigos de la defensa no llegaron: dos no fueron encontrados por la policía y al restante, que estaba detenido en la cárcel de Batán, la Justicia olvidó autorizar su traslado para la declaración.
Lucas Fernando Leonel Paliza (29) y William Nahuel Perez (32) llegan detenidos al debate, imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y cuatro tentativas de homicidio, en una investigación que realizó la fiscal Andrea Gómez y que, al estar ya jubilado, el juicio lo realiza su colega, Germán Vera Tapia.
El Tribunal N° 4, con los jueces Gustavo Fissore, Federico Cecchi y Roberto Falcone, es el escenario donde se realiza el debate que intenta reconstruir los hechos ocurridos entre los barrios Las Heras, San Martín y El Martillo en abril de 2023 que terminaron con la vida de Mansilla.
El debate inició el miércoles, en el que las partes trazaron los lineamientos del caso que se centra en el asesinato de Mansilla y desde la defensa de los imputados argumentaron que no iban a cuestionar los hechos -incuestionables con la muerte de la víctima-, pero sí que cuestionarán la la autoría de Pérez y Paliza.
Por su parte, el fiscal Vera Tapia sostuvo la teoría del caso investigada por Andrea Gómez: que Pérez manejaba la moto en la que iba Paliza, quien disparó contra el auto en el que viajaba Mansilla y otros cuatro jóvenes. Por eso que se trata de un caso de homicidio y cuatro tentativas de homicidio.
El lunes será la última jornada del debate por el crimen de Mansilla, se espera que declare el testigo que se encuentra detenido en prisión y que después las partes hagan sus alegatos de cierre.
Marginalidad, ausencia del Estado y de testigos
El crimen de Mansilla está signado por la violencia que se vive en la periferia de Mar del Plata y el modo en que resuelven los conflictos en esos márgenes de la sociedad: que ante la ausencia del Estado apelan a ciertos “códigos barriales” que engendran enfrentamientos entre grupos antagónicos, como sucedió entre la víctima, sus amigos y los imputados.
El juicio, que se desarrolla en una sala de Tribunales ubicada en el macrocentro de Mar del Plata, se volvió un escenario de esa marginalidad de los barrios Las Heras, San Martín o El Martillo: con víctimas que no entienden que lo son por haber atravesado un hecho “normal” como haber sido baleado el auto en el que iban; con testigos demasiado alcoholizados o drogados para poder hablar y relatar lo sucedido; con un testigo que se suicidó antes del debate y lo que tenía para decir nunca pudo hacerlo; otros que prefieren no presentarse a declarar por si quedan detenidos por tratarse de delincuentes.
Para graficar aún más esa marginalidad trasladada a Tribunales: este viernes la audiencia del juicio no se pudo realizar porque no fueron ninguno de los tres testigos propuestos por la defensa: dos no fueron hallados por la policía y el restante estaba detenido en la cárcel de Batán y desde el Juzgado interviniente olvidaron autorizar su traslado, por lo que su testimonio se escuchará recién el lunes.
El debate, así, se complejiza tras cada audiencia: víctimas y victimarios son de la misma zona, se conocían y tenían en común un mundo entero en el que el Estado está ausente. Un mundo de robos, de violencia y de “códigos” que terminaron con la vida de un joven. Que ese mismo Estado busque hacer justicia y que se respete la ley es todo un desafío.
Críticas que nadie escuchó
En 2019, el Tribunal N° 3 al dictar la sentencia a cadena perpetua de cuatro imputados en el caso que se conoció como “Matanza del barrio El Martillo” -que incluyó tres asesinatos, uno por linchamiento-, los jueces realizaron fuertes cuestionamientos contra el Estado en general y su ausencia
“En ese barrio, en aquel momento, no existía la justicia penal ni tantas otras instituciones, y de seguro, nadie, absolutamente nadie, representaba un procesamiento penal como amenaza”, expresaron los jueces y, ante estos grupos que viven en condiciones de exclusión agregaron: “Ya no se trata del mero incumplimiento de las normas, sino que aparecen bajo la superficie otras ‘normas míticas o códigos prácticos’ que en forma ‘paralela’ se encuentran vigentes, y que rigen en determinado territorio para sus habitantes, donde sus derechos básicos se encuentran fuertemente resentidos”.
Para el juez Fabián Riquert, en esa sentencia de 2019, marcaba que este fenómeno se observa principalmente “en las periferias de las grandes ciudades de nuestro país”. “Precisamente, esta situación fue la que se observó en forma clara en este juicio. No sólo la ausencia del Estado sino que los conflictos entre ‘grupos antagónicos’ de un barrio de nuestra ciudad como ‘El Martillo’ se resuelven ‘entre ellos’”, expresó.
En el último pasaje de su fallo, los magistrados refirieron que, con esta situación analizada, “se advierte que en una misma ciudad aparecen dos categorías de ciudadanos: los de las áreas céntricas/residenciales y ‘el resto’ de los barrios más periféricos, donde el contrato social entre gobernantes y gobernados se ha resentido, al punto de no intervenir con la intensidad necesaria, incluso en instancias previas a los hechos de violencia”.
“Ha quedado demostrado en este juicio que estas situaciones se resuelven con el funcionamiento de las instituciones y no con su ausencia, si es que en serio consideramos que estamos ante un estado democrático y social de derecho”, concluyeron.
Pasaron seis años de esa sentencia. La violencia se repite. Los barrios que menciona se repiten. La ausencia del Estado también.