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Policiales 18 de octubre de 2026

Crimen del almacenero: uno de los acusados seguirá preso hasta el juicio

La Cámara de Apelación y Garantías confirmó la prisión preventiva de Brandon Algarbe, acusado por el robo agravado por el uso de arma de fuego en el que fue asesinado Carlos Rodríguez.

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Allí fue asesinado Carlos Rodríguez, el 27 de junio de 2024.

La Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata rechazó el pedido de excarcelación y de arresto domiciliario presentado por la defensa de Brandon Aarón Algarbe, uno de los acusados por el crimen del almacenero Carlos Rodríguez, asesinado en junio de 2024 de un disparo durante un asalto en su comercio del barrio Las Heras.

De esta manera, el joven de 21 años continuará detenido mientras espera el juicio oral, previsto para el 22, 23 y 24 de febrero de 2027. Los jueces consideraron que persisten los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva, en particular la posibilidad de que el imputado pueda influir sobre testigos que todavía deben declarar en el debate.

La resolución fue dictada por unanimidad por la Sala I de la Cámara, que confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, a cargo del juez Federico Cecchi. La defensa, representada por Pedro Medina, había cuestionado la continuidad del encierro y planteado que las condiciones de la causa habían cambiado desde que se dispuso la medida.

Entre sus argumentos, sostuvo que la calificación legal del hecho había sido modificada al elevarse la causa a juicio, que el tiempo transcurrido en prisión preventiva debía ser considerado y que la investigación ya estaba concluida. También propuso que Algarbe cumpliera arresto domiciliario con monitoreo electrónico y bajo la supervisión de una tutora.

Sin embargo, los camaristas entendieron que la nueva calificación -robo agravado por el uso de arma de fuego- contempla una pena mínima de seis años y ocho meses de prisión, incompatible con una eventual condena de ejecución condicional. Aunque señalaron que la expectativa de pena no alcanza por sí sola para justificar una detención cautelar, consideraron que constituye un elemento relevante al evaluar el riesgo de fuga.

Otro de los puntos centrales del fallo fue la posible presión sobre testigos. Los jueces valoraron declaraciones incorporadas al expediente que, según interpretaron, permiten presumir que el acusado podría influir sobre personas que deberán declarar durante el juicio. En particular, analizaron una intimidación recibida por un testigo, aunque reconocieron que habría provenido de un tercero, y consideraron que su contenido no permitía descartar una vinculación con el imputado.

La defensa también había invocado el plazo razonable de la prisión preventiva. Al respecto, la Cámara señaló que no existe un límite temporal automático aplicable a todos los casos y que la duración del encierro debe analizarse según las circunstancias particulares de cada expediente. En este caso, Algarbe llevaba poco más de dos años y tres meses detenido, un período que los magistrados consideraron todavía compatible con la necesidad de asegurar el proceso.

El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado. La defensa había argumentado que el imputado tiene un hijo pequeño y que la continuidad del encierro repercute en sus vínculos familiares. No obstante, los jueces entendieron que no se acreditó una situación excepcional que justificara sustituir la prisión preventiva por una medida menos restrictiva. Además, señalaron que el niño nació cuando su padre ya estaba detenido y que no existía una convivencia previa que hubiera sido interrumpida por el encarcelamiento.

La Cámara también tuvo en cuenta los informes vinculados al consumo problemático de sustancias del acusado. Si bien uno de ellos indicó que no reunía los criterios para ingresar a un dispositivo terapéutico específico, los magistrados señalaron que persistían indicios de un consumo problemático desde la adolescencia y la necesidad de evaluar un tratamiento individual.

Rodríguez, de 61 años, fue asesinado el 27 de junio de 2024 en el almacén que atendía en Fortunato de la Plaza al 8500. De acuerdo con la investigación, recibió un disparo durante el robo y murió a raíz de una hemorragia masiva.

Por el caso también está acusado Marcos Suárez, de 33 años. La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1. La resolución conocida ahora se refiere exclusivamente al planteo presentado por Algarbe y no modifica por sí misma la situación procesal de Suárez.