Por Julieta Fiorentino

“La ola te encuentra mal parado, te revuelca. Hay un momento eterno, sin aire. Cuando sacás la cabeza ya se viene otra. No da tiempo a recuperarse entre una y otra. Y cada vez más gente decide salirse, ir a la orilla. Pero no podés”.

Ajuste, estanflación y reconfiguración del poder en el cruce entre economía real, sistemas de datos e inteligencia artificial

En la Argentina, el ajuste, el vaciamiento de la representación democrática y el avance del control algorítmico confluyen en una apatía creciente.

Si analizamos la idea de doble matriz de dominación, vemos por un lado, una gobernanza biopolítica que opera directamente sobre los cuerpos mediante la desprotección social, el hambre en los comedores y el disciplinamiento físico en la calle; por el otro, una gobernanza algorítmica que extrae los datos masivos de la población, predice sus conductas y paraliza su capacidad de reacción. Los mecanismos de la adicción en las pantallas, inducen un sutil pero constante desgaste cognitivo que satura la atención y paraliza la capacidad colectiva de reacción.

Las plataformas operan como una válvula de escape diseñada para la catarsis estéril. Ante el argumento de que la red social sirve para “putear y calmarse”, la realidad analítica demuestra que el algoritmo captura y dosifica el odio para disiparlo en la nada. Al transformar la potencia de la movilización colectiva en un berrinche solitario frente al celular, la pantalla absorbe la indignación y evita que el cuerpo ocupe la calle. Pero esa presión no desaparece: cuando la válvula digital se satura, el resentimiento se privatiza hacia adentro en forma de fatiga mental, o rebota hacia el costado en violencia cotidiana contra el que tenés al lado.

La contracción económica produce exclusión; la exclusión genera descontento; el descontento requiere control; y ese control ya no se ejerce solo con jueces o medios, sino con plataformas e inteligencia artificial. Entender el país exige leer la doble matriz de dominación: donde el ajuste disciplina el cuerpo y la pantalla anestesia la mente. Un solo movimiento sistémico. Un engranaje en pleno desarrollo y un diagnóstico en construcción.

El deterioro material reflejado en la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el empeoramiento progresivo de las condiciones de vida en la Argentina actual no se reduce a una recesión con profundas consecuencias sociales. Tampoco es un fenómeno aislado de la política local o una mera mutación tecnológica de época. La realidad nacional expone la convergencia de la contracción de la economía real, el vaciamiento de los mecanismos tradicionales de representación democrática y el avance de una reconfiguración global del poder sustentada en el control de la información, los datos masivos y la inteligencia artificial, operando al mismo tiempo y sobre el mismo territorio.

Las transiciones hegemónicas de la economía-mundo -hoy protagonizadas por la competencia tecnológica y geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de las infraestructuras de procesamiento-, operan descargando sus crisis de acumulación sobre las periferias de manera acelerada y sistemática. En este escenario, la gobernabilidad ya no se apoya únicamente en los consensos institucionales del siglo pasado, sino en el control de la agenda y en la intervención directa sobre la atención, la percepción y el comportamiento colectivo de sociedades estructuralmente fragmentadas. La disputa contemporánea por el poder desborda los terrenos tradicionales: los datos, la inteligencia artificial, los medios y las plataformas dejan de ser dominios separados para articularse en una misma infraestructura de influencia política, capaz de moldear las condiciones del consenso mucho antes de que el conflicto se vuelva visible.

ECONOMÍA REAL ARGENTINA: El Ajuste Material y el “Industricidio”

El escenario de estanflación impacta directamente en la vida cotidiana de las mayorías populares, configurando una escena signada por el estancamiento, la falta de horizonte y la escasa capacidad de modificar el statu quo. El ajuste fiscal en curso elude tocar a los sectores concentrados y recae con fuerza sobre los ingresos de la ciudadanía trabajadora. Lo que denominamos “industricidio” tiene una materialidad cruda: apertura asimétrica de importaciones, caída de la demanda interna y desmantelamiento del entramado productivo.

Cuando el salario pierde sistemáticamente frente a la inflación, el ajuste empieza por la mesa: primero se recorta en calidad, después en cantidad. Lo que antes resolvía el mercado pasa a depender de un Estado nacional que se retrae, trasladando esa presión extrema directamente hacia el territorio. La paralización de la obra pública es empleo que no se genera, actividad que no circula y economías locales que se enfrían; la infraestructura detenida constituye una cadena productiva interrumpida.

La Síntesis Bonaerense y la Desprotección Sanitaria

Este proceso de traslado de costos sin recursos desde la Nación hacia las provincias y municipios encuentra en la Provincia de Buenos Aires una de sus expresiones más visibles. La asfixia financiera paraliza obras, discontinúa programas estratégicos y tensiona las redes de contención social en un contexto de creciente demanda alimentaria y sanitaria. El ministro Carlos Bianco detalló una deuda nacional con la provincia de 16,7 billones de pesos, que asciende a 24,6 billones al sumar la caída de la recaudación.

El impacto se vuelve homicida en los comedores escolares, donde más de 2,5 millones de estudiantes dependen del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en un contexto de desfinanciamiento nacional sostenido. La red de contención empieza a tensarse. La frase del ministro Andrés Larroque -“menos vocería y más alimentos”- sintetiza una escena que ya no es discursiva: es material.

Sabemos que los recortes presupuestarios en organismos clave como el INTA y el Servicio Meteorológico Nacional no representan ahorros contables neutros, sino una reducción de capacidades de investigación, prevención y alerta temprana que impactan sobre la producción, la salud y la gestión de riesgos climáticos.

Con la salud pública ocurre lo mismo: los controles sanitarios no desaparecen, pero su eficacia se resiente drásticamente cuando se reducen recursos y equipos. Se limita así la posibilidad de prevenir, detectar y responder a riesgos críticos como brotes de contaminación o fallas en la trazabilidad de los medicamentos.

La experiencia reciente en Argentina lo demuestra: el caso del fentanilo contaminado distribuido en hospitales, que dejó decenas de muertes, expuso las grietas de un sistema desfinanciado. Ante la retirada de los programas nacionales, la ampliación de programas provinciales para garantizar el acceso a los medicamentos aparece como una respuesta de emergencia que marca una desigualdad creciente entre jurisdicciones.

El Estado que se achica descarga su peso hacia abajo, hacia las provincias, hacia los municipios, hacia las familias. Y es precisamente sobre esa población debilitada y sin red donde se instala la nueva capa del poder.

PLATAFORMAS, DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Desembarco Corporativo y el Control Predictivo

La creciente concentración de datos y la expansión de plataformas digitales introducen formas de acumulación que se superponen a las estructuras económicas tradicionales; la capacidad de modelar comportamientos y anticipar tendencias adquiere una relevancia estratégica comparable a la posesión de recursos materiales. Los datos son el insumo estratégico del siglo XXI, pero quien los extrae no necesita territorio: necesita infraestructura digital y acceso a poblaciones conectadas. En este marco geopolítico de subordinación se inscribe la presencia en la Argentina de Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies, la firma de procesamiento masivo de datos para tareas de inteligencia cuyo desembarco representa el pasaje definitivo hacia el capitalismo predictivo, donde las corporaciones privadas asumen funciones históricamente reservadas a los Estados.

Como advirtió Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, este avance representa la avanzada de un tecnofascismo emergente que trabaja para sostener hegemonías globales en detrimento del desarrollo autónomo de los Estados. El correlato local más alarmante es la implementación gubernamental del denominado “Gemelo Digital Social”. Este sistema de inteligencia artificial, diseñado para integrar grandes bases de datos estatales con el argumento de optimizar la ayuda social, replica conceptualmente la arquitectura de plataformas de vigilancia predictiva como Palantir Foundry.

Irregularidades democráticas de este dispositivo: se puso en marcha sin ley habilitante del Congreso de la Nación que discuta sus alcances, sin licitación pública conocida y bajo una absoluta opacidad técnica y sin protocolos transparentes de protección de datos personales, vulnerando el derecho a la privacidad de los ciudadanos argentinos.

La frontera entre administración pública, inteligencia estatal y vigilancia se vuelve difusa, generando interrogantes sobre los controles democráticos. El endurecimiento del protocolo antipiquetes y el mayor control sobre las protestas en el espacio público tienen la misma lógica: el patrullaje -de vigilancia- predictiva en las redes y el bastón en la calle son piezas del disciplinamiento social.

La pregunta de fondo es política: ¿quién manejará los datos estratégicos de las cincuenta millones de personas que habitan este país y bajo qué jurisdicción quedarán? El futuro que anuncia el oficialismo llega con un panel de mando alojado fuera del territorio nacional, en la infraestructura de nube privada de corporaciones con sede en Estados Unidos. Los datos de la ciudadanía aparecen como una moneda de cambio extractiva, igual que la Hidrovía o el Mar Argentino.

Corremos el riesgo concreto de convertirnos en objetos de observación y experimentación algorítmica antes que en sujetos plenos de derechos. La entrega se administra con algoritmos, lo cual funciona mientras la población no reaccione y nadie lo cuestione. Para eso sirve la justicia cuando deja de ser independiente.

El Extractivismo Cognitivo y la Economía del Ultraje

Detrás de la sofisticación de la inteligencia artificial y los sistemas predictivos, subyace la lógica de lo que se conceptualiza como el “capitalismo de vigilancia”: la disputa salvaje por la atención humana como materia prima estratégica.

 Las interfaces digitales y los sistemas de recomendación no operan como herramientas neutras o meros canales de distribución pasivos; por el contrario, constituyen dispositivos diseñados milimétricamente bajo principios neurocientíficos de refuerzo intermitente para garantizar la permanencia ininterrumpida del usuario frente a la pantalla. Ya en 1971, el premio Nobel Herbert A. Simon advertía que en un mundo sobrepoblado de información, el recurso verdaderamente escaso y en disputa sería la atención humana. Hoy, esa escasez se administra mediante un extractivismo cognitivo sistemático.

Esta captura del tiempo colectivo no es neutra; está sesgada estructuralmente hacia la anomalía, el conflicto y la postverdad. Las narrativas conspirativas -desde el terraplanismo y los movimientos antivacunas hasta las operaciones de desinformación política- no colonizan el debate público por la fuerza de sus argumentos, sino porque optimizan las métricas de rentabilidad de las corporaciones tecnológicas a través de lo que se conoce como la Economía del Ultraje.

Investigaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) confirmaron que las noticias falsas y el contenido hiperbólico se propagan entre cinco y seis veces más rápido que la verdad, debido a su capacidad única para activar respuestas emocionales primarias como el miedo y la indignación.

El algoritmo ha detectado que la racionalidad y el consenso científico aburren, mientras que el ultraje moral y la hostilidad hacia el adversario retienen. En la Argentina de la estanflación, este dispositivo adquiere una dimensión de control biopolítico precisa: opera como el anestésico social perfecto.

Al mantener a la población subsumida en un bucle de sobreestimulación virtual, indignación abstracta y debates absurdos, el sistema produce un severo desgaste psicopolítico. El sujeto cognitivamente agotado por la pantalla carece del tiempo social, la lucidez y la energía mental necesarios para procesar el desmantelamiento de su propia realidad material.

La pantalla se instituye así como el filtro de la percepción, fragmentando los lazos comunitarios y licuando la capacidad de organización colectiva mucho antes de que la crisis del bolsillo pueda traducirse en resistencia territorial. El adormecimiento digital es la condición para que operen los mecanismos institucionales de disciplinamiento sin encontrar resistencia organizada en las calles.

Esta parálisis de la percepción conecta de forma directa con los tribunales. Para sostener y estabilizar un modelo de exclusión económica y control digital de este calibre, el sistema requiere de un Poder Judicial funcional a sus objetivos, que de árbitro neutral tiene muy poco.

ESTADO Y JUSTICIA: La Doble Vara del Lawfare

El concepto de “partido judicial” y la práctica del lawfare describen de forma precisa la articulación entre decisiones judiciales, construcción mediática y objetivos políticos en causas de alta sensibilidad pública para disciplinar a la oposición y blindar las reformas de mercado.

En ese marco, la figura de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a adquirir centralidad. Su proscripción fáctica -formalizada a través de fallos condenatorios e inhabilitaciones de la Corte Suprema y Casación en la causa Vialidad que la dejaron fuera del circuito electoral- es interpretada por amplios sectores como parte de una reconfiguración forzada del mapa político. Ante esto, la oposición enfrenta el desafío histórico de consolidarse y dejar de actuar de manera fragmentada para convertirse en una alternativa real, sostenida en una propuesta programática clara orientada a la defensa del interés nacional.

La Degradación en Comodoro Py

Las herramientas procesales que estructuraron las causas de alto impacto del pasado reciente regresan al centro del debate. En el marco del juicio oral por la causa Cuadernos -iniciado en noviembre de 2025 con 87 imputados y actualmente en curso-, las sucesivas impugnaciones de las defensas técnicas exponen un mecanismo sistemático de coacción institucional. Las denuncias de empresarios y exfuncionarios confirman que fueron mantenidos en prisiones preventivas bajo condiciones rigurosas y extorsionados para declarar bajo la figura del “imputado colaborador” a cambio de su libertad, bajo el amparo de los elásticos criterios de la llamada “doctrina Irurzun”. La ausencia total de registros audiovisuales de esas confesiones clave -un requisito taxativo exigido por la propia ley penal procesal- hiere de raíz la legitimidad de toda la arquitectura probatoria del caso.

El contraste con el presente expone de forma flagrante la doble vara judicial. Cuando se solicitó aplicar los mismos criterios procesales de riesgo de entorpecimiento ante la denuncia formal contra el vocero presidencial Manuel Adorni -acusado de presuntos contactos indebidos con un testigo instantes antes de declarar bajo juramento e intentar borrar la mensajería digital correspondiente-, la solicitud fue tratada por el sistema como una extravagancia. La misma herramienta utilizada para encarcelar opositores se torna inaplicable cuando el imputado pertenece al oficialismo.

Este esquema de impunidad selectiva se conecta con el caso de Lago Escondido, donde la connivencia promiscua entre magistrados, funcionarios y directivos de oligopolios mediáticos en la estancia de Joe Lewis fue posteriormente anulada por la propia justicia, consolidando la certeza de que el sistema penal opera según quién posee la capacidad real de determinar las agendas de juzgamiento. Mientras tanto, causas que involucran al oficialismo actual -como los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) o las denuncias por la criptomoneda LIBRA- avanzan en medio de sospechas de selectividad y extrema lentitud. Cuando los mecanismos de control se debilitan, la máxima popular “hacete amigo del juez” deja de ser una ironía para convertirse en la descripción más precisa de la realidad: la pregunta ya no es qué investiga la justicia, sino quién decide a quién investigar y con qué consecuencias políticas.

A este engranaje de disciplinamiento interno se le suma el condicionamiento financiero externo. El peso de la deuda externa -generada en gran medida durante los gobiernos de Mauricio Macri, reconocida por el gobierno de Alberto Fernández y exacerbada con Javier Milei-, junto a sus compromisos, limita las decisiones económicas de cualquiera que busque revertir esta situación. Decisiones como los acuerdos con el FMI, las metas fiscales y los compromisos asumidos reducen el margen de autonomía en la política económica, trasladando parte de la definición a los tribunales internacionales en una clara cesión de soberanía.

Una justicia que protege al modelo extractivista es una pieza estructural. Y esa estructura tiene una expresión en la política exterior que completa el cuadro.

SOBERANÍA EN DISPUTA: Territorio, Datos y Política Exterior

La discusión sobre la soberanía ya no se limita al territorio físico, los recursos naturales o la autonomía financiera; involucra también la capacidad de controlar las infraestructuras digitales y proteger los datos estratégicos de la población de la extracción exógena. En la política exterior actual, observamos una subordinación explícita asociada al cipayismo de quienes reducen de forma voluntaria el margen de decisión autónoma del país.

La visita de Javier Milei al portaaviones estadounidense USS Nimitz el 30 de abril de 2026, en el marco de ejercicios conjuntos aprobados por decreto, se inscribe en un alineamiento estratégico profundo que el propio embajador de los Estados Unidos celebró como el pasaje de la mera cooperación a una alianza militar y política directa. Este alineamiento se ejecuta en paralelo a la consolidación de la presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas, donde mantiene una base permanente con miles de efectivos, capacidad aérea y control logístico del Atlántico Sur, proyectando poder sobre una zona estratégica en disputa. Las políticas oficiales que relativizan estos conflictos por la explotación de recursos naturales tensionan de forma crítica la tradición diplomática argentina y expresan una cesión fáctica de soberanía territorial y económica. La entrega se administra con algoritmos, lo cual funciona mientras la población no reaccione.

La Resiliencia Informativa Frente al Orden Algorítmico

Frente a un ecosistema saturado por la sobreinformación y diseñado para disolver los lazos solidarios de la comunidad mediante la manipulación afectiva, la alfabetización mediática no es un asunto pedagógico periférico: es una herramienta política central. Desarrollar la capacidad de verificar información, identificar operaciones psicológicas y comprender cómo funcionan los sistemas de recomendación es la condición de posibilidad para sostener el pensamiento crítico y reducir la vulnerabilidad social frente a la manipulación.

Cuando los límites entre el poder político de turno, el partido judicial, el poder corporativo, los intereses financieros internacionales y las plataformas tecnológicas se vuelven difusos, lo que está en juego ya no es una crisis coyuntural: es la forma en que el poder se reconfigura de manera silenciosa para incidir sobre la construcción social de la realidad.

La economía se contrae, el consumo cae, crece la demanda en los comedores escolares y el conflicto social se vuelve cada vez más visible. La incógnita histórica de fondo persiste en saber qué actores políticos, económicos y financieros concentran hoy la capacidad real de decidir sobre las variables críticas que afectan la vida de nuestro pueblo. Si el descontento de los cuerpos humanos desborda el control predictivo virtual y se traslada de forma unificada al territorio físico, los consensos artificiales de las redes sociodigitales revelarán su naturaleza efímera. Ningún código puede suprimir de manera permanente las demandas de justicia social de una comunidad organizada.

Sostener la verdad frente a las estadísticas oficiales no es una opción estética: es denunciar la violencia de la mentira. Cuando las fronteras entre el poder financiero, el partido judicial y las corporaciones tecnológicas se vuelven indistinguibles, la democracia se vacía. Sin rostros visibles que se hagan cargo de las decisiones, el poder se vuelve anónimo, invisible y absoluto.

Si la población queda reducida a un conjunto de datos empaquetados en servidores remotos mientras su existencia material se desintegra, el orden social pasa a ser una ficción administrada en una pantalla. La gobernanza algorítmica apuesta a la parálisis y al desgaste cognitivo de los sujetos.

Pero este simulacro tecnológico y su lógica de saturación constante tienen un límite biológico infranqueable: El territorio no se segmenta; el control virtual puede mapear la disidencia, pero no puede contenerla cuando los cuerpos ganan la calle. El código no suprime la historia; las plataformas administran la atención, pero no los procesos históricos; no se puede programar la resignación de un pueblo. El dolor es material; el algoritmo puede predecir el comportamiento, pero fracasa ante el hambre. Cuando la crisis cala en el bolsillo, la gobernanza digital se choca de frente con la realidad.

Si es que la realidad aún importa.