Por Jorge Raventos

A medida que el año avanza hacia los comicios de medio término -apenas postergados hasta el mes de noviembre- se intensifica la conurbanización del oficialismo. En los 24 partidos que flanquean a la Capital Federal en tres cinturones y agrupan el 65 por ciento de la población de la provincia de Buenos Aires -y el 25 por ciento de la del país- se encuentra el eje del poder electoral del Frente de Todos y de su corriente principal, la que responde a la vicepresidenta Cristina de Kirchner.

La pobreza que se extiende

El peso del conurbano es la clave de su predominio político. Y constituye por ello el centro de su preocupación, ya que si esa base se debilita o se fractura se precipita una crisis de grandes proporciones en su construcción política (incluyendo naturalmente el gobierno que en gran medida hegemoniza).

La preocupación está justificada: esos desolados territorios suburbanos albergan la mayor proporción de pobreza del país. Si para el INDEC los niveles de pobreza e indigencia alcanzados por la Argentina en 2020 fueron de 42 por ciento y 10,5 por ciento (para el Observatorio de la Deuda Social fueron de 44,7 y 9,8 por ciento respectivamente), en el conurbano hay que incrementar esos números aproximadamente un 30 por ciento: alrededor de 55 por ciento de pobres y alrededor de 14 por ciento de indigentes. Los promedios son aún más altos entre los más jóvenes. Estos guarismos se han producido en condiciones de virtual congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y por cierto, no son más catastróficos merced a que ha mediado una fuerte intervención del Estado.

“Sin eso, la indigencia se habría triplicado”, ha estimado el coordinador del Observatorio, Agustín Salvia. La tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros programas, evitaron que la indigencia llegara el último año a 27,7 por ciento y la pobreza al 54 por ciento, calcula el observatorio de la UCA.

Con esos números está claro que el fenómeno de la pobreza alcanza no sólo a desocupados, trabajadores precarios o semilegales, sino a una significativa magnitud de trabajadores en blanco, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica.

¿Un subsidio infinito?

También la ayuda estatal va más allá de los extremadamente vulnerables: de 2019 a 2020 los hogares bajos marginales que recibieron fondos del Estado fueron naturalmente la mayoría y pasaron de 59,1 por ciento a 77,3 por ciento, pero los del sector “bajo integrado” (trabajadores más o menos estables o en blanco) pasaron de 42,7 por ciento a 59,6 por ciento, los hogares del rango medio no profesional crecieron del 17,1 por ciento al 29 por ciento y los del sector medio profesional, del 3,4 por ciento al 6,7 por ciento. Sin la red de contención estatal la situación habría producido un estallido. Pero esa red -que no impide la paulatina degradación social, aunque refrena exiguamente una explosión- se vuelve económicamente insostenible.

Ahora bien, durante el año en curso, el gobierno de Alberto Fernández se ha visto tensado entre las necesidades que encarna el ministro de Economía, Martín Guzmán (poner en caja las grandes variables macroeconómicas; gasto público, déficit, inflación, deuda pública), los apremios sociales determinados por aquella explosiva situación, las urgencias movidas por los movimientos sociales que procuran contener políticamente a los sectores vulnerables y el reclamo de quienes necesitan conservar y aspiran a ampliar el capital político que le dió al oficialismo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y facilitó la victoria nacional de la fórmula Fernández-Fernández en 2019.

En estos meses de 2021, mientras negocia acuerdos por la deuda con el FMI y el Club de París, Guzmán ha conseguido reducir notablemente el déficit fiscal y ha modificado (limitando su alcance) algunos de los programas destinados a morigerar los trastornos sociales.

Desde el otro extremo del subibaja oficialista, la presión conurbanista cuestiona la negociación de eventuales acuerdos para el pago de la deuda (reclama la inmediata suspensión del pago) y exige que los fondos que incrementen el ingreso de la Tesorería (sea por el aumento de recaudación impulsado por los más altos precios de la soja y el maíz, sea por los derechos especiales de giro que proveerá el FMI) se destinen a sostener la urgencia social: “privilegiando la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia”.

Con una proclama suscripta el 25 de mayo por una dilatada y algo heterogénea nómina oficialista se dio expresión orgánica a esos requerimientos perentorios impulsados por la emergencia social tanto como la inquietud electoral principalmente bonaerense. Este programa de acción armoniza con iniciativas como las medidas unilaterales del tipo de las que ahora buscan regular manu militari la exportación de carnes en nombre de la loable intención de garantizar cortes de carne a precios razonables a los argentinos.

Final de juego

Unas y otras son, en el mejor de los casos, recursos cortoplacistas que sólo empujan hacia adelante -postergan y amplían- problemas de fondo que requieren soluciones de fondo (sin las cuales puede precipitarse el incendio que se quiere evitar). Ni unas ni otras, por otra parte, resisten a una inflación que ya derrotó el límite del 29 por ciento previsto por Economía, carcome los salarios, las jubilaciones y los subsidios y realimenta la puja distributiva.

Agustín Salvia- el coordinador del observatorio de la UCA, citado en La Nación por el periodista Jorge Liotti, señala que estas respuestas “hoy ya no funcionan más” y diagnostica que “la Argentina, que tuvo una profundización grave en la crisis de 2001-2002, ahora está sufriendo un segundo declive y enfrenta una creciente dualización de la matriz social”. Señala Salvia que “tras aquella crisis, el kirchnerismo y el macrismo asumieron que la sociedad estaba fracturada, que la matriz productiva no iba a poder absorber a los 4 o 5 millones de personas que quedaron fuera del sistema y que la única respuesta posible era empoderarlos como consumidores vía asistencia” Pero -agrega- “ese mecanismo hoy ya llegó a su límite” y el país se encamina a tener un 40 % de pobreza estructural, perdiendo la malla de prevención de la clase media, incluyendo un 27 por ciento de trabajadores que, pese a tener ingresos, caen a situación de pobreza y pierden perspectivas de reinserción.

Más allá de la decadencia que supone una Argentina estructuralmente dualizada, con la mitad larga de su población marginada, precarizada y atada a la asistencia pública, el límite es el agotamiento de los recursos con los que sostener ese modelo. Incluso un socialismo de la miseria necesita apoyarse sobre alguna matriz genuinamente productiva.

Debilitada y devaluada la autoridad presidencial, el oficialismo está empeñado en ganar una elección de medio término con un programa con el que no podría gobernar. Un programa que, imupulsado por las necesidades sociales del conurbano bonaerense y por las urgencias electorales atadas a ese territorio, está lejos de contener al conjunto de la Argentina, en especial a sus regiones y sectores más productivos, así como de ofrecer una perspectiva de futuro apoyada en las grandes posibilidades que hoy le ofrece al país el mundo que sale de la pandemia. En la medida en que lo termine de atrapar el magnetismo del agujero negro de la conurbanización, el oficialismo podrá eventualmente – en especial si mejora marcadamente su performance vacunatoria- posponer una situación crítica más allá del desafío electoral de noviembre. Pero no podrá eludirla.

El ajuste miope, indiferente ante la emergencia social ha mostrado su inviabilidad.Pero la lógica de la conurbanización subsidiada con la extracción de rentas de los sectores productivos y el paguediós de los compromisos internacionales no es la superación del ajuste, sino otro camino agotado, que lleva irremisiblemente, más temprano que tarde, a un choque y a conflictos que no pueden sino repercutir en el seno de la estructura nacional del peronismo y del Frente de Todos. Y en la gobernabilidad del país.

Hay que apoyarse sobre lo que sostiene. No es imaginable una política viable del conurbano para el país; se requiere más bien una política nacional capaz de resolver el problema del (de los) conurbano(s). Se trata de buscar la senda de las reformas sociales y productivas, la integración del país y la integración al mundo. Una senda que necesita diálogo, consensos, participación, acuerdos, políticas de Estado. Para evitar una gran crisis o para salir de ella, cuando se produzca.