La palabra italiana “omertà” engloba la regla número uno del crimen organizado que obliga a callar las actividades delictivas de otros. Por extensión, se la define como la solidaridad que existe entre miembros de un mismo grupo para encubrir o justificar los defectos de los demás y así, para salvaguardar sus propios intereses. En tiempos de sospechas de corrupción generalizada, un refrán criollo sintetiza mejor la cosa: “Entre bueyes no hay cornadas”.

En la Argentina, hubo y hay tapaderas entre políticos, sindicalistas y empresarios acostumbrados a vivir de la teta del Estado, aunque a veces hay cargos de conciencia, como el que quizás sufrió el financista Aldo Ducler, quien la semana pasada, antes de morir de un infarto en la calle, apuntó a dilucidar qué pasó con los fondos de Santa Cruz. El caso podría destapar las aristas más oscuras de un proceso que llevó a sumar a la privatizada YPF en manos de Repsol al Grupo Eskenazi y luego, al patriotero engaño implícito en la apurada estatización de 2012.

Pese a estos espasmos de transparencia, nunca antes se había observado como ahora que la más grave muestra de deterioro institucional que sufre el país, incluida la justificación alevosa de todo camarada que transite la misma ruta, esté radicada en el mundo de la Justicia, hoy partido en dos por cuestiones ideológicas y, como nunca, invadido por supuestos operadores que tironean en los pasillos de Tribunales de manera desembozada ante jueces y fiscales para satisfacer o para salvarle el pellejo a sus mandantes de la política.

Lo cierto es que puja tan inmoral, que se suma a la objetiva lentitud de procedimientos y a alguna sospecha de mayor ralentización en causas emblemáticas, impacta de lleno en el descreimiento ciudadano y horada el resto de las instituciones. Los jugadores están agrupados en, al menos, dos notorias facciones, de acuerdo al proyecto político que defienden: el populismo kirchnerista o la promesa del cambio.

El Gobierno ha tomado debida nota de las demandas de una parte de la sociedad sobre los males de la Justicia, casi todos votantes de Cambiemos con perfil más institucional y ha decidido meterle un poco de presión a la caldera, aunque sepa que va a recibir algunos vueltos. ¿Fue solamente casualidad que durante la semana comenzaran a correr con mayor fuerza tres o cuatro causas que apuntan al corazón de la vidriosa gestión kirchnerista?

Sin embargo, si se hace un repaso de lo sucedido en los Tribunales de Comodoro Py se puede concluir que así, en tropel, las diferentes circunstancias que ponen en la picota al gobierno anterior sirven, a la vez, como un excelente marco para la victimización de los ex funcionarios, por más que casi todas las causas tengan su andadura.

En la semana hubo novedades judiciales más bien negras para Julio De Vido y Ricardo Jaime y tres pronunciamientos sucesivos en contra de Cristina Fernández: el que investiga la acumulación de retornos de la obra pública a través de la empresa Hotesur, acusación que además involucra a su familia, pero también la unificación de la denuncia de Alberto Nisman con otra por “traición a la Patria” que ha quedado en manos, nada menos, que del juez Claudio Bonadio, su enemigo íntimo. Esta decisión partió de la Cámara Federal, tribunal de alzada que preside el juez Martín Irurzun quien, a la vez, volvió a pedirle al juez Sebastián Casanello, instructor de la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, que se esmere y que sume a la ex presidenta a ese circuito.

El descrédito judicial

La profunda investigación del caso Hotesur que hicieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes en un escrito de 317 páginas y en un anexo con un Indice que sirve de guía a la tarea, tras decir que como “delito precedente” del lavado de dinero a través de la actividad hotelera que se investiga estuvo la “defraudación al Estado Nacional”, detallaron cuáles fueron las cuatro etapas de la maniobra que involucró presuntos sobreprecios en las obras públicas adjudicadas casi en exclusividad a Lázaro Báez y cómo llegaron los eventuales retornos a los Kirchner con el alquiler de habitaciones de sus hoteles, nunca ocupadas.

Así, describieron con lujo de detalles una calesita perfecta en relación a los fondos que habrían pasado del bolsillo de los contribuyentes al patrimonio personal de la familia Kirchner: a) la adquisición de su parte de la cadena hotelera; b) la interposición de la empresa Valle Mitre (“integrada con personas del entorno de los ex presidentes y en espejo de la firma Hotesur”) para la administración y explotación de los establecimientos; c) la canalización de fondos desde las empresas del Grupo Báez y d) la incorporación del dinero al patrimonio de la ex familia presidencial. Con este trabajo como fundamento, los fiscales solicitaron al juez Julián Ercolini la declaración indagatoria de Cristina, de sus hijos Máximo y Florencia y de otros 17 imputados, incluidos Lázaro y Martín Báez.

Si bien la Justicia está interpelada desde muchos ángulos por sus posturas acomodaticias, cierto periodismo no es ajeno tampoco al descrédito judicial, sobre todo por la banalización que se hace de estos y otros casos, desgaste que contribuye a dividir la cuestión entre santos y demonios. La tarea que acometieron los fiscales parece sumamente profesional, aunque será recién en la etapa del juicio cuando se pongan las pruebas sobre la mesa y se determinen culpabilidades o inocencias.

El asesor del Presidente en temas de imagen, Jaime Durán Barba, acaba de sostener que al núcleo más duro del voto al kirchnerismo no le importa que eventualmente los gobernantes que representan su modo de pensar que, “para hacer política”, los Kirchner se hayan quedado con algún dinero en el bolsillo: “Cristina es corrupta y les parece muy bien”, planteó descarnadamente.

Si bien parece que el consultor ecuatoriano ha exagerado peligrosamente la nota, resulta notorio que el kirchnerismo utiliza siempre la estrategia de meter a todos “en el mismo lodo” para bajarle las exigencias a la ciudadanía. Está claro que, por estrategia, a cada estocada responde con contradenuncias o con argumentos similares a los que esgrimía la entonces oposición cuando acusaba a Cristina Fernández de manipular la Justicia, lo que coloca la situación actual en el peor de los mundos, una suerte de sordo callejón sin salida.

Por ejemplo, el senador sanjuanino del Frente para la Victoria, Ruperto Godoy, miembro cuestionado del Consejo de la Magistratura, acaba de decir que es el macrismo quien “manipula a la Justicia” y puso una serie de ejemplos bien convenientes, mientras del otro lado, el diputado del PRO y también miembro del Consejo, Pablo Tonelli, hizo lo mismo al revés, ya que aseguró que fue la procuradora Alejandra Gils Carbó quien “demostró” en los hechos su adhesión a la causa kirchnerista.
Justamente, Gils Carbó y el fracasado juicio político al camarista Eduardo Freiler, junto a un par de muertos guardados en el placard que tendría el Gobierno han sido temas más que emblemáticos durante la semana que se cerró. La primera, porque todo el poder dialéctico gubernamental, incluido lo de Tonelli y el abordaje que hizo el mismísimo presidente Mauricio Macri, fue desplegado en estos días para mostrar cómo la Procuradora se ha convertido o se podría convertir, si finalmente llagan las pruebas desde Brasil, en un tapón del emblemático caso Odebrecht para defender a los kirchneristas supuestamente implicados, pese a que en su círculo más cercano afirman que ella le ha entregado el manejo de las causas a los fiscales.

Lo de Freiler resultó ser todavía más tirante, ya que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó el expediente de juicio político contra el camarista con dos votos en contra, el de Godoy y el del representante de los académicos, Jorge Candis, un hombre muy cercano al ex ministro de Justicia kirchnerista, Julián Alvarez.

Desde lo objetivo, Freiler sumaba cinco cargos que incluían “mal desempeño” por falsear u omitir datos en sus declaraciones patrimoniales, entre vehículos y propiedades; deudas impositivas no atendidas; gastos millonarios muy por encima de sus ingresos; dar “motivos falsos” para pedir licencias con goce de haberes y ausentarse del país “durante días hábiles judiciales”. Pese a los cargos, el jueves pasado, el Consejo no se reunió y el caso quedó en suspenso hasta que, en diciembre, cambie su composición.

Los sacudones de Lilita

Todo este descalabro de la Justicia ha puesto a la defensiva a muchos ciudadanos y les suma descreimiento. Este subproducto del escándalo no es menor, porque se trata de uno de los tres poderes del Estado y no atenderlo de modo conveniente puede conducir a la anarquía, río revuelto adonde pescan los regímenes autoritarios.

Los sacudones de Elisa Carrió parece que no fueron inocuos dentro del Gobierno para mover un poco el avispero, sobre todo en negociaciones con la fiscal argentina de Odebrecht, aunque en materia de “delaciones premiadas” la legislación del país se da de patadas con la brasileña. Así, el ministro de Justicia, Germán Garavano, fue a los Estados Unidos buscando datos que podrían surgir de las declaraciones que la constructora brasileña hizo allí sobre las coimas pagadas en la Argentina. La idea es primerear a Gils Carbó y en el Gobierno aseguran que, si se sabe algo, Macri “no va a esconder nada, aunque haya parientes involucrados”.

Tanto activismo no es inocuo en materia de imagen, ya que las encuestas muestran al Gobierno subiendo escalones por recuperación de la iniciativa. También Durán Barba ha dicho que el ejercicio de la política terminará supliendo a las cuestiones económicas, que podría quedar para algo más adelante. Este sesgo es el que ha empezado a reflejarse en algunos sondeos de estos días, sobre todo cuando se compara la situación actual con la futura.

Según la consultora IPSOS Public Affaires, la aprobación de gestión del gobierno de Macri está en 46 por ciento y mientras que 22 por ciento de los consultados dice que la situación económica actual es “buena”, 39 por ciento piensa que va a estar “mejor” en los próximos doce meses. En tanto, D’Alessio-Berensztein relevaron que la mayor parte de quienes respondieron su evaluación mensual del Humor Económico y Político cree que la situación económica “empeoró” respecto del año pasado (57%), pero a la vez dicen que el año próximo será “mejor” (52%).

En cuanto a cuestiones políticas, ante una pregunta sobre si “Macri está cambiando la Argentina” este último relevamiento indicó que dentro del 46 por ciento que dijo que “sí”, 84% votó a Cambiemos en las últimas elecciones y del 39 por ciento que sostuvo que “no”, 76% votó por el FpV. La “grieta”, que privilegia modelos basados en concepciones ideológicas, ya es casi una cuestión estructural y la Justicia no es ajena a ese fenómeno. Lamentablemente, todo pasó a ser subjetivo en cuestión tan delicada.