Por Jorge Raventos
Como estaba previsto, el último viernes Cristina Kirchner intervino en la última jornada de alegatos de su defensa en la llamada “causa Vialidad”. Ejerció la atribución que tiene, en su condición de abogada, de participar en su propia defensa.
Defensa y contraataque
Como se esperaba, su intervención tuvo muchos segmentos vigorosamente politizados: era previsible que ella contrapusiera a las vehementes arengas del fiscal Luciani un tono simétricamente polémico, pero -contra lo que la mayoría de los observadores suponía- durante buena parte de la hora y cuarto de su exposición ella se mantuvo dentro de carriles jurídicos y desde allí se defendió y contraatacó: caracterizó la presentación de los fiscales como “inconstitucional, antirrepublicana y antifederal”. Argumentó que “los gobiernos somos elegidos por el pueblo y no podemos ser nunca una asociación ilícita”; puntualizó que se la estaba imputando por una obra pública que había estado bajo jurisdicción de la provincia de Santa Cruz y que se desconocían autoridades, organismos de control e instancias judiciales de orden provincial.
En las dos jornadas anteriores había expuesto el apoderado de la señora, el doctor Carlos Beraldi. Él no incurrió en arengas. Como consignó el sagaz analista Carlos Pagni, en La Nación: “la línea de Beraldi es absolutamente procesal”.
Los rasgos de un proceso judicial
Es interesante sopesar los dichos de Pagni, un periodista muy influyente, pues al reconocimiento del carácter “procesal” de la defensa de Beraldi, él le incorpora en otro párrafo un menoscabo: la intervención de Beraldi -señaló- se trataría “en un 90 por ciento” de “coartadas procesales”, porque, según él, “Beraldi no puede probar la inexistencia del delito”.
Seguramente es una confusión de Pagni: no es la defensa la que tiene que probar la inocencia del imputado sino la acusación la que debe demostrar su culpabilidad.
Tres semanas atrás, en este espacio señalábamos el déficit procesal de la fiscalía: se recuesta sobre la figura de la asociación ilícita (cuestionada por juristas y hasta por políticos notoriamente antiK, como Miguel Pichetto) porque “más allá de la verosimilitud de las imputaciones y de las apelaciones al sentido común de los acusadores y sus voceros, el plexo probatorio flaquea”.
Pagni parece coincidir con esta observación. Señala con buen olfato que “a lo mejor lo que pide Luciani no se cumple tal cual lo pidió” y advierte con astucia a los comentaristas más recalcitrantes que “siempre hay un desajuste entre lo que hacemos los periodistas, lo que cree la opinión pública, la verdad histórica de los hechos y la verdad judicial (…) ¿Cómo hago para trasladar lo que parece una historia bastante evidente al plano de los procesos de expedientes”.
Bueno, de eso se trata un proceso judicial, precisamente: no de lo que puedan creer la opinión pública o los medios, sino de “la verdad judicial”, que es preciso acreditar con las reglas del proceso.
Pese esa comprensión del fenómeno, Pagni vuelve a confundirse: “Lo que va a prevalecer -vaticina- es la íntima convicción de los magistrados frente a algo que uno ve que ocurrió, pero que no es tan fácil de llevar a los procedimientos”. Sin embargo, en la Argentina no rige el criterio de la “íntima convicción” de los jueces. Este espacio consultó sobre el particular al doctor Luis María Cabral, ex juez de Casación y dos veces presidente de la Asociación de Magistrados. “Lo que se aplica aquí -señaló- no es la íntima convicción sino el criterio de la sana crítica, que, lejos de alentar la subjetividad, exige a las sentencias la valoración racional de la prueba, de modo de que los fallos puedan ser controlados por las partes, por instancias superiores y por la opinión pública”.
Tampoco es legal, afortunadamente, el método que con acidez ilustró Jonathan Swift tres siglos atrás: “En el juicio de las personas acusadas de crímenes contra el estado, el método es mucho más corto y recomendable; el juez primero se informa de la disposición de los que ocupan el poder, después de lo cual puede ahorcar o absolver al criminal guardando estrictamente todas las debidas formas de la ley”.
La palabra de los jueces se hará oír, se estima, hacia fines de este año o inicios del próximo. Por ahora se expresan las partes (y sus respectivas hinchadas, en las calles o en los medios), quizás con la esperanza de determinar la conducta del tribunal. Coartadas extraprocesales.
Litigios y acuerdos
Mientras batalla en el escenario de Tribunales, la señora de Kirchner pilotea su enfrentamiento de fondo con la Justicia en otros foros, en los que cree tener más fuerza. Demostró que todavía la conserva en la Cámara de Senadores, donde consiguió aprobar la modificación de la Corte Suprema. Se trata de una victoria de primer tiempo destinada a ser modificada en el segundo. El kirchnerismo no cuenta -ni siquiera sumando a aliados y favorecedores- con los diputados suficientes para darle sanción definitiva a esa norma en la Cámara Baja. El logro de la Cámara Alta es una alegría efímera.
Lo que esa sanción sí consiguió es enturbiar otro objetivo político que el kirchnerismo venía impulsando: la posibilidad de un “acuerdo de convivencia sobre puntos básicos” en el que se ha esforzado por involucrar a la oposición y, principalmente, a Mauricio Macri. El cañoneo a la plaza de la Corte Suprema no es el mejor pasaporte para predicar el diálogo político. Los cambios en la Justicia podrían aparecer en el epílogo (como resultado) de un acuerdo, pero no en el prólogo.
Tampoco parece conducente una iniciativa unilateral de cambio de las leyes de juego electoral. La discusión en ciernes sobre las PASO podría ser razonable como un objetivo para futuros comicios, pero es más difícil imponerlas para las que están programadas para dentro de menos de un año. Las opiniones están divididas: la oposición no quiere oír hablar de suspenderlas o anularlas, la mayoría de los gobernadores quisiera, de mínima, saltearlas en el próximo comicio, la Casa Rosada hace como que no quiere atender estos reclamos pero el oficialismo, discretamente, cuenta las voluntades que le permitirían alcanzar quorum y aprobación en Diputados. Descuentan que el Senado es pan comido.
Sólo en los túneles discretos de la sotopolítica no representa ningún obstáculo que estén en marcha jugadas unilaterales y que, simultáneamente, se trabaje en la búsqueda de acuerdos. Son diferentes pasos de baile que se emplearán cuando suene la música y según el ritmo que ésta indique.
Cuando la política se disgrega, se asila en Tribunales o en carpas clandestinas y abandona el timón, la realidad es, justamente, la que conduce la orquesta. La realidad hoy muestra una inflación indomable, una brecha cambiaria que desordena la economía, una atmósfera social tormentosa y el surgimiento de redes violentas que crecieron fuera de los radares del Estado y las instituciones.
Si no se resuelven esos intríngulis los pasos de baile no serán más que un ballet en la cubierta del Titanic.