Soledad Elizalde, coordinadora del Dispositivo Territorial Comunitario del barrio El Martillo, trazó un panorama crítico sobre el consumo problemático y la ausencia estatal. En Mar del Plata, Sedronar asistió a más de 4.000 personas en seis meses y advierte: “Nuestros pibes y pibas llegan arrasados, no solo por las drogas, sino por el desgarro social”.
La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) trabaja en Mar del Plata con tres Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC): El Martillo, Casa Caracol en el barrio Malvinas Argentinas y Bosque Grande. A estos se suman convenios con organizaciones sociales y comunidades terapéuticas, además de los Hogares de Cristo.
En estos espacios se ofrecen orientaciones, evaluaciones y derivaciones hacia distintos tratamientos.
“En el último semestre, entre los tres dispositivos, asistimos a más de 4.000 personas”, precisó Elizalde, un número que va en franco aumento, aunque el Estado parece no responder a esta demanda, ya que han sido despedidas personas dedicadas a la problemática: por ejemplo, solo en el DTC de El Martillo han sido despedidos seis trabajadores.
–¿Cómo se habilitan los espacios de tratamiento?
–La Secretaría puede habilitar espacios convivenciales. Primero deben contar con habilitación provincial, que se centra en lo edilicio y en las condiciones básicas para alojar personas. Luego, Sedronar evalúa equipos interdisciplinarios, talleres y dispositivos de acompañamiento. Solo con esos pasos se aprueban.
–¿Qué tipo de demandas reciben en el Martillo?
–Además de ser un DTC, somos parte del CAI, el Centro de Atención Inmediata. Allí atendemos a personas que necesitan evaluaciones para ingresar a comunidades terapéuticas o becas para tratamientos. También articulamos con casas de medio camino, que son claves y casi no existen en la ciudad; son lugares donde alguien puede pernoctar y sostener un tratamiento sin romper sus vínculos comunitarios.
–¿Cómo describís la realidad de quienes llegan a pedir ayuda?
–Muchas veces llegan arrasados. No solamente por las drogas, que obviamente hacen estragos, sino porque el tejido social está roto. No tienen trabajo, no forman parte de instituciones, solo conocen la cárcel o la policía. Ese arrasamiento es profundo.
–¿Se nota una diferencia de género?
–Totalmente. En las mujeres es aún más duro: la pobreza las lleva a prostituirse para consumir o a consumir para poder prostituirse y así alimentar a sus hijos. Llegan absolutamente solas. A diferencia de los varones, que vienen acompañados por sus familias, las pibas no tienen a nadie. Si una mujer entra en una comunidad, rara vez alguien va a visitarla. Con los varones pasa lo contrario: reciben el respaldo de la familia entera. Eso también es parte del arrasamiento y de la desigualdad de género.
–¿Qué rol juegan los narcos en esa trama?
–Cuando no está el Estado, están los narcos. La narcoestructura cumple el rol del Estado ausente: organiza, contiene y explota. Entra con los pibes muy jóvenes, porque no hay escuelas que contengan, ni salas de salud, ni clubes, ni trabajos estables. Las madres tienen que elegir entre alimentar a sus hijos o quedarse cuidándolos. En esa fragilidad se mete el narcomenudeo, el pibe que vende para comer, el soldadito que cuida la esquina. Es un entramado que reemplaza al Estado, y eso es criminal. Es criminal que se retire el Estado.
La Sedronar instaló sus DTC en barrios periféricos, donde la asistencia del Estado es necesaria. Lugares como El Martillo, Bosque Grande o Malvinas Argentinas, han quedado marcados por violencia y crímenes por disputas territoriales.
En 2017 las calles del barrio El Martillo fueron el escenario de un feroz enfrentamiento que resuena hasta el día de hoy. Nelson Alderete (25) asesinó al adolescente Francisco Chávez (15). Tras este crimen el barrio prácticamente se cerró con barricadas para que la policía no ingresara, hombres y mujeres se armaron y salieron en búsqueda de venganza. Cuando por fin encontraron a Alderete lo lincharon, pero al intentar defenderse a los tiros mató a Brian Falcato (17). Luego lo incendiaron cuando aun estaba con vida y dejaron que los perros masticaran sus restos carbonizados, una escena que fue filmada por quienes celebraban la matanza.
Por estos hechos, en 2019, fueron condenados a prisión perpetua Mariano Lezcano, Alexis Juárez, Ángel Chávez y María Belén Palavecino, señalada de ser la líder de la banda y, según la sentencia, tenía una posición de privilegio en el barrio, por ser quien vendía droga en el lugar, algo por lo que estaba enemistada con Alderete, a quien veía como un “rival”.
Kevin Mendoza fue acribillado a balazos en noviembre de 2024 en el barrio Bosque Grande, en un ataque entre bandas que se disputaban el control territorial para ejercer el dominio de la venta de droga.
Pocas horas después, una vivienda en construcción, ubicada frente al lugar donde se había producido el crimen, fue incendiada en medio de consignas de venganza.
Por el hecho están detenidos Claudio “El Moneda” Urbistondo, de 19 años, y Roberto Adrián Becerra un hombre de 30 años, quien había sido acusado de haber participado del crimen del excampeón interamericano de los welter César Leiva, pero finalmente en 2012 quedó absuelto de todo cargo.
En el barrio Malvinas Argentinas se registró un doble crimen con las marcas típicas de la rivalidad entre bandas narco: el 23 de diciembre asesinaron de un disparo en la espalda a Ezequiel “Tatín” Medina y el 26 mataron a Aníbal Raúl Barrionuevo. Por el primero se entregó una adolescente de 16, “La Colo”, que aseguró que fue ella la homicida. Por el otro asesinato, el principal sospechoso es el hermano de Medina, lo que cerraría el círculo de la venganza. Drogas, marginalidad y “códigos” mezclados en un submundo al que el Estado parece tener prohibido el acceso.
En el fallo por la masacre en “El Martillo”, el juez Fabián Riquert señaló que “en una misma ciudad aparecen dos categorías de ciudadanos: los de las áreas céntricas/residenciales y ‘el resto’ de los barrios más periféricos, donde el contrato social entre gobernantes y gobernados se ha resentido, al punto de no intervenir con la intensidad necesaria, incluso en instancias previas a los hechos de violencia”.
En ese sentido, el juez propuso que, ante la ausencia de “dispositivos estatales” para situaciones “de profunda gravedad como la evidenciada” se evalúe “la elaboración -en forma participativa y dialógica- de protocolos de actuación entre el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, la Municipalidad de General Pueyrredon y otros actores sociales que coadyuven (universidades, ONG´s, entre otros), siguiendo como pauta los compromisos convencionales asumidos por nuestro país”.
“Ha quedado demostrado en este juicio que estas situaciones se resuelven con el funcionamiento de las instituciones y no con su ausencia, si es que en serio consideramos que estamos ante un estado democrático y social de derecho”, concluyó.
Sin embargo los años pasan, la violencia aumenta, los crímenes asociados a conflictos entre bandas narcos se repiten y más personas quedan prisioneras de un mundo que reclama a gritos la asistencia de un Estado sordo y ciego ante la problemática creciente de la droga.
“Lo primero que hay que entender es que, en los barrios, la prioridad de las familias es sobrevivir: que los chicos no pasen hambre ni frío. Cuando tu historia de vida se reduce a eso, todo lo demás queda en segundo plano. Desde esa urgencia empezamos a trabajar”, expresa la directora .
Elizalde reconoce que el consumo problemático de drogas es una problemática compleja, que mayormente se profundiza y se agrava en estos sectores de mayor vulnerabilidad y fragilidad social, por lo que las respuestas también tienen que ser complejas.
“No podemos dar todas las respuestas, por eso articulamos también con organizaciones sociales en los territorios. El abordaje tiene que ser integral”, subrayó.
La funcionaria insiste en que una casa convivencial comunitaria – es decir una comunidad terapéutica donde la persona está las 24 horas- debe ser “el último recurso”. Antes, dice, se deben agotar todas las instancias intermedias: talleres, acompañamiento, casas de medio camino, dispositivos comunitarios.
“Por eso cuando uno encuentra en el territorio organizaciones, lugares donde esa persona puede también ser acompañada, desde Sedronar articulamos y los tratamientos son mucho más efectivos”, expresa la coordinadora del Dispositivo Territorial Comunitario del barrio El Martillo.
Pese a la crudeza del diagnóstico, Elizalde mantiene un margen de esperanza: “Un pibe, una piba, una mujer, cualquier persona atravesada por el consumo puede acercarse a los dispositivos. Siempre va a haber un equipo para escuchar. Hay mucha posibilidad de pedir ayuda y de encontrarse con equipos que pueden dar atención de calidad, idónea y con equipos formados”.