Por Luis Distéfano

La reciente decisión judicial que ordenó la reincorporación de un alumno al Instituto Albert Einstein de Mar del Plata volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende ampliamente a una familia, una escuela o un expediente judicial. Lo que está en debate es algo mucho más profundo: la autoridad de las instituciones educativas en la Argentina contemporánea.

Durante años, la comunidad educativa argentina ha sido testigo de una transformación silenciosa pero constante. Bajo el legítimo objetivo de ampliar derechos e incluir a más estudiantes dentro del sistema educativo, se fueron debilitando herramientas fundamentales para la convivencia escolar. La autoridad comenzó a ser vista con desconfianza, las sanciones fueron asociadas a prácticas excluyentes y la capacidad de las escuelas para tomar decisiones institucionales quedó progresivamente condicionada por intervenciones externas.

El caso del Colegio Einstein de Mar del Plata sintetiza muchas de esas tensiones.

Según trascendió públicamente, la institución había decidido no renovar la matrícula de un estudiante luego de un extenso recorrido de intervenciones pedagógicas, reuniones con la familia, acuerdos de convivencia y medidas orientadas a corregir conductas que, según la escuela, resultaban incompatibles con su proyecto educativo. Sin embargo, una resolución judicial terminó ordenando su rematriculación para el presente ciclo lectivo.

Cabe aclarar que el Decreto provincial 2299/11 en su artículo artículo 16 establece que los padres, madres o tutores de los alumnos tienen la obligación de “Respetar el proyecto institucional de la Escuela y cumplir las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento escolar” y en el 134 se expresa claramente que los establecimientos educativos de gestión privada podrán estipular en sus reglamentos la anualidad de la matriculación, así como las causales que permitan no renovar la misma.

Más allá de los argumentos jurídicos que sostienen la decisión, el caso plantea interrogantes que merecen una reflexión colectiva.

La primera pregunta es sencilla: ¿quién tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación?

La respuesta jurídica es clara. La Constitución Nacional y la Ley de Educación Nacional consagran el derecho a la educación para todos los habitantes. Sin embargo, el sujeto obligado a garantizar ese derecho es el Estado, a través de la oferta educativa pública y de las políticas destinadas a asegurar la continuidad de las trayectorias escolares.

Esa obligación estatal no implica necesariamente que un estudiante tenga derecho a permanecer indefinidamente en una institución específica, cualquiera sea su conducta y cualquiera sea la evaluación que realice la comunidad educativa respecto de su continuidad.

La segunda cuestión tiene que ver con la naturaleza misma de la educación de gestión privada.

En la Provincia de Buenos Aires, el sistema educativo reconoce la existencia de establecimientos de gestión privada que desarrollan proyectos institucionales propios y que funcionan sobre la base de acuerdos explícitos con las familias respecto de valores, normas de convivencia y criterios pedagógicos.

La matrícula posee carácter anual y la normativa vigente reconoce facultades a los establecimientos para evaluar su renovación en cada ciclo lectivo. No se trata de una concesión excepcional ni de un privilegio institucional, sino de una herramienta que forma parte del funcionamiento histórico del sistema educativo bonaerense.

Sin embargo, más allá de los aspectos legales, existe una cuestión que preocupa especialmente a quienes trabajamos en educación.

¿Qué mensaje recibe hoy una escuela cuando, después de años de documentar situaciones conflictivas, implementar estrategias de acompañamiento, convocar a las familias y agotar instancias institucionales, sus decisiones terminan siendo revisadas por actores que no forman parte de la vida cotidiana de la comunidad educativa?

La pregunta no apunta a cuestionar el rol de la Justicia, indispensable en un Estado de Derecho. Apunta a reflexionar sobre el progresivo debilitamiento de la autoridad escolar como valor social.

La situación adquirió una dimensión aún más preocupante con la aparición de un pasacalle frente al establecimiento educativo, dirigido a sus autoridades. Más allá de quién haya sido responsable de su colocación, el episodio refleja un clima de confrontación que debería preocuparnos a todos.

Lo verdaderamente alarmante no es la existencia de un cartel. Lo preocupante es que la sociedad parece haberse acostumbrado a la deslegitimación permanente de quienes tienen la responsabilidad de conducir escuelas, establecer límites y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Durante décadas se instaló la idea de que toda autoridad era sospechosa, que toda sanción implicaba una forma de exclusión y que cualquier consecuencia frente al incumplimiento de normas constituía una vulneración de derechos. Pero los derechos no existen aislados de las responsabilidades.

La convivencia escolar requiere reglas. Y las reglas requieren autoridad para ser sostenidas.

Cuando una escuela pierde la capacidad efectiva de hacer cumplir sus normas, el problema deja de ser institucional para convertirse en pedagógico. Porque enseñar también implica transmitir límites, responsabilidades y respeto por los demás.

La gran mayoría de los estudiantes asiste diariamente a clases, cumple con sus obligaciones, respeta a sus docentes y convive de manera adecuada con sus compañeros. Son esos alumnos y sus familias quienes también tienen derechos que deben ser protegidos.

El debate que deja el caso Einstein no debería centrarse únicamente en un expediente judicial ni en una decisión puntual. Debería invitarnos a discutir qué modelo de escuela queremos construir para las próximas décadas.

Si aspiramos a instituciones capaces de formar ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con la vida democrática, será necesario recuperar algo que el sistema educativo perdió intencional y gradualmente durante los últimos treinta años: la confianza social en la autoridad legítima de las escuelas.

Sin autoridad no hay convivencia y sin convivencia, difícilmente pueda haber educación.