Por Jorge Raventos

Desde el 29 de diciembre rige en el país el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 suscripto por Javier Milei y todo su gabinete. La ley que reglamento los DNUs les concede a estos vigencia a partir de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial y hasta que, eventualmente, sean rechazados por las dos cámaras del Congreso o lisa y llanamente declarados nulos por la Justicia o ésta detenga su aplicación. Desde el viernes, pues, el DNU produce efectos jurídicos válidos.

Está por verse cuál sería la validez de esos efectos si la Justicia, por caso, declarase su inconstitucionalidad (como reclaman decenas de acciones jurídicas). ¿Puede tener efectos válidos un decreto si se lo considera “insanablemente nulo”?

Las ambiciosas decisiones  del presidente Milei ponen en tensión a  la política, a la justicia y espolean el debate en la sociedad.

Como si fuera poca cosa dictar, en vísperas de una convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, aquel decreto de necesidad y urgencia de 366 carillas que deroga, reforma o impone 300 normas, Milei envió esta semana a las Cámaras un llamado “proyecto ómnibus” de ley de 664 artículos con disposiciones amplísimas y heterogéneas que incluyen desde una declaración de emergencia pública  que delega en el Poder Ejecutivo las facultades legislativas que la Constitución Nacional (art. 76) atribuye al Congreso hasta la obligación del uso de toga por los jueces, pasando por asuntos sensibles   como la anulación de la actualización automática de las jubilaciones para que estas sean fijadas por arbitrio del gobierno, la liquidación del fondo de sustentabilidad previsional del ANSES y su pase al Tesoro, la restauración del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, la ampliaci’on del concepto de defensa propia,  la anulación de las elecciones primarias y el establecimiento de la llamada “boleta única” y también la ratificación del controvertido DNU 70/2023 que entretanto ha cobrado vigencia, as’i termine siendo provisoria.

Todos esos puntos deberían analizarse y votarse durante las cuatro semanas de enero en que el Congreso sesionará en extraordinarias. ¡Qué vértigo! ¡Qué modales!

 El changüí de la Corte

 La Corte Suprema le dio implícitamente cierto changüí temporal a Milei: en respuesta a una acción jurídica presentada por el gobernador de La Rioja,que cuestionó el decreto por producir perjuicios irreparables para su provincia:  el alto tribunal se abstuvo de habilitar la feria (el mes de enero descansan los Tribunales, salvo para cuestiones de excepción) y derivó rutinariamente el tema al Procurador para que éste se pronuncie sobre la competencia de la Corte para aceptar el caso, algo así como preguntarle de qué color era el caballo blanco de San Martín. Es obvia la competencia originaria en acciones entre alguna provincia y la nación. La Corte recién se abocará en febrero, cuando  el decreto ya haya empezado a producir efectos quizás difícilmente reparables.

 En cualquier caso, no necesariamente todos los jueces del país que han recibido recursos, amparos o pedidos de cautelares seguirán el ejemplo de la Corte. En San Juan, por ejemplo, un juez habilitó la feria judicial para tratar un recurso contra el DNU. Quizás otros imiten ese comportamiento. Así, de algún juzgado federal del interior podría surgir una medida que suspenda temporariamente el decreto, mientras la puja jurídica y política continúa, en los tribunales y en el Congreso.

En este último escenario Milei no busca aliados (al menos, no a la luz pública); ha optado más bien por alentar una polarización con la que apuesta a fortalecerse. Disparó una denuncia sin blanco preciso contra “legisladores que buscan coimas”  y hasta llegó a lanzar un comprometido desafío: aseguró que si no le aprueban sus proyectos en el Congreso convocará a un referendum ( “Si me lo rechazan, llamaría a un plebiscito y que me expliquen porqué se ponen en contra de la gente”, dijo. En rigor,la Constitución sólo habilita al Presidente a llamar a una consulta popular no obligatoria ni vinculante).

El arriesgado reto presidencial pretende arrinconar a “la casta”, pero no deja de constituir un riesgo para la autoridad del propio mandatario. Como lo explicó en La Nación la muy ponderada Paz Rodríguez Niell: “convertiría a la consulta en un arma de doble filo: si lo que él llama plebiscito no obtuviera el resultado buscado o la gente no concurriera masivamente a las urnas, Milei estaría dañando el principal activo que tiene para gobernar, que es el apoyo popular que lo llevó a la Casa Rosada”.

“¿Democracia directa” o cesarismo?

 Probablemente ese cálculo no alcanza para detener al Presidente. Ya subrayamos aquí que “la primera expresión de la conducta que ha elegido fue su discurso inaugural, pronunciado lejos y a espaldas de las Cámaras del Congreso y escenificando la imagen de un diálogo directo con sus votantes”. Aunque algún animador televisivo describió esa  práctica como “democracia directa”, más bien podría observársela  como un rasgo de cesarismo.

 Si el decreto redactado por Federico Sturzeneggercon la ayuda de grandes estudios jurídicos suscitaba reacciones y la sospecha de que el Presidente estaba cometiendo un acto de despotismo al arrebatarle al Congreso la función de debatir y aprobar o rechazar sus proyectos, el proyecto ómnibus vino a reforzar esas conjeturas. Allí se pide que el Congreso delegue en el Presidente sus funciones.

No son pocos los juristas que ven allí una flagrante situación inconstitucional. Citan el artículo 29 de la Ley Fundamental:  “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Si se considera que una porción significativa del botín electoral de Milei en el balotaje provino de contingentes  que se autodefinen “republicanos”, parece razonable que  se despierte, incluso en estos sectores que podrían coincidir en el gobierno en sus objetivos desreguladores, una cierta incomodidad intelectual y hasta ética a la vista de gestos e iniciativas de impronta personalista y decisionista que aparentemente colisionan con la Constitución.

 El decreto (y, paulatinamente, también el proyecto ómnibus) viene siendo objetado desde el constitucionalismo y desde la academia, encarnados  por juristas como Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez (que presentó un recurso de incosntitucionalidad).La llamada ley ómnibus fue censurada por el doctor Ricardo Gil Lavedra, que la definió  como “un mamotreto que el Congreso debe intervenir” y consideró que  Milei “busca concentrar enormes facultades legislativas sobre él mismo” para “gobernar sin el Congreso”

Miguel Pichetto, un dirigente que ha manifestado su acuerdo con varios puntos de las iniciativas del Presidente, objetó enérgicamente sus modos: “poner al Congreso de rodillas va a tener un efecto negativo para el país y para el propio gobierno”.

La movida sindical

 La CGT, que en principio  pareció vacilar entre llamar a una movilización o convocar  a un paro general, empezó por movilizarse: evidenciando una lúcida disciplina, los gremios realizaron el miércoles 27 una manifestación autolimitada (predijeron que se moverían entre ocho y diez mil personas y ese fue el número) y se empeñaron en no cortar el tránsito (algo que sin embargo, ocurrió esporádicamente por el simple motivo del número de manifestantes) y en evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desplegadas por el ministerio de Seguridad y por la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo, los gremios dejaron claro que la finalidad de esta marcha no consistía en pelear con el gobierno sino en peticionar ante la Justicia. Todo en su medida y armoniosamente.

El recurso que presentó la CGT ante el juez laboral Juan Ignacio Ramonet – el primero en pronunciarse sobre el úkase  de Milei-  denegó la cautelar solicitada pero admitió el recurso de inconstitucionalidad de la central obrera y lo pasó a la fiscalía. Habrá que ver si Ramonet sigue llevando ese expediente o éste es derivado al juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari, que viene acumulando expedientes que reclaman contra el decreto. El gobierno prefiere la jurisdicción contencioso administrativa, la CGT se inclina por el fuero laboral, que es su ámbito más conocido.

 El último jueves,  después de analizar la movilización  del día anterior y de leer a fondo  con asesores el articulado de la ley ómnibus recién enviada por la Casa Rosada al Congreso, los directivos cegetistas decidieron dar  otra vuelta de tuerca. Llamaron a un paro con movilización (al Congreso) con fecha 23 de enero; en la calle Azopardo estiman que en ese momento la ley ómnibus de Milei se tratará en Diputados. Quince días antes se reunirán las seccionales de la central obrera de todas las provincias, de modo de exhortar a los legisladores  de cada una de ellas a que tomen en consideración el punto de vista sindical sobre las normas propuestas por el Presidente. En el curso del mes, la CGT tomará contacto “con todos los bloques legislativos” para intentar con ellos acuerdos sobre la actitud a adoptar por las Cámaras.

La CGT va a un paro en  enero porque no avanza hasta ahora la posibilidad de coincidencias que había prometido el ministro de Interior, Guillermo Francos.

 Es posible que encuentren esos  puntos con algunos de los bloques opositores.

En el caso del DNU la mayoría de los legisladores de la desperdigada coalición Juntos por el Cambio  no discute frontalmente su idea desreguladora, que es compartida –en general, no siempre caso por caso- por buena parte de la opinión política. Lo que se cuestiona principalmente es el modo: la iniciativa de legislar al margen (y eventualmente contra) el control legislativo y la consulta social. En el caso de la ley ómnibus, el gobierno ya recibió el mensaje del conglomerado de bloques de centro: no votarán la delegación de poderes, ni aceptarán que los aumentos a jubilados no se rijan por un compromiso automático, discutirán punto por punto las propuesta de privatizaciones.

El conglomerado panperonista tanto el no-kirchnerismo como las distintas fracciones K, más los gremios, trabajan por un rechazo general, y algunas aprobaciones particulares.

Es improbable que se constituya  ya mismo una plataforma compartida por Unión por la Patria y lo que queda de la excoalición macrista, pero quizás los tejedores de los diferentes bloques puedan  idear estrategias que permitan al conjunto de la política hostigada por Milei  mostrarle a éste la existencia de límites e impedirle la sanción de los puntos más propensos a la arbitrariedad o el cesarismo. .

Tiempos y estrategias

 Milei quiere tratar su proyecto ómnibus a gran velocidad y derivarlo –pese a la amplitud de su temática-  sólo a cuatro comisiones legislativas. La oposición quiere involucrar a más comisiones y prefiere que el almanaque avance.

 El Presidente asegura contar hoy con el apoyo del 75 por ciento de los ciudadanos (un dato que no menciona fuente y una proporción que excedería largamente tanto el voto propio, obtenido en la primera vuelta electoral como  el voto “engordado” del balotaje); en rigor hay algunos testimonios que indicarían otras trendencias.

 El gobierno quiere sacar su legislación excepcional antes de que la sociedad experimiente otros efectos de las políticas en marcha, de la inflación y los derivados de la devaluación (particularmente,  los incrementos en las tarifas de la energía y en los transportes y los aumentos en la educación privada que se manifestarán en marxo. La clase media que se atiende con medicina prepaga ya ha sido notificada de que desde enero sobrellevará aumentos del 40 al 50 por ciento (y algunas entidades pretenden inclusive aplicar retroactivamente los incrementos que fueron suspendidos durante algunos meses por sus acuerdos con el gobierno anterior).

 Este es un tiempo en que los apoyos se ponen a prueba. La sociedad votó reforma. Algunos interpretan que votó una revolución, un cambio abrupto de cultura. Se verá. Ahora se empieza a analizar procedimientos,  detalles, consecuencias y conductas.  Se comparan declaraciones, intenciones, propensiones y resultados. La calificación final se pone después y en el curso de ese balance. De ese proceso emana (o no) la gobernabilidad.