El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, con la sola abstención de Unión por la Patria, los nombramientos de los tres jueces que cubrirán las vacantes en la justicia de faltas.

El exsubsecretario legal y técnico Franklin Llan de Rosos fue designado en el Juzgado N° 1, Paula Hernández en el 2 y el presidente del Colegio de Abogados, Leandro Gabás, en el 5.

Las propuestas habían sido elevadas por el Ejecutivo la semana pasada y aprobadas el lunes en la Comisión de Labor Deliberativa, conformada por la presidenta del cuerpo y los jefes de bloque.

Florencia Ranellucci (PRO), miembro informante del oficialismo, dijo que las designaciones vienen “a darle una respuesta a los vecinos” y a “agilizar” los trámites en los juzgados.

Dos de las vacantes (las de los juzgados 2 y 5) no se cubrían desde 2007 y la otra se generó recientemente con la renuncia por jubilación de José Luis Oteiza.

Ranellucci valoró la “experiencia y reconocimiento” de los abogados nombrados. “Hace más de 20 años están en la profesión. Todos tienen especialidad en derecho administrativo. Son personas de bien. Es acertada la propuesta del Ejecutivo”, fundamentó, y destacó el tratamiento de los expedientes “de forma transparente y democrática”.

Ariel Ciano (Frente Renovador) también subrayó los “méritos” de los designados: “Los reconocemos y creemos que van a cumplir bien con su labor”. De todos modos, dijo que podrían haber sido “invitados” y “entrevistados” por el Concejo para que también los conociera la comunidad.

Además, destacó la tarea de los tres jueces que, desde 2008 a la fecha, trabajaron en los cinco juzgados (Pedro López Martucci, Fernando Mumare y Oteiza) y felicitó al personal municipal “por su compromiso”. En cambio, dijo “no entender” por qué el Ejecutivo “tardó tanto” para enviar su propuesta.

“Creemos que es mejor tarde que nunca”, matizó Horacio Taccone, de Acción Marplatense. Pero acotó: “El hecho de no haberlos designado hace años no solo recargó de trabajo a los juzgados existentes, sino que hizo que no se brindara el servicio que nuestros vecinos se merecen”.

La radical Marianela Romero reconoció esa “respuesta deficitaria a la comunidad” que se acumuló por años, pero resaltó la capacidad de los propuestos para ejercer la función en la justicia de faltas. “Esperamos contar con ellos para el tratamiento y debate de las normas que aún nos quedan por actualizar dentro del marco normativo local”, señaló.

El bloque de UP, a través de Virginia Sívori, también consideró que “las personas elegidas son idóneas”, pero justificó la abstención al cuestionar que el tratamiento legislativo se produjo “de un modo apresurado, de una semana para la otra y sin búsqueda de consenso”.