Por Jorge Raventos

Javier Milei cierra enero con un sentimiento de frustración cuyos efectos, como suele ocurrir, han recaído sobre algunos subordinados. El último jueves eyectó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro y degradó la cartera a la condición de secretaría de Estado, bajo la conducción del ministro de Economía.

El castigo nunca fue explicado oficialmente. Ni siquiera tuvo oportunidad de hacerlo el vocerísimo, Manuel Adorni, que suspendió su conferencia de prensa del viernes, probablemente porque todavía no existía un relato plausible para explicar la primera crisis de gabinete del gobierno libertario.

A través del teléfono descompuesto de los rumores y de los chismorreos en redes sociales, se adjudicó a Ferraro una filtración de dichos del Presidente en una reunión de gabinete. La frase asignada a Milei –que no fue desmentida- era: “Los voy a dejar sin un peso a los gobernadores, los voy a fundir”. Y la había dado por cierta el diario Clarín.

No es seguro que la haya trasmitido el ministro escarmentado, pero sonaba verosímil. Algo muy parecido había articulado el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando amenazó a los gobernadores con recortar “inmediatamente” las partidas a las provincias que si no era aprobado en el Congreso alguno de los artículos económicos de la ley ómnibus.

Aunque tanto aquellas palabras de Caputo como las asignadas al Presidente han producido efectos muy indeseables para el gobierno, no es seguro que el encogimiento del gabinete libertario haya sido causado por su difusión, voluntaria o furtiva. Más bien hay que atribuirla a la decepción presidencial, que no consigue convertir en hechos sus deseos. Ante la frustración, Milei suele reaccionar en primera instancia como la Reina de Corazones que imaginó Lewis Carroll. Después tiene que adaptarse a las consecuencias.

El jefe libertario alentaba la ilusión de conseguir en la última semana la media sanción de la llamada ley ómnibus en la Cámara de Diputados, previo a eso quería que las comisiones que la venían debatiendo engendraran el martes 23, antes de la demostración cegetista del día siguiente, un dictamen satisfactorio. No pudo ser.

La reacción del Presidente, en el ámbito circunscripto del petit comité, que prefiere, o en reuniones más amplias, con miembros del gabinete, fue de extremo fastidio con el Congreso y con los gobernadores que interponen reclamos y objeciones a la legislación que él envió.

Martín Menem, el presidente de la Cámara baja y Guillermo Francos, el ministro de Interior –dos figuras dialoguistas- son los que más soportaron la impaciencia presidencial. Milei privilegió en Diputados el contacto con José Luis Espert, coordinador de las comisiones que analizan el kilométrico proyecto de ley elaborado por el influencer Federico Sturzenegger y varios prominentes estudios jurídicos. El presidente parece admirar los modales bastos de Espert, como si para tratar con opositores y hasta con aliados potenciales prefiriera, antes que negociadores sutiles, mazorqueros verbales. El proceso confirmaría la antigua verdad: res non verba.

El dictamen invisible

A fuerza de presión, poco antes de las 2 de la madrugada del miércoles el presidente de la comisión de Legislación General anunció el parto de un dictamen de mayoría, construido por el oficialismo y bloques aliados que habían recaudado 55 firmas. A esa hora parecía una buena noticia para el Presidente.

Sin embargo, se trataba de un dictamen invisible. Nadie pudo acceder en la mañana de ese miércoles al contenido del acuerdo. Este había sido –así lo describió Laura Serra, la periodista acreditada de La Nación en el Congreso- “un dictamen aprobado con fórceps entre gallos y medianoche con más disidencias que apoyos” . En efecto, el despacho de mayoría terminó juntando 34 firmas en disidencia y solo 21 a favor. Los bloques aliados, procurando que el gobierno no sufriera tan pronto su primera derrota en el Legislativo, decidieron contribuir a la aprobación en general una vez que los negociadores del gobierno admitieron una serie de recortes y enmiendas (el ministro de Interior los llama “clarificaciones”) propuestas por los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio y acordadas (fuera del ámbito parlamentario) con autoridades de los bloques dialoguistas. El gobierno, que no admite haber negociado, hizo un centenar de concesiones pero se negaba a hacer las que los gobernadores estiman prioritarias; pese a ello, la oposición firmó de buena fé y se decidió exponer las diferencias en el tratamiento en particular en la Cámara.

El despacho mantuvo su invisibilidad porque, aunque estaban las firmas, el texto tampoco había incorporado las diferencias que fueron aceptadas en las negociaciones con gobernadores y legisladores. Había, en cambio, injertado asuntos y temas que no habían sido conversados y que denotaban influencia de intereses. El procedimiento ingresaba en zona de offside, una tentación para judicializadores.

La relación entre el oficialismo y la oposición amable se tensaron. Los bloques ligados a los gobernadores recordaron que el oficialismo no tiene posibilidades de hacer aprobar la ley sin escuchar los reclamos de las provincias. La aritmética parlamentaria demostraba que cuando llegara al plenario de la Cámara el proyecto de ley oficialista sería derrotado en un gran número de puntos que interesan al gobierno. Algunos exponentes del oficialismo podían confesar lo que el personaje de un viejo chiste de maniáticos: “Dos más dos es cuatro, pero no puedo soportarlo”.

Días de furia

Fue en esas circunstancias y con el estado de ánimo consiguiente (agravado por la exitosa movilización cegetista, que el gobierno se empeñó infantilmente en ningunear) que Milei pidió que le cortaran la cabeza a Ferraro mientras se resignaba a postergar la sesión de diputados hasta el martes. Ese día de furia el presidente reiteró ante la periodista colombiana Patricia Juniot que su gobierno no negociaría nada con los gobernadores y los opositores del Legislativo y no desaprovechó la ocasión para calificar a su colega colombiano Gustavo Petro como “comunista asesino” (esto gatilló un problema diplomático con Colombia, pero recuérdese que Milei dijo cosas parecidas de Patricia Bullrich , luego pidió disculpas y la incorporó a su gabinete).

El ministro Caputo, consecuente con la actitud presidencial, seguía sin querer ceder ni en el tema de l incremento de las retenciones ni en el previsional (cláusula de actualización de jubilaciones y destino del Fondo de Sustentabilidad, que el gobierno aspiraba a tomar completo para el Tesoro).

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fé y Entre Ríos reiteraron que consideran casus belli la suba de las retenciones industriales y a la producción agrícola pampeana. Desde el radicalismo el jefe del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo, dejó claro que no avalarían “una suba de retenciones ni un ajuste a los jubilados (…)la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones”. Esa postura era compartida por buena parte de lo que resta del Pro, por el bloque federal que coordina Miguel Pichetto y también por el partido de Elisa Carrió, así como por fuerzas de arraigo en determinadas provincias.

Parecía obvio que, como escribió Laura Serra en La Nación, “la ambiciosa Ley de Bases que envió el presidente Javier Milei al Congreso tiene pronóstico reservado”. A esa altura, las opciones parecían que el gobierno se aviniera a aceptar las condiciones de la oposición dialoguista o que ésta –gobernadores y parlamentarios- se amedrentara ante la intransigencia y los modales ásperos del Presidente y su entorno.

Pero esto último no iba a suceder. Las autoridades provinciales refirmaron sus posiciones. No sólo los gobernadores de la región centro hablaron. El vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesatti, alzó la voz de las provincias patagónicas y recordó que “nosotros producimos el 90 por ciento de la energía que Argentina necesita” al rechazar las amenazas del gobierno nacional. “El presidente Javier Milei está llevando a la Argentina a los extremos- dijo Pesatti-. La principal función del Presidente es garantizar la paz en el país, debe buscar un diálogo entre Nación y las provincias. Sus formas no contribuyen a la principal función que un Presidente debe cumplir. No se puede usar la amenaza como metodología para gobernar. Esta actitud amenazante esconde un desconocimiento brutal de la Argentina., A los patagónicos nos gusta ser respetados”.

Caputos diminutio

El viernes por la tarde , después de someterse a la terapéutica de la realidad, el Presidente decidió aceptar los lúcidos consejos aportados por su hermana Karina y encomendó a Luis Caputo que alzara la bandera blanca en una conferencia de prensa. Eso ocurrió en la tardecita del viernes: el gobierno, según anunció el ministro, retiraría del proyecto elaborado por Federico Sturzenegger todo el capítulo fiscal para evitar la derrota en la Cámara. Una Caputos diminutio, podría decirse: el ministro insistía en que justamente el déficit fiscal era su prioridad. Ahora tratará de encararlo punto por punto y escuchando a los interlocutores.

Con todos los recortes producidos al proyecto elaborado por Sturzenegger, este –como escribimos una semana atrás en este espacio- dejó de ser “ómnibus” y se quedó en combi: un cuchillo sin hoja al que le falta el mango.

El gobierno retira el tema previsional, los aumentos de retenciones, el blanqueo y también el restablecimiento del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría: los capítulos centrales objetados por gobernadores y oposición (de signo diverso), que se imponen en este punto por walk over. El ministro lo admitió: ““Evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernados y legisladores en el futuro. Este es un gobierno que escucha, es lo que debemos hacer”. Tarde pero seguro.

Mientras estas pulseadas ocupaban a la Casa Rosada, el Congreso y las gobernaciones, el miércoles último el movimiento obrero puso en funcionamiento otro escenario: la calle. El paro de medio día (con el transporte en funcionamiento) fue apenas el prólogo para la demostración que, en la Capital, se dirigió al Congreso. La multitud llegó marchando o en transporte público: no se vieron los clásicos colectivos de color naranja, que en esta época trasladan niños a las colonias de vacaciones.

Ciencias exactas

El Estado proveyó a los canales más importantes con imágenes de la concentración en sus momentos preparatorios. Esas vistas (que los canales disciplinadamente ,mantuvieron hasta la noche en sus programas de noticias) ofrecieron una sensación de escualidez de la marcha que sería elocuentemente desmentida con imágenes del mediodía. El gentío tomaba densamente dos cuadras de Callao/Entre Ríos (entre Bartolomé Mitre e Hipólito Yrigoyen) , frente al Congreso y se extendía a lo ancho hasta SáezPeña/Paraná y aún hasta Uruguay/San José. Pueden calcularse unos 70.000 metros cuadrados, que se ocupan, promedio (entre tramos más concentrados y tramos más sueltos) a razón de 2 personas y media por metro cuadrado. Ese cálculo permite evaluar en unas 170 a 180 mil personas presentes. No hace falta ir a Ciencias Exactas.

Repetida en muchas ciudades del país, la marcha fue una señal que el gobierno debería atender. Su primer reflejo no fue ese: prefirió descalificar las objeciones, algunas de las cuales (no todas, por cierto) coincidían con las verbalizadas desde la oposición dialoguista. Los trabajadores sindicalizados son clase media organizada. Una franja muy ancha de la sociedad, en la que coexisten votantes de Milei y partidarios de otras divisas, sufre por la inflación y también por la terapia elegida, que la amplifica (o “la transparenta”, como dice el oficialismo) y la amenaza de una muerte súbita. La CGT procuró dar voz a esas sensaciones, que es una manera de canalizarlas pacíficamente.

Desde el arsenal propagandístico oficial se apela muchas veces para descalificar a los sindicatos tanto a munición largamente elaborada por la ultraizquierda (“burócratas”) como a argumentación elaborada por los regímenes tiránicos. Se afirma, por caso, que los trabajadores están adheridos a sus organizaciones coercitivamente; que van a las manifestaciones obligados. Con ese subterfugio justifican algunos puntos de legislación propuestos ( y bochados por la justicia), como el rechazo al descuento de la cuota sindical por planilla. La excusa ya fue empleada por el último gobierno dictatorial. Con la firma de Jorge Videla y su ministro de Trabajo, Horacio Liendo, el 17 de febrero de 1977 se dio a conocer el Decreto Nacional 385/77 que obligaba a los trabajadores a reafiliarse y derogaba las normas que permitían a los gremios cobrar las cuotas por planilla. El argumento aducía que las contribuciones así cobradas eran una carga no aceptada libremente.La norma daba 40 días para concretar las reafiliaciones, que debían formalizarse tanto ante el sindicato como en las oficinas de personal de los lugares de trabajo. Con esos condicionantes –y en medio de la atmósfera opresiva impuesta por el régimen- los gremios consumaron la reafiliación que en muchos casos (la Unión Obrera Metalúrgica, por caso) les permitió superar el padrón anterior.

Recomponer el sistema

Por algún motivo que tarde o temprano emergerá, Milei ha modificado aspectos de su programa de campaña. Por ejemplo, sobre los sindicatos sólo proponía cambios en el régimen de indemnizaciones y ahora parece haber optado por una línea más agresiva (y también más negligente en otros).

Lo que está a prueba ahora es el grado de eficacia que le pueden otorgar esos cambios. Y cuánto tiempo tiene para experimentar. Convendría tomar en cuenta lo que Caputo reconocio al retirar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus: escuchar y consensuar “es lo que tenemos que hacer”.

Fue Miguel Pichetto, después del lúcido paso atrás del gobierno, el que dibujó el eventual croquis de esa reorganización: “Si el Gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades –dijo-. Así no se puede funcionar los cuatro años. El Gobierno tiene un problema estructural, no tiene mayoría parlamentaria. Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años”..

En rigor, un Ejecutivo que –como producto de la primera vuelta electoral- se encuentra en patética minoría en el Congreso y que no contaba ni con un programa de gobierno ni con equipos propios, no está en condiciones de avanzar lanza en ristre para imponer su utopía libertaria. Los contenidos desreguladores que cuentan con respaldo social deberían compaginarse con los límites que imponen las leyes, las circunstancias y las relaciones de fuerza.

Los sectores dialoguistas del Legislativo y un número considerable de gobernadores podrían construir, en esas condiciones, los primeros instrumentos que contribuyan a reconstruir plausiblemente el sistema político y ofrezcan gobernabilidad a la legitimidad electoral que acreditó el Presidente. Eso requiere capacidad de diálogo, apertura a los consensos y poner como valor prioritario la unión nacional.