La funcionaria judicial, Estela Duvidio, relató su experiencia de maltrato y violencia institucional, un proceso que derivó en la conformación de un espacio de contención y visibilización. La iniciativa reúne casos de distintas provincias y busca promover herramientas frente a situaciones de hostigamiento laboral.
La experiencia personal de Estela Diana Duvidio dentro del Poder Judicial derivó, con el paso de los años, en la conformación de la Comisión de Judiciales por un Trabajo Libre de Violencia y Acoso, un espacio que reúne a trabajadoras y trabajadores de distintas jurisdicciones del país que denuncian situaciones de hostigamiento, discriminación y violencia institucional.
Según relató Duvidio en diálogo con LA CAPITAL, el proceso que atravesó incluyó episodios de acoso laboral, presiones psicológicas y una prolongada disputa administrativa y judicial que, afirma, afectó su salud y su trayectoria profesional.
En ese contexto, planteó la necesidad de visibilizar este tipo de situaciones dentro de ámbitos donde, paradójicamente, se dirimen conflictos vinculados a derechos y garantías.
“Muchas personas necesitan primero un lugar seguro donde poder contar lo que les pasa. A veces no están listas para iniciar una acción judicial, pero sí para ser escuchadas”, indicó Duvidio.
La funcionaria sostuvo que muchas de las conductas que integran la violencia laboral no siempre son fácilmente identificables en una primera instancia, ya que pueden manifestarse a través de comentarios descalificantes, discriminación, humillaciones o decisiones laborales consideradas arbitrarias.
“Cuando uno dice violencia, muchas veces se piensa en algo extremo, pero también hay indicadores más sutiles: comentarios sobre la vida privada, cuestionamientos permanentes o la negativa injustificada de licencias. Todo eso forma parte de la violencia laboral”, señaló.
En ese marco, resaltó que la desigualdad estructural y las relaciones jerárquicas dentro del ámbito laboral pueden generar situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando quien denuncia percibe dificultades para encontrar instancias de escucha o resolución dentro de la propia institución.
“Lo paradójico es que si alguien sufre violencia laboral fuera del Poder Judicial tiene dónde acudir, pero quienes trabajan dentro del sistema muchas veces no encuentran canales efectivos de resolución”, afirmó.
A partir del intercambio con otras trabajadoras judiciales que atravesaban situaciones similares en distintas provincias, comenzó a gestarse la Comisión de Judiciales por un Trabajo Libre de Violencia y Acoso.
El espacio surgió de manera autogestiva y tiene como objetivo principal brindar contención, orientación y visibilización de casos, preservando la confidencialidad de quienes deciden compartir sus experiencias.
“Nos dimos cuenta de que no éramos casos aislados. Empezamos a hablar entre colegas y aparecieron situaciones en distintas provincias. Ahí entendimos que había que generar una red de apoyo”, explicó.
El colectivo reúne testimonios de distintos puntos del país, entre ellos Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Mendoza y La Pampa, y promueve acciones de concientización a través de redes sociales, encuentros virtuales y actividades vinculadas a la prevención de la violencia laboral.
Según explicó Duvidio, uno de los aspectos centrales del trabajo de la comisión es generar redes de apoyo entre personas que atraviesan situaciones de acoso o maltrato en el ámbito laboral, entendiendo que el acompañamiento puede resultar clave para evaluar posibles estrategias o caminos a seguir.
También indicó que el espacio no reemplaza la intervención judicial ni brinda asesoramiento legal formal, aunque sí facilita información sobre recursos disponibles y profesionales especializados, con el objetivo de que cada persona pueda decidir cómo avanzar según su situación particular.
La iniciativa además impulsa instancias de capacitación y articulación con profesionales de la salud mental especializados en estrés laboral y mobbing, con el propósito de ofrecer herramientas que permitan identificar situaciones de violencia y promover ámbitos de trabajo más saludables.
Para Duvidio, la visibilización de estos casos resulta fundamental para comprender que la violencia laboral puede adoptar múltiples formas y que su abordaje requiere no solo marcos normativos, sino también cambios culturales e institucionales que favorezcan entornos laborales libres de discriminación y abuso de poder.
“Queremos que la vergüenza y el miedo cambien de lugar. Las víctimas no hicieron nada malo. Visibilizar estos casos también es una forma de prevenir que se repitan”, concluyó.
Su caso
La abogada Estela Duvidio se refirió a su caso, que se remonta al 2007 y que fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por acoso laboral con contenido sexual, conocido como moobing, tras más de 10 años de procesos judiciales sin resolución efectiva.
La denuncia fue presentada por la mujer, que decidió acudir al sistema internacional ante “el retardo y la denegación de justicia, así como por la violencia institucional sufrida durante el proceso”.
La CIDH aceptó la petición incluso sin exigir el agotamiento de las vías internas, reconociendo que “hay situaciones en las que las víctimas no pueden esperar indefinidamente a que el propio sistema que las violentó les dé una respuesta“.
Según la trabajadora judicial el objetivo del caso no es únicamente ganar un juicio, sino visibilizar a nivel internacional el contexto de corporativismo y encubrimiento que existe dentro del ámbito judicial. “Hoy mi objetivo es que se visibilice la situación, no solo desde mi caso, sino de muchas personas que trabajan en la Justicia y que sufren estas situaciones de manera sistemática”, argumentó.