El subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal del Ministerio del Interior, Ricardo Delgado, sostuvo que el Gobierno ha “cambiado la lógica de la obra pública” que se utilizaba en la gestión anterior, implementando castigos para las constructoras que incumplan los contratos.

Delgado se expresó de esta manera tras las detenciones de empresarios y ex funcionarios kirchneristas que se generaron en el marco de la causa por supuesta corrupción en este sector.

“Debemos empezar a dar vuelta esta imagen que todos los argentinos están viendo todos los días, como si el episodio de las coimas fuera una triste novela de la obra pública”, explicó al respecto.

Para él, este caso debe ser una “primera lección” para “empezar a trabajar sobre códigos de conducta, cuestiones que tienen que ver con la ética profesional y la relación con el Estado”.

El funcionario explicó que “desde el 10 de diciembre del 2015” se modificó “la lógica del Registro” de las firmas constructoras que llevan adelante trabajos de infraestructura para el Gobierno.

Delgado precisó que ahora el Ministerio “prevé un listado de sanciones bajo distintas causas a aquellas empresas que incumplen, por determinadas maneras, algún tipo de obra”.

“Durante los 12 años de los tres gobiernos anteriores, el Gobierno no sancionó ni suspendió a ninguna empresa”, aseguró Delgado en declaraciones realizadas en Radio Nacional.

En este sentido, detalló que en lo que va de su gestión, la administración de cambiemos ya sancionó o suspendió a 20 firmas constructoras, algunas “emblemáticas como por ejemplo Odebrecht o CPC”, ya investigadas en casos de corrupción.

Además, Delgado especificó que la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, estaba inscripta en el Registro pero “desde el año 2011, no renovó su certificado anual para poder contratar con el Estado, y hasta el año 2015 siguió haciendo obras, ganando licitaciones o siendo adjudicataria a dedo de obras en el sur”.