El Concejo Deliberante declaró este jueves la emergencia económico financiera del servicio de recolección de residuos y prorrogó por dos años, con opción a una prórroga por otros dos, el contrato con la empresa Transportes 9 de Julio.

El proyecto del gobierno local fue aprobado por mayoría, con los votos del interbloque oficialista (PRO-UCR-Coalición Cívica) y la abstención de La Libertad Avanza. Los bloques opositores (Unión por la Patria, Acción Marplatense y Frente Renovador) votaron en contra.

El Ejecutivo justificó su pedido en un reclamo por las indemnizaciones de todos los trabajadores que, ante la inminente finalización del contrato, le había trasladado la empresa tras una presentación del Sindicato de Camioneros.

Frente a esa situación, “se buscó una herramienta para garantizar la continuidad del servicio”, afirmó Florencia Ranellucci (PRO). Y dijo que, después de conversarlo varios meses, “el Ejecutivo, la empresa y el sindicato se pusieron de acuerdo y pudieron llegar a este instrumento”.

La emergencia “asegura la prestación del servicio sin generar discontinuidades” y “brinda estabilidad a los trabajadores involucrados”, en tanto que la prórroga “no genera una erogación adicional” a los más de $5.000 millones mensuales que aporta el municipio.

La opositora Eva Ayala (Acción Marplatense) consideró que la decisión está inscripta “en una política general de hacer lo menos posible, improvisar y desatender los desafíos del mediano y largo plazo”. Y agregó: “Podríamos estar votando una licitación seria, transparente, modernizadora, que le asegure certidumbre a los trabajadores, que permita brindarle seguridad a la empresa y tranquilidad a los vecinos”.

A su entender, “la prórroga no va a traer ningún tipo de certezas, no va a dar previsibilidad a ningún actor interesado en este contrato”.

Según Ayala, no estaban dadas las condiciones establecidas en la doctrina para declarar la emergencia. “No hay un hecho inesperado, hay desidia planificada”, lanzó. “No hay una emergencia real, esto es una emergencia ficcional”, apuntó.

Valeria Crespo (UP) recordó que el pliego vigente ya concedía la posibilidad de prolongar el contrato por 90 días una vez concluidos los dos años de prórroga. Agregó que, tras el reclamo indemnizatorio del sindicato, “se desvirtuaron las responsabilidades, abriendo un muy mal precedente”.

“La pregunta central es si la terminación de un contrato por vencimiento de plazo altera la ecuación económica financiera. La respuesta es no”, dijo. Y recordó la “cláusula de indemnidad” que figura en el pliego, según la cual “la empresa deberá mantener indemne a la Municipalidad por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza”, incluidos los indemnizatorios.

Crespo advirtió que la prórroga por dos años “excede el plazo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM)” y la Municipalidad “no hizo valer” la cláusula de indemnidad. “Hay negligencia por parte del intendente Montenegro al no elevar el nuevo pliego con la debida anticipación”, remató.