Una fuerte polémica se gestó en los últimos días en torno a la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon a raíz de la reducción de las partidas que el Presupuesto 2021 destina para el área. Los defensores advierten un “fuerte destrato” por parte de la presidencia del Concejo Deliberante y acusan el “vaciamiento” de la dependencia, más aún luego de que el titular del Cuerpo legislativo validara restarle fondos a la Defensoría.

Distintos concejales plantearon ayer en la comisión de Hacienda múltiples interrogantes en torno a esta reducción presupuestaria. Verónica Lagos (Frente de Todos), advirtió que en términos nominales el presupuesto para la Defensoría caerá un 22% y en términos reales un 43%. Puntualmente los “gastos” destinados al personal sufrirían una reducción del 36%.

En diálogo con LA CAPITAL, el defensor del Pueblo Daniel Barragán, luego de haber analizado la situación con su par Fernando Rizzi, se mostró en total desacuerdo con esa decisión, a la que calificó como “un despropósito”.

Al respecto, advirtió que “hay una cuestión política” detrás y deslizó que hay un intento de “vaciar” al área, que “no dejó de trabajar ni un solo día durante la pandemia, atendiendo los reclamos de la comunidad de Mar del Plata y Batán”.

“Hemos escuchado agresiones gratuitas por parte del presidente del Concejo. No sé de donde sacó que la Defensoría está en crisis institucional, pero además dijo que el último año no ejecutamos presupuesto, cuando toda la actividad en los barrios se vio frenada por la pandemia y los insumos que pedimos no tuvieron cotización por la cuestión sanitaria”, explicó.

A su entender, “es imposible no pensar que les molesta lo que hacemos, por motivos que desconocemos”. Y porque al mismo tiempo “el presupuesto del Concejo Deliberante creció en todas las áreas 47 millones de pesos y a nosotros nos bajaron 5 millones, mientras que la Presidencia del Concejo pasó de un presupuesto de unos 440.000 pesos a 2 millones de pesos con los fondos de la Defensoría”.

Barragán indicó que la Defensoría del Pueblo pasó de un presupuesto de 24 millones de pesos para todo el año -de los cuales 21 millones estaban destinados al pago de salarios y el resto a la compra de insumos para el funcionamiento de la dependencia y su tarea en los barrios-, a una partida de 18 millones, por debajo de lo mínimo que se requiere para pagarle al personal. Para cualquier otro gasto, dijo, no habría dinero. “Generaron un problema donde no lo había”, comentó.

Daniel Barragán, defensor del Pueblo.

“Desde junio tenemos dos personas, una que pidió licencia sin goce de sueldo y otra a la que le crearon un cargo en el Ejecutivo, que Presidencia del Concejo no quiere cubrir. El presidente dice que usamos al personal para defender nuestros viáticos, cuando en 2019 no cobramos un peso en viáticos. Pagamos de nuestro bolsillo los viajes a Buenos Aires para certificar documentación o asistir a reuniones, como también pagamos con nuestro dinero las redacciones en la Defensoría“, agregó.

El Defensor cuestionó también la “virulencia” de la concejal radical Vilma Baragiola, quien mencionó haber recibido “cartitas” de los defensores. Barragán indicó que esas “cartitas” en realidad era copias de la novena nota formal que elevaban en busca de una respuesta del presidente del Concejo, que hasta ahora no obtuvieron. De hecho “desde que asumió nunca nos recibió, solo la secretaria”, aseguró.

A su turno, el concejal Roberto Páez (Frente de Todos) indagó respecto a una posible “revancha” contra la Defensoría por la suspensión del defensor Luis Salomón tras encontrarse violento su accionar en un comercio.

El presidente del Concejo negó que así sea y luego tildó de “razonable” la reducción del presupuesto, aunque garantizó y remarcó que “no se va a perjudicar en forma alguna el funcionamiento de la Defensoría” y que, de ser necesario, se girarán partidas para “todo lo necesario”.

No conforme, Barragán sostuvo: “Ya de por sí la suspensión de Salomón es discutible, pero más allá de eso, es un problema de Salomón. Es como si un concejal hiciera algo fuera de regla y se le redujera el presupuesto a todo el Concejo, no corresponde”.

Por lo pronto, el próximo jueves se llevaría a cabo una acción de protesta en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo, cuyas oficinas funcionan en Belgrano y San Luis, para manifestar rechazo junto a centrales obreras y organismos de Derechos Humanos a la reducción de partidas para el área que contempla el Presupuesto 2021.