Los defensores del pueblo manifestaron su profunda preocupación ante la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de someter a quienes son beneficiarios de la pensión por invalidez a la actualización del beneficio en un plazo de 60 días.

Los funcionarios sostuvieron: “Rechazamos este procedimiento porque ataca un derecho adquirido por los pensionados”, y agregaron que “se trata de un proceso administrativo que tiene como objetivo un recorte presupuestario en un momento de aguda crisis económica y social”.

Los defensores se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación del Sur (Inareps), del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y de la Secretaría de Salud. El objetivo fue tratar el tema de las pensiones pero pudieron constatar que hasta el momento ninguno de esos efectores de salud tiene capacidad operativa para gestionar la actualización de las pensiones que pide la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ese organismo ha enviado cartas documento a los beneficiarios intimándolos a realizar ese trámite. A Mar del Plata y Batán ya llegaron 209. Sin embargo no hay ninguna institución pública que haga el trámite. Los defensores “exigieron que la Agencia se abstenga de imponer los plazos establecidos por carta documento ya que no están dadas las condiciones operativas. Además su aplicación constituiría un perjuicio concreto para los pensionadas y pensionadas”.