La falta de acceso a la salud originó más del 40% de los reclamos en la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon durante el primer semestre.

De acuerdo al reporte del organismo local, en el periodo abordado hubo 560 intervenciones, de las cuales 230 (41,1%) fueron por temas de salud (obras sociales y prepagas).

En este apartado, las quejas fueron por quita total o parcial de cobertura médica (60,9%); modificación unilateral de planes sin notificación previa (23,9%); demoras o negativas en autorizaciones de tratamientos o estudios (10,9%); falta de entrega de medicación o insumos esenciales (4,3%); y otras situaciones (2%).

La vulneración “más frecuente” en lo que respecta a los reclamos por salud fue la interrupción de tratamientos en curso y la restricción en el acceso a prestadores habituales, según indicó el organismo que conduce Marcelo Lacedonia.

“La mayoría de estos casos afectan a personas con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, personas con discapacidad y adultos mayores, lo que implica un alto impacto en su calidad de vida”, advirtió la Defensoría del Pueblo.

También informó que el 78% de los reclamos de salud evidenciaron “incumplimientos que podrían contravenir la Ley 26.682 (Medicina Prepaga) y la Ley 26.529 (Derechos del Paciente)”.

Más reclamos

Otra de las principales quejas de los vecinos durante el primer semestre fueron los servicios, con 110 casos registrados (19,6%). Predominaron las presentaciones por facturación excesiva y problemas de conexión o cortes injustificados.

En tanto, Defensa del Consumidor generó 70 intervenciones (12,5%); estafas y ciberdelitos, 55 (9,8%); multas y tránsito, 35 (6,3%); alquiler e inquilinos, 25 (4,5%); conflictos vecinales/ruidos molestos, 20 (3,6%); y otros, 15 (2,6%).

En relación a estas problemáticas, la Defensoría del Pueblo registró particularmente un incremento “sostenido” en las estafas y ciberdelitos “a través de suplantación de identidad y engaños bancarios”.

Por último, a modo de balance general sobre las intervenciones realizadas, el organismo recomendó: reforzar las instancias de mediación con prestadores de salud para evitar interrupciones en tratamientos críticos; establecer canales rápidos de denuncia y seguimiento para casos de servicios esenciales; coordinar con organismos de control y supervisión para prevenir abusos contractuales y facturaciones indebidas; y desarrollar campañas de concientización sobre ciberseguridad para adultos mayores.