“Este Concejo tiene la oportunidad de darle una herramienta a la Justicia y a la Policía para que los vecinos vivan más seguros”. El de la necesidad de prohibir la “actividad sexual que se desarrolla en la puerta de las casas de los vecinos” fue uno de los pedidos puntuales del intendente Guillermo Montenegro a los concejales la semana pasada, en la inauguración de las sesiones ordinarias. “Necesitamos que esto avance”, reclamó.

A pesar de las distintas miradas y los diversos proyectos que presentaron para abordar el asunto, ayer, en la Comisión de Legislación, los bloques del cuerpo deliberativo llegaron a un primer acuerdo: trabajarán todos los expedientes vinculados con la denominada Zona Roja de manera conjunta. La intención es llegar a un enunciado común, ya sea en un solo texto o en varios.

Una de las iniciativas es la que el año pasado había impulsado la oposición para crear el “Programa Zonas Seguras de Protección Integral” para promover medidas focalizadas en la prevención de la violencia y los delitos en los sectores del distrito en que se ejerce la prostitución.

La redacción había sido consensuada entre la concejala Sol de la Torre (Frente de Todos) y Nicolás Lauría (Crear Juntos), después de que el ex edil oficialista aceptara reescribir su proyecto, que en primera instancia proponía mudar la Zona Roja a la diagonal Canosa y luego a cualquier sector que no tuviera frentistas.

Para la oposición se trataba de un proyecto “integral”, pero el oficialismo disiente con un artículo: el que autoriza a la autoridad de aplicación (la Secretaría de Seguridad) a acordar con quienes ejercen la prostitución en la vía pública “las condiciones que hagan al desarrollo de la actividad de forma segura para quienes habiten dichos espacios”. El interrogante que lanzó el oficialismo es qué sucedería si no se llega a tal acuerdo.

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante resolvió ayer tratar los expedientes vinculados a la Zona Roja en forma conjunta.

El expediente en cuestión (el número 1280 de 2021) tiene anexada la propuesta que envió al Concejo el gobierno municipal a fines del año pasado, y es por la que pidió Montenegro en la inauguración de las sesiones. Establece que la oferta y demanda de sexo en la vía pública “solo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados” por el Ejecutivo y “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”. También propone multas o arrestos de entre cinco y 30 días para quienes los que incumplan la norma.

El Frente de Todos, que considera que esa iniciativa “criminaliza y excluye”, solicitó la inclusión de Programa Reparar, destinado a promover políticas públicas integrales y focalizadas para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans “con miras a resolver la vulneración y desigualdad estructural de dicha comunidad”.

También el “Dispositivo de Nocturnidad Farola”, orientado a asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad o situación de calle mediante dispositivos presenciales en las zonas en que se ejerce la prostitución.

A su vez, Acción Marplatense pidió la creación de un “espacio mixto de participación ciudadana” para la “elaboración de pautas que permitan prevenir la violencia” y asegure la “convivencia armónica y pacífica” en la Zona Roja.

Al solicitar que los expedientes se consideren en conjunto, la radical Marianela Romero aseguró que “una situación como la que se está viviendo hace mucho tiempo en la ciudad no tiene que tener una sola respuesta, sino que hay varias aristas desde las cuales trabajar y dar respuesta a toda la comunidad en forma íntegra”.

De la Torre consideró “atinada” la propuesta y se mostró “convencida” de que se necesita “una herramienta legislativa que sea integral, que dé respuesta a la multiplicidad de conflictos que se asocian “a algo que parece tan simple si se ve según está expresado en alguno de los expedientes”, en un tiro por elevación al proyecto oficial.

La edil opositora advirtió que el problema necesita una solución “urgente”. “La violencia escala y no podemos ser ajenos. La política tiene que ser una herramienta de disuasión de la violencia y no de promoción. Confío en que vamos a ser capaces de hacerlo”, agregó.

Vecinos indignados contra una trabajadora sexual de la Zona Roja, en una de las protestas del mes pasado.

El presidente del bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone, deseó que la norma que surja del Concejo sirva también para “solucionar la problemática que tienen los vecinos”, y reclamó un compromiso para tratar los expedientes “en forma rápida”. “No podemos hacer que siga pasando el tiempo”, acotó.

En la misma línea, el titular de la bancada oficialista, Agustín Neme, aseguró que el Concejo tiene
“una responsabilidad enorme” en el tratamiento de estos proyectos. “Ojalá que prime la madurez política para encontrar de una vez por todas una solución que nos represente a todas las fuerzas políticas y podamos tener una herramienta para una problemática que viene desde hace muchísimo tiempo”, deseó.