Para la defensora de Matías Farías, el acusado de haber violado y asesinado a Lucía Pérez, la foto del presidente Alberto Fernández con los padres de la adolescente en la que expresó que “cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio” eclosionó en un evento de “gravedad institucional” sin precedentes.

Ante esta situación, la defensora oficial María Laura Solari presentó una denuncia formal por la posible comisión de delitos de acción pública por parte del Presidente de la Nación, solicitó que se decrete la nulidad de este segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez y que se haga la recusación de los magistrados.

Además, pidió que por la gravedad institucional denunciada, se ponga en conocimiento a la Suprema Corte Provincial, y a la Corte Suprema de la Nación.

Desde el inicio del juicio que la defensora Solari, y el abogado particular de Juan Pablo Offidani, César Sivo, denuncian que no se asegura de forma correcta el derecho a una legítima defensa y que hay presiones del Poder Ejecutivo.

“Una primer y alarmante intromisión del Poder Ejecutivo en la primer jornada de debate, el 7 de febrero, fue cuando el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se sentara en la sala de audiencias junto a los padres de Lucía Pérez”, considero la defensora Solari.

La defensora también consideró como presión las presentaciones de “amicus curae” del Tribunal del Consejo Nacional de las Mujeres y el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, ambos organismos, dependientes del Poder Ejecutivo, y la presencia en el juicio de funcionarias del área de género.

Sin embargo, para la defensora, la presión más importante y clara fue el 8 de marzo, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de recibir a los padres de Lucía Pérez, en una publicación en sus redes sociales para el día de la mujer reclamó “justicia por el femicidio” de la adolescente.

“ Debemos exigir la búsqueda de justicia por el femicidio de Lucía Pérez. Su madre, Marta Montero, y su padre, Guillermo Pérez, cuentan con mi compromiso y acompañamiento absoluto en su lucha que mantiene vivo el reclamo de justicia. Durante el encuentro que mantuvimos, les expresé que cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio que han tenido que atravesar luego de la escandalosa absolución de los imputados en 2.018. El caso de Lucía es paradigmático de la falta de perspectiva de género que tiene el Poder Judicial. No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las pibas que nos faltan. Nuestro compromiso y trabajo cotidiano es por una sociedad libre de violencias por motivos de género. Seamos claros, en su máxima expresión, el machismo mata”, expresó en esa oportunidad el presidente.

Denuncia de gravedad institucional

Para la defensora oficial, con la publicación en las redes sociales del presidente, queda en evidencia que “se encuentra seriamente violentado el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la imparcialidad del juzgador. Esta es una cuestión de suma gravedad institucional y la consumación de esta violación se perfecciona con la sola comprobación de la injerencia del Poder Ejecutivo en una causa pendiente”.

“El mayor representante del Poder Ejecutivo que – para colmo de maleses profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires- se ha inmiscuido a sabiendas en el caso, afectando la imparcialidad institucional del juzgador; reitero, ésta afrenta constitucional ya se ha configurado, pues no sería una garantía si se aguardara el eventual dictado de una sentencia condenatoria contaminada por la afectación previa de la independencia e imparcialidad de los magistrados”, considero Solari y agregó: “El mayor representante del Estado argentino ha cometido una burda, flagrante y prohibida intromisión de poderes”.

Recusar a los jueces en defensa de los jueces

Además de denunciar al presidente Fernández y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y pedir la nulidad del juicio, la defensora Solari también solicitó recusar a los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz, lo que aclaró que “no debe ser como un ataque a la honestidad ni honorabilidad de los magistrados integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 2”.

“Es más bien como un remedio que se intenta para mantener a resguardo la garantía constitucional de ser juzgado por un juez absolutamente imparcial y, por ende, de gozar de un debido proceso adjetivo”, explicó y recordó que “el debate anterior dejó por saldo una denuncia funcional y el trámite de un Jury de Enjuiciamiento a los jueces entonces intervinientes”.

“Este caso se ha convertido en la muestra paradigmática de que cualquier nueva sentencia que no les complazca los hará ir por la cabeza de esos otros magistrados quienes, a diferencia de algunos de los sectores presionantes, sí tienen mucho para perder”, concluyó la defensora. -sus trayectorias, carrera judicial, su prestigio-.

“Advirtiendo entonces que la garantía de imparcialidad del juzgador se ha visto avasallada de manera burda, que el Presidente de la Nación ha ejercido una abierta coacción sobre los magistrados a decidir en la presente causa, y toda vez que la mentada garantía es un derecho del imputado, no contando a las claras Matías Farías ni Juan Pablo Offidani con la seguridad mínima de que se respete su derecho a un debido proceso, entendemos que la única opción posible a fin de reestablecer la misma, es la anticipada declaración de la nulidad del debate y la consecuente recusación de los jueces, cuya imparcialidad se encuentra institucionalmente afectada”, finalizó la defensora oficial María Laura Solari.

En tanto el abogado defensor de Offiani, César Sivo, ratificó lo presentado por Solari aunque hizo la salvedad de no acompañar la denuncia respecto de Pietragalla. “Si bien ciertamente en público se manifestó agraviantemente respecto de los abogados defensores; sin embargo -más allá de su presencia en la sala, que éste mismo defensor celebró en la representación de la defensa del debido proceso- no exteriorizó condicionamientos para la actuación e independencia de los jueces”, expresó Sivo.

Cabe recordar que la sentencia del Tribunal Oral N° 2 contra Matías Farías y Juan Pablo Offidani se dará a conocer el próximo viernes 17 de marzo.

 Quejas de jueces de la Provincia                                                        

 El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado titulado “Presiones indebidas sobre decisiones judiciales” pero se limitó a hablar de funcionarios en general y no quiso detenerse en la figura del Presidente. El texto difundido  dice que dicha entidad “se ve en la necesidad de tomar posición públicamente ante la sucesión de actos públicos de funcionarios con responsabilidades políticas tendientes a influir de manera indebida en decisiones jurisdiccionales del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Todas las ciudadanas y ciudadanos cuentan con la garantía de que serán juzgados en el marco de la ley vigente y con el resguardo del debido proceso. También, que las decisiones que se adopten en sede judicial no responderán a ningún elemento exterior al expediente y al marco jurídico aplicable. Esas garantías, contenidas en la Constitución Nacional, valen igualmente para todas las personas, sin importar su condición. Este pacto de respeto irrestricto de los Derechos Humanos se pone a prueba especialmente cuando se trata de causas sensibles: es entonces cuando marcamos nuestra vocación de vivir en un Estado Constitucional de Derecho y con plena división de Poderes. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace un llamado a asumir con responsabilidad la promesa constitucional de vivir en una sociedad pacífica en la que siempre prevalecerán los derechos inalienables de todos/as sus habitantes”.

El Colegio de Magistrados de Mar del Plata no se pronunció al respecto aunque adhiere a este comunicado por ser su órgano superior.