El director de una escuela rural de Misiones fue denunciado penalmente ante la sospecha de haber defraudado al Estado al acumular 3.363 días de licencia en un período de 18 años y mantener, en paralelo, un puesto laboral en la empresa estatal Energía de Misiones (EMSA).

La causa recayó sobre Juan Carlos Kategora, quien hasta hace pocos días ejercía la conducción de la Escuela N.° 733 en San Vicente y presentó su renuncia tras tomar estado público el caso.

La presentación en la Fiscalía de Instrucción Penal N.° 1 de Posadas fue promovida por el diputado provincial Cristian Castro, quién solicitó que se investigue si las conductas encuadran en los delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público”.

En respuesta al escándalo, el Consejo General de Educación (CGE) abrió un sumario administrativo y dispuso auditar todas las licencias docentes de largo tratamiento vigentes en la provincia.

Las ausencias acumuladas por el sospechoso en el establecimiento de Colonia Paraíso equivalen a más de nueve años de actividad escolar, articuladas mediante continuas reincorporaciones seguidas de nuevos pedidos médicos.

La investigación busca determinar si existió una incompatibilidad de funciones con su desempeño en la firma eléctrica y qué haberes percibió en ambos organismos, al considerar que en Educación cobraba un adicional del 80% por zona desfavorable y que solo en 2026 registró 146 días de ausentismo.

Asimismo, la presentación judicial incluyó un requerimiento a Migraciones para cruzar las fechas de sus permisos con publicaciones en redes sociales que lo muestran en lugares como Abu Dabi o Aruba.

Respecto de las irregularidades documentales, la presidenta del CGE, Daniela López, advirtió que “si se detectaran adulteraciones en certificados, firmas o diagnósticos, podrían surgir responsabilidades que excedan al docente y alcancen a quienes hubieran intervenido en la confección o validación”.

De forma paralela, el sumario puesto en marcha indagará el rol de la Junta Médica local para establecer si existieron complicidades en la concesión de los beneficios.