Una controversia judicial en torno a una propiedad ubicada en el barrio Constitución sumó un nuevo capítulo tras los incidentes registrados el pasado martes, cuando varias personas habrían ingresado al inmueble luego de cortar una linga y un candado colocados en el acceso perimetral. Los hechos motivaron la intervención policial y forman parte de una investigación penal en trámite.

El episodio ocurrió en una vivienda situada en la esquina de José Ingenieros y Mariani, cuya situación judicial se encuentra atravesada por un proceso de ejecución hipotecaria que ya cuenta con una subasta decretada y un martillero designado.

A través de un comunicado aclaratorio difundido en las últimas horas, se expusieron una serie de antecedentes judiciales y cuestionamientos sobre los acontecimientos registrados en la propiedad, en respuesta a distintas versiones que circularon en medios de comunicación y redes sociales.

Según se indicó, en septiembre de 2024 la Justicia ordenó el desalojo del inmueble en el marco de la ejecución hipotecaria promovida contra su titular registral.

La persona que figuraba como propietaria acató entonces la resolución judicial y, por intermedio de su abogado, depositó las llaves en el expediente. Además, dejó constancia de que la vivienda se encontraba desocupada y sin mobiliario.

El comunicado sostiene que, a partir de ese procedimiento, el titular registral dejó de tener la posesión y la tenencia material del inmueble, una circunstancia que considera central para interpretar los acontecimientos posteriores.

Una serie de episodios bajo investigación

La controversia habría comenzado a profundizarse en julio de este año, cuando, de acuerdo con la presentación difundida, se registraron diversos episodios que la acreedora hipotecaria considera perjudiciales para sus derechos.

En ese contexto, el comunicado hace referencia a la intervención de una martillera que desarrolla su actividad en la zona de Constitución, integrantes de su entorno familiar y un abogado del medio local.

La presentación cuestiona la participación de estas personas en distintos acontecimientos relacionados con el inmueble y señala que se denunciaron ingresos controvertidos a la propiedad, pese a encontrarse sometida a un proceso judicial con subasta decretada.

Uno de los puntos planteados es cómo podrían haberse utilizado llaves para ingresar a la vivienda después de que el titular registral las hubiera depositado en sede judicial.

También se señala que no existiría constancia de una autorización judicial solicitada por el titular registral para ingresar nuevamente al inmueble.

Frente a estos acontecimientos, los hechos y la posible actuación coordinada de las personas mencionadas fueron puestos en conocimiento de la Justicia Penal, con el propósito de establecer si existieron conductas delictivas y determinar las eventuales responsabilidades individuales.

No obstante, el propio comunicado aclara que no se anticipan conclusiones sobre la responsabilidad de los involucrados, una cuestión que deberá resolver la Justicia.

El último episodio

El hecho más reciente se produjo el martes, cuando, según la denuncia, varias personas habrían utilizado una herramienta para cortar la linga y el candado que protegían el acceso perimetral.

Posteriormente, habrían ingresado tanto al predio como al interior de la vivienda. De acuerdo con la información difundida, la secuencia quedó registrada en videos y provocó la intervención de efectivos policiales.

Este episodio se incorporó a las actuaciones que tramitan ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 12 del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del fiscal Ferreyra.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los ingresos denunciados y determinar si corresponde atribuir responsabilidades penales a alguna de las personas involucradas.

Uno de los aspectos centrales del conflicto es la situación jurídica del inmueble, ya que la titularidad registral no necesariamente implica conservar su posesión o tenencia material.

Precisamente, el comunicado insiste en que ese punto habría sido omitido en algunas de las versiones difundidas sobre los incidentes. La existencia de una ejecución hipotecaria, una orden de desalojo cumplida en septiembre de 2024 y una subasta judicial decretada constituye, según la presentación, un conjunto de antecedentes indispensables para comprender el conflicto.

Desde la posición de la acreedora hipotecaria se considera que los episodios registrados desde julio podrían afectar sus derechos sobre el bien sujeto a ejecución. La controversia, además, adquirió repercusión entre los vecinos del barrio Constitución, a partir de la difusión de distintas versiones sobre los acontecimientos ocurridos en la propiedad.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación judicial. Será la Fiscalía interviniente la encargada de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar si existieron delitos o responsabilidades que justifiquen nuevas medidas procesales.