El paisaje parece sacado de una postal que promociona el lugar soñado para vivir. Sobre un acantilado, hay al menos diez cabañas con vista al mar, donde sólo unos privilegiados pueden disfrutar del amanecer ideal y una vida tranquila a pocos kilómetros de la ciudad. Lo que parece el sueño cumplido de unos afortunados derivó en un escándalo: vecinos y ambientalistas denunciaron que esas cabañas fueron construidas de manera ilegal en terrenos de la Municipalidad y en los que además se encuentra la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur.

“Los vecinos están todos muy preocupados porque ven crecer un barrio privado en un sector donde no se puede.  Ese es un espacio público que todos debieran poder disfrutar“, le dice a LA CAPITAL Karina Huarte, integrante de la Asamblea por los Espacios Públicos, ONG impulsora de la denuncia. Y da un ejemplo contundente: “Es como si yo me pusiera a construir un casa en el medio de la Plaza Colón y me fuera a vivir con mi familia”.

El predio está ubicado en el kilómetro 544 de la ruta 11 – a metros de la calle que lleva al country Marayui- y fue cedido de manera precaria por la Municipalidad a la asociación civil “Rancho Móvil”. En la página web de la agrupación se destaca que el lote tiene cuatro hectáreas, está cercado y arbolado y cuenta con bajada al mar. Según el permiso que les fue otorgado sólo puede haber casillas rodantes, pero ahora está repleto de casas. “Es un misterio lo que pasa ahí. Nadie sabe con qué autorización se construyeron esas viviendas privadas y qué hace Rancho Móvil con el lugar”, dice Huarte.

La grave denuncia de los vecinos y los ambientalistas derivó en que el Concejo Deliberante elevara un pedido de informes para que el Ente Municipal de Turismo diera detalles de lo que sucedía en el predio. El primero de octubre del año pasado llegó la respuesta. “Las construcciones denunciadas no han sido autorizadas por este ente y se desconoce la titularidad de las mismas. En virtud de ello, se han labrado las actas de inspección pertinentes y se ha intimado al permisionario a denunciar a quién pertenecen y a desmontar las mismas bajo apercibimiento”, respondió por escrito la presidenta del ente, Gabriela Magnoler. En ese momento, las cabañas eran tres, ahora esa cifra se multiplicó. Las intimaciones y los apercibimientos no funcionaron.

“Las construcciones denunciadas no han sido autorizadas por este ente y se desconoce la titularidad de las mismas”, aseguró en una nota al Concejo la presidenta del Emtur, Gabriela Magnoler

La situación en Rancho Móvil le seguirá trayendo complicaciones a Magnoler: fue convocada a una sesión especial en el Concejo para responder preguntas sobre las irregularidades que se detectaron en estos terrenos y la situación en la que se encuentran todas las unidades turísticas fiscales que dependen de la Municipalidad. Los concejales opositores esperan este momento para acorralar a la funcionaria con preguntas que apuntarán a buscar explicaciones sobre por qué creció la cantidad de cabañas cuando debían desmontarse.

Desembarco

El desembarco de Rancho Móvil en los terrenos de la Unidad Turística Fiscal Arroyo Seco se aprobó en el Concejo Deliberante el 16 de diciembre de 2009 durante la gestión de Gustavo Pulti. En la ordenanza se establece que la asociación tendrá un permiso precario para funcionar en esa zona hasta que se realice una licitación pública. El texto es claro: sólo se podrán instalar vehículos con “casillas rodantes y afines”.

Las denuncias de vecinos e integrantes de la Asamblea de Defensa de Espacios Públicos comenzaron el año pasado cuando detectaron la construcción de las tres primeras cabañas. “Todas esas obras que se hacen sobre la costa deben hacerse sobre materiales móviles. Es decir, que se puedan sacar y poner. En Rancho Móvil nos encontramos que estaban haciendo casas donde viven familias que son sólidas y están sobre la reserva forestal”, cuenta Huarte.

“Es muy fuerte darle la espalda a la comunidad con este tema. Tiene un costo político negativo que nadie quiere llevarse. A no ser que haya muchos negociados que no permitan hacerlo”, dice la ambientalista Karina Huarte.

Después de la primera denuncia, una de las casas fue desmontada y parecía que la situación iba a normalizarse. Pero nada de eso ocurrió: con el paso del tiempo fueron cada vez más las viviendas que se instalaron.

LA CAPITAL sobrevoló ayer la zona con un drone y la imagen fue contundente: en la primera línea al mar ya hay al menos diez cabañas construidas. A esas hay que sumarles las que están en el interior del terreno. “La sensación es horrible y el sentimiento es feo”, dice Huarte sobre el crecimiento de ese número. “Hay desidia sobre el espacio público. No se respeta un bien común que debemos respetar todos”, asegura. Y explica las consecuencias: “Estas construcciones que se están dando afectan ampliamente al medio ambiente. No es sólo lo visual, sino el uso del espacio. Los desechos que esa gente genera van al mar sin ningún tipo de planeamiento”.

La indignación de los vecinos y los ambientalistas además creció en los últimos días. Un video que circuló por Whatsapp muestra a una de las propietarias del lugar describiendo su cabaña. “Este es nuestro ranchito. Hay sofá cama, cocinita, baño, calor para el invierno. También tenemos vecinos y hay de todo”, dice la mujer mientras destaca la vista al mar y las comodidades del lugar donde sólo debería haber casillas rodantes. “Esto es producto de las faltas de controles que hay y de estas políticas que no están de acuerdo con el uso del espacio público como algo de todos”, reitera Huarte.

Una captura del video que le llegó a los vecinos que se oponen a las cabañas.

En la ordenanza 19520 se establecen además una serie de requisitos que Rancho Móvil deberá cumplir para poder estar en el lugar: realizar obras de infraestructura, trabajos recuperación paisajística y equipamiento para apoyar la actividad que se va realizar. Además, la norma establece que los accesos al lugar serán de uso público y “no podrán ser obstaculizados”.

Los vecinos aseguran que este punto se cumple a medias. Es que para acceder a la playa hay una pequeña abertura que lleva hasta la orilla. “Ahora plantaron palmeras y es obvio que cuando crezcan ese camino va a quedar bloqueado. Hacen los mismo que en muchas playas”, cuenta Germán García, vecino de la zona.

El crecimiento de la construcciones en el último tiempo no desmoraliza a los ambientalistas en su lucha. “La verdad es que si uno no tuviera la convicción que esto puede cambiar, no seguiríamos luchando por estos espacios.

Considero que en algún momento se van a demoler porque hay mucha concientización de los vecinos. No hacerlo serías darle la espalda a la comunidad”, dice Huarte. Y analiza: “Es muy fuerte darle la espalda a la comunidad con este tema. Tiene un costo político negativo que nadie quiere llevarse. A no ser que haya mucho negociados que no permitan hacerlo”.