Desde la sanción de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, reformada en 2012 por la Ley N° 26.842, en Argentina se dictaron hasta 410 sentencias condenatorias por el delito de explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el último año, fueron 35.

Estas cifras se desprenden de las estadísticas elaboradas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas.

El relevamiento de la oficina especializada indica que, en el caso específico de la explotación sexual, desde 2008 se individualizaron 814 personas condenadas por este delito. Más del 80% son de nacionalidad argentina y, en relación al género, el perfil predominante entre los condenados es el masculino.

En ese mismo período, se identificaron 1.715 víctimas de trata con fines de explotación sexual. La gran mayoría son mujeres y cerca al 9% corresponde a niños, niñas y adolescentes al momento de los hechos.

Nuevas formas de captación y explotación

En este contexto, desde PROTEX advirtieron acerca de las nuevas formas de captación y explotación que complejizan el abordaje del delito. Entre ellas, el reclutamiento de personas como “correos humanos” para el transporte de sustancias estupefacientes; la explotación reproductivo mediante subrogación de vientre con fines comerciales, donde mujeres en situación de vulnerabilidad son instrumentalizadas en circuitos transnacionales; y la explotación sexual facilitada por plataformas virtuales, que operan de forma anónima, profesionalizada y con uso intensivo de tecnologías digitales y criptoactivos.

Según los datos de la Protex, tras analizar los últimos años se identifica que desde el 2019 hasta el 2021 se sostiene que la mayor cantidad de casos de explotación sexual corresponden con denuncias en  prostíbulo, whiskería o locales nocturnos.

Sin embargo, luego del 2020, sobre todo por las restricciones en la pandemia por covid, la vía pública volvió a ser un lugar utilizado para la oferta de servicios sexuales. El cambio de la dinámica del lugar de explotación se da en el 2022, cuando se ubica en primer lugar la explotación en domicilio particular, tendencia que continúa hoy.

Los investigadores consideran que la pandemia aceleró el proceso de digitalización como generador de un nuevo contexto o ámbito para la explotación sexual.

La tendencia de los últimos años destaca una evolución de las formas de explotación sexual, desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales. Este proceso de “digitalización” o “deslocalización” se ve junto con el exponencial crecimiento de plataformas para vender contenido sexual, lo que permite que la trata de personas y la explotación sexual a través de medios digitales hayan encontrado nuevas formas o vías de expresión.

Esta nueva modalidad que surge gracias a las innovaciones tecnológicas y las plataformas digitales
aún no se ha generalizado, pero sí se puede observar el surgimiento de nuevos casos que es preciso
identificar, gestionar, informar y litigar, en el sentido jurídico penal de situaciones de explotación sexual.

Los investigadores destacan que las víctimas se encuentran en mayor vulnerabilidad ante diferentes formas de violencia que trae aparejada la “deslocalización” o “digitalización” como ámbito de explotación, ya que además de la violencia física, sexual y psicológica existe una violencia relacionadas con la exposición digital. El anonimato de los “consumidores” facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres.

Concretamente, la línea 145, ha recibido denuncias de casos de ofertas laborales engañosas con denuncias de mujeres que manifestaron haber sido víctimas de explotación sexual mediante su participación como “modelos web cam” de una empresa de “talentos o modelaje”. En uno de esos casos, existía una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a mujeres en “estudios webcam”.

El 23 de septiembre

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas fue propuesto en el marco de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, receptada durante la Conferencia de Mujeres desarrollada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

El 23 de septiembre fue elegido debido a que en esa fecha de 1913 el Senado de la Nación Argentina sancionó la ley N°9.143, un proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios, que se convirtió en la primera ley en el mundo en penar la trata de personas con fines de explotación sexual y en brindar protección a las personas menores de edad frente a ese delito.