El retiro de muebles y equipamiento en dos camionetas, el cambio de la cerradura de acceso y una serie de trabajos de refacción quedaron bajo investigación en una causa por usurpación de un hotel de la calle French al 3600. A partir de la denuncia del propietario, Sergio Daniel Jiménez, la Justicia reunió testimonios y distintas evidencias que apuntaron a una maniobra para desplazarlo de la posesión del inmueble.

La investigación comenzó el 7 de abril de 2026, cuando Jiménez recibió un mensaje de un vecino que le advirtió que estaban sacando elementos del establecimiento. Al llegar, encontró a varias personas en el lugar y advirtió que faltaban numerosos bienes necesarios para el funcionamiento del hospedaje. Entre ellos había un horno pizzero, anafes industriales, una bomba elevadora de agua, heladeras, un frigobar y camas.

El propietario llamó al 911 y, según declaró posteriormente, también constató que algunas puertas interiores habían sido violentadas y que el hotel estaba prácticamente desmantelado. En una de las habitaciones se encontraba Noelia Fernanda González junto a su hija menor de edad.

Jiménez explicó que González se alojaba allí desde octubre de 2024 y que había pagado inicialmente por su estadía mediante transferencias. Según su testimonio, la mujer había dejado de abonar el alquiler y él no mantenía contacto personal con ella desde diciembre de 2025. También señaló que la mujer había vivido en el establecimiento con su pareja, Pablo Arce, conocido como “el mendocino”.

La hipótesis judicial sostiene que ambos, que ocupaban una habitación como inquilinos, cambiaron la cerradura del acceso principal y le impidieron al propietario entrar al hotel. De acuerdo con esa reconstrucción, habrían contado con la colaboración de Sebastián Castiglione, a quien designaron como cuidador del establecimiento.

Uno de los elementos que impulsó la investigación fue el testimonio de un vecino que había alertado a Jiménez sobre el retiro de pertenencias. El hombre dijo haber observado cómo cargaban elementos en dos camionetas, fotografió uno de los vehículos y envió las imágenes al propietario. También declaró que González y Arce se retiraron posteriormente y que otras personas comenzaron a limpiar, pintar y colocar cámaras en el edificio.

La pesquisa incorporó además el testimonio de un hombre que, el día siguiente a la denuncia, se comunicó con Jiménez porque González le había ofrecido el hotel en venta. El propietario le respondió que el inmueble estaba usurpado.

Con el avance de las actuaciones, la Policía constató que la llave aportada por Jiménez ya no coincidía con la cerradura colocada en la puerta de acceso. Esa verificación se realizó el 1 de junio. También se agregaron fotografías de los trabajos de pintura en la fachada, de la remoción del cartel original y de un contenedor con restos de materiales, colchones y muebles.

Otro dato incorporado al expediente surgió de la declaración de un representante de la empresa La Feliz, quien informó que habían contratado seis contenedores para el domicilio de French al 3600. Los investigadores también entrevistaron a Castiglione, quien el 10 de junio manifestó que trabajaba como cuidador, contratado por un hombre llamado Walter. Según esa versión, había llegado al lugar unos dos meses antes y conocía a González.

A partir de esos elementos, la Justicia consideró que existían indicios suficientes para sostener provisionalmente la hipótesis de una usurpación mediante abuso de confianza. La causa quedó encuadrada en el artículo 181, inciso 1, del Código Penal.

La defensa de Castiglione cuestionó esa interpretación y sostuvo que el hombre solo cumplía tareas de cuidado y mantenimiento, además de considerar que el conflicto debía resolverse en el fuero civil. Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías rechazó el planteo y confirmó la decisión de la jueza de Garantías Rosa Frende de desalojar a los ocupantes y restituir el inmueble a Jiménez.

Los camaristas entendieron que las pruebas reunidas permitían sostener, en esta etapa del proceso, que el propietario había sido privado de la posesión del hotel. La restitución deberá realizarse previo inventario de los bienes que se encuentren en el lugar, sin que la resolución implique una definición definitiva sobre eventuales controversias dominiales.