El Ministerio de Modernización sostuvo que la eliminación del régimen de aumentos adelantados en las escuelas privadas permitirá que los aranceles acompañen la economía sin picos abruptos. Apuntan a ordenar el vínculo entre costos escolares y precios generales.
El Ministerio de Modernización defendió la modificación del marco regulatorio que rige a las escuelas privadas sin aportes estatales. La cartera que conduce Federico Sturzenegger explicó que el cambio busca habilitar ajustes de cuotas acordes a la evolución de la economía y evitar incrementos definidos con meses de anticipación.
Según el Gobierno, la actualización ofrece un escenario más claro para las instituciones y reemplaza un esquema que, en su visión, terminaba generando aumentos preventivos. El área precisó que el nuevo sistema establece una dinámica de ajustes “graduales”, con el fin de que las cuotas no se despeguen del resto de los precios ni presenten saltos abruptos.
La medida alcanza a los colegios privados sin subsidio, que representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos del país, unas 2.000 instituciones distribuidas en distintas provincias.
El cambio normativo se concretó por iniciativa del Ministerio de Capital Humano mediante la derogación del Decreto N.º 2417/1993. Aquella norma obligaba a los colegios a comunicar cada noviembre el valor de la matrícula y de las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Según el Ejecutivo, esa exigencia impulsaba a las escuelas a prever aumentos sin información precisa sobre el contexto económico del año siguiente.
En la comunicación oficial, el Gobierno señaló que ese mecanismo derivaba en ajustes superiores al promedio de la economía. Como ejemplo, mencionó que en 2024 la inflación general fue de 117,8%, mientras que las cuotas escolares treparon 169%.
El Ejecutivo planteó que el régimen anterior no aportaba previsibilidad a las familias y ampliaba la porción de ingresos destinada a la educación privada. Con el nuevo esquema, argumentó, se busca estabilizar el gasto educativo y evitar decisiones basadas en escenarios macroeconómicos inciertos.
La actualización habilita a cada institución a definir sus aranceles según sus costos y su situación financiera dentro de un marco regulatorio unificado. El Ministerio de Modernización considera que este cambio facilita una administración más previsible y contribuye a sostener la actividad de las escuelas privadas sin aportes estatales.
El texto oficial concluye que la modificación procura equilibrar las necesidades de las instituciones y de las familias, y establecer condiciones más estables para la gestión educativa.