A partir de dos proyectos de ley de La Libertad Avanza y el PRO, el sector se debate entre dos visiones contrapuestas del mercado y la actividad inmobiliaria. Las arbitrariedades y limitaciones de los Colegios profesionales vs la apertura, el dinamismo y la competencia.

Con la libertad, la eficiencia y la equidad como banderas, diversos proyectos buscan avanzar en una desregulación del sector inmobiliario. Más allá de que las iniciativas provienen de distintos espacios políticos todas apuntan a terminar con la atomización de la industria experiment, así como a favorecer la competencia.

A partir de diferentes proyectos de ley, los protagonistas del sector inmobiliario se preguntan por estas horas qué es lo que está en juego. Los expertos aseguran que lo que se discute es una verdadera transformación que elimine la burocracia, los personalismos, los privilegios y la cartelización. “La regulación que tiene el sector desde hace décadas ha derivado en cartelización de precios, reparto de mercados, restricción de entradas al mercado inmobiliario y otras prácticas restrictivas de la competencia redundando, en definitiva, en perjuicios directos para el consumidor”, afirmó un especialista en Abogacía del Estado.

Esas cuestiones han sido puestas sobre la mesa, por ejemplo, por el proyecto de la diputada Marcela Pagano (La Libertad Avanza), que busca modificar el Decreto 2293/1992 y eliminar la obligatoriedad de la matriculación en colegios profesionales, consejos y asociaciones. “Quien lo quiera pagar, que sea libre de hacerlo. Tienen que empezar a dejar laburar en paz a la gente. Y eso aplica tanto para Colegios como para Consejos Profesionales. Aparte son costos ocultos que al final del camino inflan los precios”, señaló Pagano en relación a su proyecto y los aportes que los profesionales hacen para la matriculación y cajas específicas.

La iniciativa oficialista propone eliminar “la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los profesionales”.

En la misma línea se ha expresado el diputado nacional Alejandro Bongiovanni (PRO), que también presentó un proyecto para desregular la burocracia corporativa en el sector inmobiliario. Denominado Ley de Libertad Inmobiliaria, la iniciativa busca “garantizar la libertad de acceso y ejercicio de la actividad comercial de intermediación en operaciones sobre bienes inmuebles, eliminando las restricciones legales que limiten la misma, promoviendo la libre competencia entre oferentes, y asegurando a los consumidores el derecho a elegir libremente a sus intermediarios”.

Además de apuntar contra la necesidad de poseer título universitario como condición de acceso o permanencia en esta actividad, así como la obligatoria inscripción en registro o matrícula alguna y las restricciones geográficas ridículas, Bongiovanni ponderó: “Lo que se propone es reestablecer el derecho a trabajar y ejercer industria lícita del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional”.

La búsqueda de un mercado más abierto y dinámico, más transparente y con mayor competencia es compartida por miles de profesionales en todo el país, muchos de los cuales han apostado hace años por el trabajo colaborativo y en red, en contrapartida al enfoque individualista y mezquino auspiciado por los dirigentes de los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos. Aunque esas instituciones se han mantenido lejos de las nuevas tecnologías y las buenas prácticas que son tendencia en otros países vanguardistas en materia de bienes raíces, los líderes del sector en la Argentina han advertido la necesidad impostergable de sumar esas herramientas en el trabajo diario para hacer frente a los vaivenes de la actividad.

“La exigencia de un título universitario y la inscripción en los colegios profesionales implica barreras artificiales que limitan el acceso a la actividad, limitando la competencia”, señaló Bongiovanni. Y en relación con los aranceles mínimos y los honorarios fijos agregó: “La fijación de precios mínimos por los Colegios impide la libre negociación entre las partes, encareciendo artificialmente las transacciones y perjudicando a los consumidores”.

Así, tal como subraya un experto, lo que parece estar en juego frente a una posible desregulación del mercado inmobiliario son “las concepciones arcaicas que se resisten a mantener un status quo en franca decadencia”.