La fiscal Lorena Irigoyen aseguró ayer que la dependencia a su cargo logró resolver en el transcurso del último año unos 40 casos de usurpaciones y destacó que esta es una cifra “significativamente alta” que revela la magnitud que posee esta problemática en el Partido de General Pueyrredon.
La funcionaria aportó este dato durante una jornada de trabajo desarrollada ayer en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, donde explicó de qué manera la fiscalía especializada en usurpaciones está trabajando desde su reciente creación y describió cuál es el tipo de respuesta que la Justicia penal puede brindar frente a estos casos.
Irigoyen aseguró que una de las claves para actuar frente a estas situaciones radica en la existencia de una activa y rápida reacción por parte de los vecinos para detectar los delitos a tiempo y darlos a conocer ante las autoridades.
La funcionaria indicó que para que existan usurpaciones, desde el punto de vista legal deben presentarse ciertas condiciones tales como el uso de la violencia, el ingreso subrepticio o el abuso de confianza, las cuales no siempre están presentes cuando se produce una ocupación ilegal de una vivienda o de un terreno baldío.
De este modo la fiscal aclaró cuáles son las condiciones que deben producirse para que un caso pueda ser encuadrado dentro de la legislación penal, al margen de las actuaciones que pueda llevarse adelante el fuero civil para establecer quién es el auténtico dueño de una propiedad para lograr su posterior restitución.
Por eso insistió en la importancia de crear conciencia entre los vecinos sobre la realización de denuncias cada vez que perciban situaciones sospechosas.
En este sentido aconsejó que preferentemente las hagan a través del servicio del 911 para que de este modo todas las actuaciones queden documentadas y tengan validez como prueba en una eventual causa judicial.
La jornada de trabajo durante la cual la fiscal brindó estas precisiones se llevó a cabo a instancias del concejal de la UCR Mario Rodríguez, con la presencia del presidente del cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui, el defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, concejales y funcionarios del Ejecutivo.
“Esta iniciativa surgió a partir de demandas de los vecinos de diversos barrios, no sólo de la periferia sino también del sector céntrico. Entendemos que hay que profundizar la relación entre el municipio, la Justicia, la Policía y los vecinos y conformar un protocolo de acción aceitado para acercarnos a una solución”, dijo Rodríguez.