El diputado nacional marplatense Juan Aicega, junto a sus pares alineados al ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y al exministro del Interior Rogelio Frigerio, propusieron una alternativa para evitar la expropiación de Vicentín.

La intención es que la empresa desarrolle un plan de integración de “gerenciamiento participativo”, a cargo de dos entidades de reconocida trayectoria e idoneidad como la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Si bien los legisladores de Juntos por el Cambio rechazan el DNU del Gobierno que avala la eventual expropiación de Vicentin, consideraron que “es necesario no quedarse solamente en el desacuerdo”. “Por eso, proponemos que la empresa sea gerenciada por acreedores afines al sector para no solo asegurarle la fuente laboral a miles de argentinos, sino también garantizar que se cumpla el pago de la deuda de la empresa”, aseguró Aicega, respaldado por su par Sebastián García De Luca, impulsor de la propuesta.

Los legisladores proponen que el juez del concurso defina en el rol de administrador o gerencia participativa de la empresa a acreedores con conocimiento en la materia junto a una alianza estratégica de acreedores. “Entendemos que la función del Gobierno nacional solo se debe limitar a cobrar los créditos otorgados por el Banco Nación, al igual que deben hacerlo la provincia de Buenos Aires y la Ciudad a través de sus respectivas entidades bancarias”, agregó Aicega.

La alternativa planteada establece que el juez de la causa no solo determine quién ocupará la función de administrador o gerente general a cargo del directorio de Vicentin, sino que además asigne el resto de las funciones en la empresa hasta su saneamiento.

En el proyecto se propone que la gerencia general de Vicentín se desdoble en dos. Por un lado en “gerencia de producción”, que garantizaría el pago inmediato de las deudas que la empresa contrajo con pequeños productores que hoy atraviesan serias dificultades económicas, y por otro lado en “gerencia de reestructuración del capital social”, que tendría el objetivo de buscar inversores nacionales para recuperar la empresa y garantizar el funcionamiento a futuro de la misma.

“Está claro que como oposición responsable debemos levantar nuestra voz para denunciar el atropello del Gobierno nacional contra las instituciones privadas, la Constitución y el Poder Judicial. Por eso, es necesario también presentar un plan alternativo viable para mantener los puestos de trabajo y cumplir con los compromisos asumidos por la empresa”, sentenció Aicega.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de los diputados de PRO Domingo Amaya, Humberto Orrego, Felipe Álvarez, Martín Grande, Gabriel Frizza, Federico Frigerio, José Luis Patiño, Francisco Sánchez, Eduardo Cáceres y Gustavo Hein.