La Cámara de Diputados convocó este martes a una audiencia pública para recibir opiniones de expertos y ambientalistas sobre el proyecto que modifica la ley de glaciares, impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei y aprobado en febrero por el Senado, que busca incentivar la actividad minera en zonas cercanas a estas formaciones.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial y establece dos jornadas de debate, previstas para el 25 y 26 de marzo, en las que podrán participar especialistas, organizaciones y ciudadanos interesados en expresar sus posiciones sobre la nueva ley.

El 25 de marzo expondrán quienes se inscriban para participar de manera presencial, mientras que el 26 de marzo lo harán los participantes que intervengan de forma virtual.

Según el abogado ambientalista Enrique Viale, una de las voces opositoras a la reforma de la ley, ya hay más de 18 mil personas inscriptas y la audiencia podría extenderse a más de dos jornadas.

El Senado aprobó el pasado 26 de febrero el proyecto que modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

La actual legislación fue aprobada en 2010 -es una norma pionera en Latinoamérica- y establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

La reforma generó polémica en sectores ambientalistas, que la rechazan por su posible impacto sobre los ecosistemas de montaña y las cuencas hídricas.

El proyecto otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

El Gobierno alegó que esta modificación es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.