LA PLATA (Corresponsalía) – Los diputados provinciales Karina Nazabal, Gustavo Di Marzio y Juan Debandi, acordaron con 60 representantes estudiantiles de 20 universidades nacionales, provinciales e institutos de formación profesional, elevar desde su bloque en la Cámara baja una solicitud de audiencia a la Gobernación, para avanzar en la pronta reglamentación de la Ley de Boleto Educativo.
En el encuentro con los estudiantes se expresó la necesidad de solicitar a la actual administración provincial la conformación de una mesa de trabajo conjunta con las representaciones educativas, políticas y sociales, como veedores y garantes de la ley sancionada.
En ese sentido, la diputada provincial y autora de la iniciativa, Karina Nazabal, aseguró que “estamos frente al comienzo del ciclo lectivo, en muchas universidades comenzaron los cursos de ingresos, cursadas de verano y fechas de finales, los estudiantes podrían estar haciendo uso de su derecho y todavía no tenemos información sobre la reglamentación de la ley”.
La legisladora puntualizó que “esta es una ley que sacamos con el consenso de todos los bloques legislativos y que vemos demorada su implementación” y recordó que “el Boleto Educativo es la síntesis de una democracia que 40 años después de la ‘Noche los Lápices’ reivindicó ese derecho de los estudiantes”.
A su turno, Gustavo Di Marzio, subrayó que “vemos cómo el tarifazo, los aumentos de precios y la escalada inflacionaria impactan directamente sobre las familias de los sectores más vulnerables, también en los estudiantes que con muchísimo esfuerzo están queriendo terminar sus carreras”.
Por su parte, su par en el recinto de avenida 53, Juan Debandi, aseguró que “la reglamentación de esta ley fue una de las condiciones que se expresaron para votar el presupuesto, tiene financiamiento asignado en la ley de leyes”.
Finalmente, los estudiantes expresaron su alerta por diversos recortes presupuestarios en universidades nacionales y provinciales, como también los aumentos del costo en los alimentos, tarifas, transporte y alquileres, que dificultan el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación superior.