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Policiales 6 de abril de 2024

Dos de los condenados por la muerte de Báez Sosa apelarán sus condenas

Máximo Thomsen "tiene una renovada esperanza" tras cambiar de abogado y está dispuesto a "contar cosas que nunca dijo". Matías Benicelli apelaría su pena ante la Corte.

Dos de los ocho jóvenes condenados por el asesinato en 2020 de Fernando Báez Sosa, que conmocionó a la opinión pública, apelarán sus condenas a cadena perpetua, recientemente confirmadas por la Justicia.

El nuevo abogado de Máximo Thomsen, uno de los cinco jóvenes condenados a cadena perpetua por la muerte de Báez Sosa en Villa Gesell, aseguró en una entrevista televisada que el acusado “tiene una renovada esperanza” tras cambiar de defensa y que está dispuesto a “contar cosas que nunca dijo”.

Hasta ahora, los popularmente conocidos como ‘rugbiers’ no habían roto su supuesto ‘pacto de silencio’ alrededor del caso, pero la confirmación de sus penas motivó un cambio en las estrategias de varios de los condenados.

Además del letrado de Thomsen, el abogado de Matías Benicelli, también condenado a cadena perpetua, anunció que su defendido apelaría su pena ante la Corte.

Thomsen, Benicelli, Enzo Comelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión de por vida por la muerte del joven Báez Sosa, mientras que Blas Cinalli, Ayrton Violaz y Lucas Pertossi recibieron condenas de 15 años de prisión.

Los condenados se habían desplazado Villa Gesell durante el verano de 2020 por sus vacaciones.

La noche del 18 de enero mantuvieron una discusión con Báez Sosa y sus amigos dentro de una discoteca, posteriormente fueron expulsados del lugar y aguardaron al joven en el exterior del local, donde finalmente le tendieron una emboscada y le golpearon.

Báez Sosa murió a causa de un paro cardíaco provocado por los múltiples traumatismos en su cabeza, abdomen y mandíbula, que le desencadenaron una hemorragia masiva.

Fernando Báez Sosa vivía en Buenos Aires con sus padres, Graciela Sosa y Silvino Báez, de origen paraguayo.

El asesinato del joven generó el repudio generalizado de la opinión pública en ambos países, donde se siguió de modo exhaustivo el caso.