El Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) cuestionó duramente la medida cautelar que dictó ayer el juez federal Santiago Martín, que ordenó la suspensión de la exploración de recursos hidrocauburíferos en el Mar Argentino.

Según la entidad, la decisión, que será apelada por el Gobierno nacional, “abona la sospecha de imprevisión y falta de controles en el otorgamiento de permisos”.

“En el fallo se hace mención a la falta de consulta previa, estudios de impacto ambiental incompletos y falta de publicidad sobre los términos, lo cual demuestra un preocupante desconocimiento de los procedimientos por parte de quienes decidieron la prohibición”, lanzó.

Para el IAPG, eso “constituye una injusticia” tanto para la industria del petróleo y el gas como para “las decenas de instituciones técnicas, científicas y académicas cuyos profesionales de gran prestigio trabajaron en el permiso durante meses”.

Explicó que “el permiso para explorar tres áreas de la Cuenca Argentina Norte siguió puntillosamente cada uno de los pasos que exigen las nuevas regulaciones argentinas, consideradas entre las más estrictas del mundo”.

“Durante meses, numerosas dependencias del Estado Nacional, varias de ellas, parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Energía de la Nación, analizaron, observaron y corrigieron el estudio, en varias rondas de consultas técnicas”, agregó. “También participaron otras, como la Prefectura Naval, la Armada, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero”, acotó.

El IAPG recordó que “el proceso incluyó una audiencia pública que duró tres días seguidos y de la que participaron cientos de personas y entidades de todo el país”. “El Municipio de General Pueyrredon no lo hizo por decisión propia”, aseguró. Pero aclaró que “nadie impidió su participación ni tampoco puede aducir que no estaba enterado”. “¿Cómo se enteraron, entonces, cientos de personas e instituciones que sí participaron?”, se preguntó.

En esa línea, subrayó que “durante la audiencia pública, personas e instituciones manifestaron sus acuerdos y sus objeciones técnicas con absoluta libertad, a través de un canal en directo y abierto al público en general; información que luego el Estado tomó en cuenta para su decisión”.

“Por eso, como instituto técnico dedicado a los hidrocarburos queremos reafirmar y dejar en claro que ningún procedimiento ni acto requerido por las regulaciones para la aprobación de un permiso exploratorio fue salteado, minimizado ni dejado de lado”, indicó.

Destacó que “estos permisos no son un simple trámite, sino un trabajo científico técnico integral, que aborda el tema desde un sinnúmero de aspectos e involucra gran cantidad de profesionales de numerosas disciplinas” y que “requiere meses –a veces años– de trabajo”.

Por otra parte, sostuvo que “Mar del Plata no puede pretender sentirse dueña de decidir sobre un recurso que pertenece a todos los argentinos; que, de existir, se encuentra a más de 300 kilómetros de distancia, y en una jurisdicción que no le corresponde”.

“Estamos convencidos de que la exploración de los recursos offshore hace a nuestra soberanía y constituyen una oportunidad única y auspiciosa para un país al que hoy no le sobran oportunidades de este tipo y, por el contrario, debe lidiar con un sinfín de carencias”, añadió.

En ese sentido, consideró que, de haber hidrocarburos en el mar, “el beneficio será para todos los argentinos, como se demuestra en otros países que desarrollan sus recursos offshore, entre ellos Brasil, Noruega, Estados Unidos, Australia, México, Holanda y un larguísimo etcétera”.