Por Fernando del Rio

La historia criminal de Mar del Plata guarda entre sus páginas más perturbadoras un episodio para cuyo entendimiento se requiere algo más de atención que la que demandan los diez segundos de un reel o el scroleo infinito al que nos arrojan nuestros pulgares. Porque trata un suceso que empezó en junio de 1986 en una pensión céntrica, se conectó con otro de 1997 y concluyó frente a la incredulidad de un juez en junio de 2003.

Es el relato sobre Jorge Antonio Duarte, el hombre que prefirió morir en su casa de Batán antes de ser encerrado, probablemente de por vida, en una celda de la cárcel ubicada a menos de 2.000 metros de allí.

La secuencia tuvo su punto de partida en el otoño de 1986, cuando Duarte, de 25 años, todavía no residía en Batán sino en la pensión de Falucho 2651. Ese lugar era regenteado por María Francisca Pérez, una mujer de 48 años que concurría a una iglesia evangélica, madre de dos hijas de un primer matrimonio y separada poco antes de un largo concubinato. Era aficionada al folklore, tanto que se encargaba de otro negocio personal además de la pensión: explotar la peña “El Litoral”, ubicada en Peña y Tucumán.

Duarte mantenía con Pérez una relación con ambivalencias, de momentos confrontativos a partir de esos dos ámbitos que los encuentra, ya que además de ser huésped en la pensión, también oficiaba algunas noches de mozo en la peña. Derivado de esas tensiones, la mujer decidió a fines de mayo de aquel 1986 echarlo de la pensión y Duarte, a cambio, le enrostró algunas cuestiones y filtró también unas amenazas. Sin más remedio que retirarse de allí, Duarte se fue a ocupar una pieza al hotel Ricardo I de 3 de Febrero al 3300.

El 1° de junio por la tarde, como cada domingo, una de las hijas de María Francisca Pérez se acercó hasta la pensión de la calle Falucho a visitarla, pero nadie contestó a su llamado. Insistió y al no obtener ninguna respuesta se comunicó con otros familiares quienes, una vez allí, optaron por forzar la entrada. Al llegar a la habitación se encontraron con el cuerpo amordazado de María Francisco, en el piso y rodeado de manchas de sangre.

Fue el comisario de la seccional segunda, Emir Salgueiro, el encargado de perimetrar el lugar y aguardar la llegada del juez Pedro Hooft para comenzar a reunir las primeras pruebas.

Sospechoso y detenido

Al conocerse en detalle las distintas relaciones de la víctima, el foco investigativo se colocó sobre Duarte y sólo 24 horas más tarde fue detenido. Tenía en su poder algo de dinero suelto y unos fajos de australes sujetos con papel, lo que llamó la atención de los policías.

La defensa la asumió Felipe Salomoni y desde un primer momento se esforzó por convencer al juez Hooft de la inocencia de Duarte. Sin embargo, el magistrado insistió en que la prueba que ya se acumulaba en la causa 26.096 era suficiente no solo para sostener la imputación sino para pensar en la prisión preventiva.

Según Hooft y la investigación de la comisaría segunda, Duarte había ido el sábado por la noche al Jockey Pool y posteriormente, ya en altas horas de la madrugada, asistido al boliche Exclusive donde se había encontrado con el exconcubino de la María Cristina. En este último local también había estado con ellos un “alternadora” de nombre Tamara y ésta había recibido 100 dólares durante ese encuentro. Luego, con el plan de materializar aquellas amenazas, el joven Duarte se había dirigido hasta la pensión de la calle Falucho y, una vez en el interior de la habitación de María Cristina, la había agredido sexualmente, cortado con una navaja o cuchillo y luego estrangulado con un cordón de fibra sintética y algodón.

Un mes después, en la primera semana de julio, el juez dictó la prisión preventiva y el abogado de Duarte contestó de la manera que por aquellos años se hacía e interpuso un recurso de Hábeas Corpus. La Cámara de Apelaciones lo rechazó, pero a la vez pidió algunas medidas de prueba más como la elaboración de un croquis de la escena del crimen, la toma de testimonio a Tamara y un peritaje sobre la antigüedad de la sangre en la ropa del acusado. Algo de la acusación del juez Hooft no convencía a los camaristas.

Durante un año, Duarte esperó el proceso dentro de una celda de la cárcel de Batán mientras que el exconcubino de Pérez, aquel con el que supuestamente había estado en la madrugada del crimen, era declarado prófugo, no tanto por la prueba que pudiera incriminarlo sino por una necesidad judicial de que colaborara.

El caso no recibió muchas novedades en ese lapso y el 1° de septiembre de 1987 el juez Hooft condenó a Duarte por el homicidio y las amenazas en concurso real a la pena de 15 años de prisión. El enigma estaba resuelto: Duarte había matado a Pérez y le había sustraído algunos valores. De hecho, el móvil había sido el robo (animus lucrandi).

No probado

La apelación llegó a la Sala I de la Cámara y sus integrantes Alberto Radziunas y Carlos María Vallejo, con Jorgelina Camadro como secretaria reanalizaron todo el expediente para alcanzar una conclusión totalmente opuesta.

Para los camaristas, a diferencia del juez de primera instancia, no había posibilidad cronológica de que Duarte estuviera en la escena del crimen. Según los testimonios del personal de la Confitería Jockey Pool y del local nocturno “Exclusive”, el acusado permaneció en esos establecimientos durante la madrugada del hecho. Dado que el homicidio ocurrió entre las 5 y las 7.30 horas, el tribunal determinó que era inviable que Duarte hubiera podido trasladarse a la vivienda de la víctima en la calle Falucho para cometer el asesinato en ese lapso.

En segundo lugar, la justicia descartó los indicios materiales vinculados a un supuesto robo. Si bien Duarte portaba billetes de australes y entregó un billete de cien dólares a Tamara, el tribunal consideró que no había pruebas de que ese dinero perteneciera a la víctima, sugiriendo incluso que el dólar pudo ser aportado por el otro hombre que acompañaba al acusado. Además, el móvil del robo se consideró poco sólido porque en la escena del crimen se hallaron otros bienes de mayor valor, como alhajas y divisas bolivianas, que no fueron sustraídos.

Finalmente, se señalaron graves deficiencias probatorias en la acusación y en la evidencia física presentada. El cargo por amenazas con un cuchillo no pudo ser acreditado legalmente, y las marcas de “arañazos” en el cuerpo de Duarte fueron justificadas por su defensa como consecuencia de una afección circulatoria patológica y autolesiones, versión que fue respaldada por testigos y pericias médicas. Ante la falta de pruebas directas y la equivocidad de los indicios, el tribunal resolvió el 29 de noviembre de 1988 revocar la condena y ordenar su inmediata libertad de la Unidad Penal N°15 de Batán. Duarte aprovechó la cercanía y se quedó en aquella localidad.

Un misterio 11 años después

Alicia Fabiana Rodríguez había cumplido 13 años el 17 de marzo de 1997. Vivía en Batán con su padre Luis, tres hermanas y una madrastra. Tenía problemas de conducta y había sido institucionalizada en más de una ocasión, una conflictividad acaso originada en la ausencia de su madre biológica y, paradójicamente, la presencia de su padre. Porque la mujer que la había parido había abandonado la casa hacía ya algunos años asegurando que era víctima de violencia doméstica y que esa misma violencia se había trasladado a sus hijas.

El sábado 26 de abril por la tarde la menor se había ido hasta la casa de una amiga en Estación Chapadmalal y había avisado que se quedaba a dormir. Al día siguiente, cuando debía volver a su casa, tomó el colectivo 720 de regreso a las 20.30 y a mitad de camino del recorrido que debía hacer por la Avenida de Las Canteras, descendió. Los pasajeros indicarían luego que la habían visto saludarse con un hombre al subir y que había bajado con él en proximidades del establecimiento “La Carolina”, más precisamente en la parada del frigorífico Infriba.

Tras la denuncia por la desaparición impulsada por Luis Rodríguez en la comisaría octava de Batán, la policía dio comunicación a la juez Olga de Artola. Debido a que la menor había estado internada durante un mes en el Instituto Gayone el caso se comenzó a investigar como una fuga de hogar sin alguna presunción de desaparición forzada.

Un tío materno de Alicia se instaló en la casa de Batán para ayudar con la búsqueda, la cual contó con mayor impulso del grupo familiar que de la propia policía. En esas semanas hubo muchos vecinos que se sumaron no solo a los rastrillajes sino también a los reclamos de la familia. Entre esos vecinos había un hombre de 35 años que vivía en un lugar conocido como el “Horno de Miranda”, muy cerca de donde la niña se había bajado del colectivo.

Ese hombre era Duarte.

Los días pasaron y sumaron 78 hasta que el martes 15 de julio un grupo de leñadores que hacía trabajos en el establecimiento “La Carolina” encontró restos humanos esparcidos en varios metros a la redonda. Cerca de allí había una campera de color gris, un pantalón de jean y unas zapatillas. Estas prendas de vestir fueron, al ser reconocidas por Luis Rodríguez, el primer indicio sólido para asegurar que aquellas piezas óseas correspondían a Alicia. El ADN comparativo lo confirmaría.

La investigación a cargo del juez Reinaldo Fortunato buscó cubrir las distintas hipótesis, incluso la del suicidio porque Alicia, según la madre de la amiga que la había invitado a dormir, había intentado quitarse la vida dos días antes. Este testimonio y la imposibilidad inmediata de determinar el causal de muerte por el estado esquelético y mutilado del cadáver (por la fauna del lugar) abonó esa posibilidad.

Sin embargo, fue otro suicidio el que terminó siendo una novedad en los días siguientes en Batán, aunque a los investigadores no les llamó la atención ni lo relacionaron con la muerte de Alicia. En la noche del 30 de julio, utilizando una soga que ató a una rama y enroscó en su cuello, se quitó la vida Jorge Antonio Duarte. Su pareja solo dijo que habían discutido.

Los forenses que analizaron los restos de Alicia y la vestimenta determinaron, con un alto grado de certeza, que había sido atacada sexualmente y ahorcada con el cordón de una de las zapatillas. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? El cordón tenía un nudo corredizo y cabellos de la menor; el pantalón, en tanto, tajos hechos con una navaja.

El caso entró en una depresión de pruebas y evidencias. La madre biológica acusó al padre, el padre acusó a la policía de no haber colaborado, la policía y la justicia no acusó a nadie. Los años pasaron y la causa terminó archivada.

En 2002 el juez Jorge Peralta, a cargo del Juzgado de Transición, encontró el caso sin resolver y le pidió a la DDI Mar del Plata que hiciera un nuevo intento por esclarecerlo. Entonces empezaron a repasar todos los testimonios, recogieron otros nuevos y lograron perfilar a aquel hombre que había descendido del colectivo 720 con Alicia.

Nuevos relatos coincidentes entre pasajeros y transeúntes establecieron que Alicia, al subir al micro, había saludado con un beso a un hombre de entre 30 y 40 años, hombre que era calvo en la parte superior, pero con cabellera larga. Y que con él se había bajado en la parada de Infriba. La investigación definió que un hombre de esas características acostumbraba a bajarse allí y atravesaba un sendero por el campo La Carolina para llegar a su casa. También que ese hombre solía llevar consigo un arma blanca tipo machete.

Ese hombre era Duarte.

Toda esa información los detectives encabezados por Norberto López Camelo entregaron al juez Peralta y le agregaron el dato del suicidio de Duarte, ocurrido solo dos semanas después del hallazgo del cuerpo de Alicia.

El juez analizó la prueba y no tuvo ninguna duda de que Duarte convenció a Alicia a bajar del colectivo, caminó el sendero del campo La Carolina, la atacó con el machete, cortó su pantalón con intenciones de una agresión sexual y luego la estranguló a lazo con el cordón de una zapatilla.

La acusación contra Duarte llegó demasiado tarde y el juez Peralta dio por cerrado el caso.