El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) presentó un documento ante el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) en el que advierte sobre presuntos incumplimientos de distribuidoras eléctricas que operarían sin designar un representante técnico ingeniero habilitado para ejercer en el territorio bonaerense.

La entidad que preside Jorge Castellano señaló que la exigencia de contar con un profesional matriculado no constituye un requisito administrativo sino una instancia de control técnico sobre instalaciones que implican riesgos permanentes para la población. El planteo retoma una advertencia que el Colegio ya había formulado en 2025.

En la presentación se mencionan casos de cooperativas eléctricas de Orense, Pigüé, Claromecó y Coronel Pringles. Según el CIPBA, esas entidades respondieron a intimaciones del Colegio con el argumento de que la figura del representante técnico ingeniero no sería obligatoria dentro de la normativa específica del sector eléctrico.

Para el Colegio, esa interpretación desconoce la ley provincial que regula el ejercicio profesional de la ingeniería. La norma establece que toda empresa que realice trabajos propios de la disciplina debe contar con respaldo técnico de un profesional habilitado.

Desde la institución explicaron que el visado previo de los contratos profesionales permite verificar que el ingeniero interviniente tenga título habilitante, matrícula vigente y incumbencias acordes con la tarea, además de confirmar que no registre sanciones disciplinarias. También permite controlar la registración previsional de los honorarios y prevenir situaciones de ejercicio ilegal de la profesión.

El planteo del CIPBA también apunta al impacto que esta situación podría tener en la calidad y seguridad del servicio eléctrico. La distribución de energía es considerada una actividad riesgosa por el marco regulatorio y por la jurisprudencia. Las redes, transformadores y líneas aéreas ubicadas en la vía pública requieren supervisión técnica especializada para prevenir fallas que puedan provocar incendios, electrocuciones o daños materiales.

El sistema regulatorio establece estándares de calidad, confiabilidad y seguridad. Para el Colegio, esos parámetros requieren una responsabilidad técnica identificada y sujeta a control profesional. La ausencia de un representante técnico designado dificulta determinar responsabilidades ante eventuales incidentes.

Según el documento presentado ante el organismo regulador, algunas cooperativas reconocieron haber contratado ingenieros matriculados para obtener la licencia inicial de operación, pero sostuvieron que esa figura no sería necesaria para el mantenimiento permanente de las condiciones técnicas del servicio.

El Colegio rechaza ese criterio. Señala que la supervisión periódica de instalaciones, la detección de anomalías y la corrección de fallas requieren conducción técnica especializada, tareas que la legislación reserva a ingenieros habilitados.

En ese contexto, el CIPBA pidió al OCEBA que solicite a las distribuidoras la identificación de los ingenieros que les prestaron servicios durante los últimos diez años y que informe sobre los convenios firmados con profesionales de la ingeniería. También solicitó revisar las condiciones técnicas consideradas al otorgar licencias de operación.

La institución sostuvo que su intervención responde a una función pública delegada por ley: administrar la matrícula profesional y controlar el ejercicio de la ingeniería en resguardo del interés general.

Desde esa perspectiva, el Colegio advirtió que el control técnico constituye una herramienta preventiva frente a riesgos que pueden afectar la vida, la integridad física y los bienes de los usuarios del servicio eléctrico en la provincia.

La entidad concluyó que las concesiones eléctricas establecen obligaciones técnicas asociadas a la prestación del servicio y que cada decisión operativa debe contar con respaldo profesional habilitado y sujeto a control. Según el CIPBA, relajar esos estándares implica asumir riesgos que pueden afectar a miles de usuarios.