5 de agosto de 2018
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El Consejo de la Magistratura como garantía de una Justicia independiente

por Marina Sánchez Herrero

Marina Sánchez Herrero.

El 5 de octubre los abogados y abogadas de la provincias argentinas elegimos a nuestro Consejero/a, en reemplazo del Dr. Miguel A. Piedecasas.

Culmina así un ciclo que en los últimos 3 años ha sido conducido por nuestros representantes que, por primera vez en la historia de este órgano, estuvo presidido en tres períodos consecutivos por abogados provenientes del ejercicio profesional.

Será recordado por haber sacado al Consejo de su parálisis; elevado al final de su recorrido más de 250 ternas (contra 45 de la gestión anterior); por haber llevado adelante 5 juicios políticos (López; Montezanti; Reynoso; Charlín y Freiler); conducido la investigación que culminó con la renuncia de otros magistrados (Oyarbide; Rozansky; Hergott; Ferro; Ballestero); ordenado las auditorías en materia de corrupción, narcotráfico y gestión del fuero laboral de la Capital Federal; implementado la ley de acceso a la información pública y demostrado un alto compromiso con la transparencia en la gestión; por la reforma de las 100 reglas de Brasilia (referidas a las personas en condiciones de vulnerabilidad); implementado el expediente digital; haber posibilitado la habilitación de diversos nuevos Juzgados Federales y nacionales y otros tantos logros que sirven de base para la nueva gestión.

Estos 4 años por venir, deben profundizar esas líneas de trabajo y garantizar que esta incipiente transformación de la justicia se consolide y encuentre en el Consejo de la Magistratura de la Nación al órgano garante de una justicia independiente.

Los procesos de selección de magistrados/as deben seguir el ritmo que se le ha otorgado y reducir los plazos de desarrollo de los mismos a un período promedio de 6 meses (hoy están en un año) y llevar las vacantes con trámite en el Consejo a un índice del 5% (hoy están en el 16/17%).

Las causas sobre la conducta de los jueces y juezas deben culminar con mayor celeridad y profundizar las investigaciones que se están llevando adelante, particularmente como mecanismo que devuelva a la sociedad la credibilidad en sus magistrados/as.

Las auditorías en materia de corrupción y narcotráfico deben ser permanentes y estar disponibles para la ciudadanía en portales de datos abiertos, fácilmente accesible, para que todos puedan saber cómo se tramitan estas causas, cuánto dura el trámite y de qué modo culminan.

El proceso de transparencia del poder judicial y del propio Consejo debe seguir adelante; las declaraciones juradas patrimoniales; las contrataciones; los procesos de selección y de juzgamiento de la conducta y desempeño de los magistrados deben estar on line y plenamente disponibles para toda la sociedad.

La escuela judicial debe ampliar sus competencias y convertirse en el eje que permita a través de la formación de los integrantes del Poder Judicial nacional y federal, un resultado transformador.

El sistema de estadísticas debe ser ampliado y posibilitar una “panorámica de la justicia” que permita delinear el diseño de políticas de estado en materia judicial, sobre la base de datos ciertos y objetivos, que hoy no existen o son sesgados o parciales.

El expediente digital debe extenderse a todos los fueros y materias, de manera tal que permita el acortamiento de los plazos procesales y otorgue mayor eficiencia y transparencia al servicio de justicia.

Debe concretarse la puesta en funcionamiento de los juzgados federales del interior del país que se encuentran en trámite, como los casos de Moreno; Pehuajó (BA); Concordia y Victoria (ER); Libertador General San Martín (Jujuy); General Pico (La Pampa); Goya (Corrientes); Clorinda (Formosa) y tantos otros, respecto de los cuáles se ha avanzado enormemente, pero ese proceso debe continuarse y culminarse, de manera tal de extender el servicio de justicia federal a los distintos lugares de nuestro país, que configura un enfático reclamo social y de la abogacía en particular.

Los abogados/as debemos bregar por una mayor participación real en el Consejo; y por ello propiciamos la modificación de la ley en dos aspectos sustanciales (entre otros); elevar el número de representantes de la abogacía a 4 miembros y por lo menos dos del interior y que integremos la Comisión de Selección, de dónde fuimos excluidos injusta e inconstitucionalmente.

También hemos de trabajar por un canal de diálogo institucional y permanente con los Colegios de Abogados de todo el país y sus representantes y la Federación Argentina, a los fines de proyectar sus inquietudes hacia el órgano, su funcionamiento y resultados y en conjunto construir el posicionamiento de la Abogacía en la búsqueda permanente de una justicia independiente y que se corresponda con los intereses de la sociedad y los objetivos de nuestra Constitución.

(*): La autora es candidata a Consejera de la Magistratura de la Nación por los abogados y abogadas del interior del país; Ex Vicepresidenta del Colegio de Abogados de Mar del Plata; Profesora de Derecho Administrativo y cuenta con el apoyo del espacio Abogados de la República Argentina.

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