“El retroceso en el acceso a los derechos humanos de la infancia es grave”, señalaron desde el Consejo local de la Niñez a LA CAPITAL, a casi tres años de que el recorte en programas culturales y educativos en los barrios llevara a sus integrantes a protagonizar el primero de los muchos conflictos de la gestión de Carlos Arroyo.

En su momento, la denuncia era, al igual que hoy, clara: de los 108 capacitadores que la comuna contaba en 2015, sólo 8 mantenían sus puestos en la planta de personal de la comuna. Recién en el último año, de manera extraoficial, se enteraron de la incorporación de unas 30 personas más. Además, en 2016, sólo habían podido constatar el cumplimiento de 600 horas del PEBA (Programa Educativo Barrial). La anterior administración registraba y comunicaba un total de 1.500 horas mensuales, en diferentes barrios de la ciudad.

Así fue que, con el objetivo de restituir las iniciativas que beneficiaban a cerca de 13.200 niños y niñas, los integrantes del Consejo decidieron presentar en junio de 2016 un recurso de amparo que, al día de hoy, todavía se encuentra en una instancia de prueba en la Justicia, según señalaron desde el espacio institucional.

LA CAPITAL dialogó los integrantes del Consejo quienes señalaron que “poco cambió” desde los días de intensos reclamos: “el Ejecutivo sigue sin cumplir su rol dentro del espacio o promover políticas públicas destinadas al área”.

“Hay un gran desconocimiento, pero sobre todo un gran desinterés respecto lo que implica la protección integral de la niñez. Hoy en día la esperanza está puesta en la participación de otros actores que intervienen en el área específica”, señalaron desde el espacio institucional.

El Consejo local de Niñez en una de sus sesiones mensuales en el Concejo Deliberante.

Una lista de reclamos

En el marco de un contexto en el que los índices económicos y sociales muestran cifras alarmantes, desde el Consejo local de Niñez insisten en destacar la importancia que tienen las políticas públicas orientadas a la protección de los más vulnerables: los niños.

“El programa PEBA, por ejemplo, era una articulador con el sistema formal de educación porque justamente lo que hacía era trabajar con niños, niñas y adolescentes que estaban por fuera del mismo por una multiplicidad de motivos. Cultura era el articulador por excelencia, pero todo eso se fue disolviendo”, señaló Mariela Gómez, abogada y parte del Consejo. Aseguró, también, que tras la eliminación de los programas se intentó mantener desde el voluntarismo. “Pero eso tiene un límite, cuando el Estado se retira”, agregó.

Y se retiró. Según indicaron desde 2016, el Ejecutivo no participa de las reuniones mensuales que el Consejo de la Niñez realiza en el recinto del Concejo Deliberante como así tampoco reconoce a las autoridades del espacio.

Es que pese a que sus integrantes (organizaciones sindicales y civiles y colegios profesionales, entre otros) propusieron, tal como lo establece la ordenanza 18.897, una terna de candidatos, el Ejecutivo la rechazó y no propuso nuevas autoridades. Tampoco designó un equipo técnico profesional de apoyo, conformado por profesionales y técnicos, otro de los puntos que obliga la normativa local.

“No hay una práctica democrática desde lo político. Porque el Ejecutivo lo que tienen que hacer es sentarse con la comunidad, para avanzar en lo que es la conquista de derecho”, señaló María de los Angeles, una de las coordinadoras del espacio.

“Cada una de nuestras solicitudes fueron tomadas como un ‘misilazo’, pero nunca fue esa la intención. Siempre fuimos respetuosos y absolutamente pacientes. En medio del amparo, que por supuesto que nos generó mucho desgaste y un montón de trabajo, nos sentamos más de tres veces con la secretaria de Cultura de ese momento, Silvana Rojas, y dos veces con la de Educación, Ana Crovetto, a fin de ver si llegábamos a un acuerdo. Pusimos toda la voluntad, pero organizaciones que están en el territorio y conocen las problemáticas de todos los días de los barrios, todavía no tienen respuesta, y cada vez la situación es más grave porque los derechos a la Educación y a la Cultura fueron los primeros, pero hoy los inconvenientes que se viven en los barrios son muchos más”, agregó.
En este sentido, Gómez destacó: “Y no lo decimos nosotros, lo dicen las leyes. Cuando un Estado otorga cierto nivel de calidad de derechos, no puede ir par atrás. Y tampoco implicaba una enorme cantidad de dinero. Es más, además de exigir recursos, hemos presentado miles de proyectos para poder cubrir todos los barrios pero nunca recibimos respuestas”.

Sin diálogo, sin programas

A tres años de presentado el amparo, los reclamos esgrimidos en su momento no perdieron vigencia. Según consta en una de las cartas presentadas en la Defensoría del Pueblo, el Consejo sigue exigiendo la “restitución total de las 1.800 horas PEBA y de los talleres socio-culturales, que alcanzaba a 3.500 y 10.000 niños y adolescentes respectivamente”.

También advierten la necesidad de un “rearmado del programa para niños con experiencia de vida en calle” y “la asignación de un espacio físico para el Consejo Local”, al igual que la “restitución de su secretaría” y “el nombramiento de el o los coordinadores designados por el intendente”.

El exdefensor del pueblo y parte del Consejo, Fernando Cuesta, señaló que desde su conformación el espacio se ha propuesto “monitorear y proponer dispositivos y programas de política pública con carácter constructivo”.

“Se han respetado todas las instancias institucionales al momento de realizar cada reclamo, y siempre con el ánimo de involucrar y sugerir a todos la apropiación del sentido de corresponsabilidad”, agregó.

Por su parte, José Alfaya, otro de los coordinadores elegido por el cuerpo del Consejo, dijo que “hay que propiciar la territorialidad de las políticas públicas”, y así evitar paquetes “enlatados” que terminan teniendo “poca injerencia en los barrios de General Pueyrredon”. Para eso, señaló, se necesitan profesionales en contacto con la realidad local y con voluntad de acción.

La falta de respuestas por parte del Ejecutivo y la dificultad para acceder a la información disponible, llevó al Consejo a conformar su propio Observatorio.

“No tenemos acceso a la información en materia de políticas públicas porque el Ejecutivo no participa de los espacios institucionales, por lo que decidimos elaborar un diagnóstico participativo”, indicó Mariela Gómez.

Por el momento se encuentran en el tramo final de su primer informe, el cual abordará las problemáticas sanitarias con la colaboración de la Universidad Nacional de Mar del Plata y otros actores especializados en la temática.