Los robos cometidos por delincuentes a bordo de motocicletas se multiplican en las grandes ciudades y las distintas políticas de seguridad urbana no parecen acertar con la receta definitiva para su erradicación. En el partido de General Pueyrredon sucede algo similar, por más que mes a mes se logre el secuestro de grandes cantidades de vehículos los “motochorros” no pierden vigencia.

La estrategia que comenzó a implementarse en Mar del Plata ante el incremento de los casos es la del control más riguroso de la bitripulación, es decir cuando las motocicletas llevan conductor y acompañante.

“En los últimos tiempos hemos visto una dinámica en aumento de este tipo de hechos, también de otros delitos, y por eso intentamos tener una postura activa, con articulación con la policía, controles con nuestros agentes de tránsito y el trabajo importante en los barrios”, dijo Rodrigo Goncavez, secretario de Seguridad del municipio.

La problemática del “motochorro” afecta a Mar del Plata desde hace años y es uno de los aspectos de la inseguridad que más preocupa al ciudadano común. Día a día se reportan arrebatos, robos de teléfonos, robos en comercios y robos de otros vehículos perpetrados por delincuentes que utilizan como medio de transporte la motocicleta. Y en esos episodios, casi la totalidad son cometidos por una dupla de “motochorros”. Por eso es que se dispuso que se acentúen los controles de motocicletas en las que circulen dos personas.

Los controles de interceptación vehícular diseñados por la policía con el aporte de la secretaría de Seguridad pretenden frenar esta metodología delectiva. Desde fines de enero, que fue cuando se salió de la lógica preventiva de “verano”, se hicieron 90 controles con 627 motocicletas secuestradas y desde diciembre esa suma crece hasta 984. Y en esa cifra hay un dato que puede explicar los resultados relativos de las políticas empleadas: el 40% de esas motos quedan en el playón de secuestro de Tres Arroyos y Garay porque nadie las reclama. No se las reclama porque los tenedores de esas motos no sufren ningún perjuicio económico y porque las “reponen” fácilmente por otras en el mercado negro. Es cierto que hay un mínimo porcentaje que no cuenta con dinero para pagar la multa y recuperarla, pero es mínimo.

Vale aclarar que es motivo de secuestro de una motocicleta las contravenciones graves como la falta de “tarjeta verde” o de registro de conducir, la irregularidad en la documentación y algun ocasional dosaje positivo de alcoholemia. También cuando hay algún delito, como el encubrimiento y adulteración de documento público, esto es cuando el rodado fue robado o tiene sus numeros identificatorios o la patente modificada.

“Desde el municipio, trabajando con la policía a la par, entendemos que tenemos que ser flexibles con ciertas contravenciones porque hay mucha gente de trabajo andando en motocicletas, y muchas veces no tiene la documentación en regla por cuestiones económicas”, dijo Goncalvez. De todos modos el secretario de seguridad agregó que “el tema de los motochorros hoy es complejo porque para mí, la motocicleta en su casa es una herramienta delictual. No estigmatizamos a las personas o a las motos, pero sí entendemos que para que se dé ese tipo de delito, tiene que haber una herramienta, y esa herramienta es la moto”.

Cámaras, controles
y más controles

Las políticas criminales en diferentes distritos del país han tenido éxitos y fracasos, pero lo que es real es que los “motochorros” dan la impresión de estar cada vez más presentes. Se usan las cámaras de seguridad, los dispositivos que leen patentes y hasta se puso en discusión si era necesario colocar chalecos y cascos identificatorios a cada motociclista. Nada es solución.

El método que asoma como el que puede atenuar estos delitos es el del control vehícular, sacando de circulación aquellas motocicletas que no cuentan con documentación respaldatoria. De cualquier modo, hecha la ley, hecha la trampa, porque no siempre el “motochorro” circula en motos robadas, con lo cual un control de rutina, puede no prevenir ante una situación así un robo posterior.

Eso sí, el “motochorro” actúa con un acompañante, quien es el que necesariamente comete el hecho. Es el que asalta a la pesona de a pie, el que se mete dentro del comercio, el que baja para apropiarse de otra moto… Por eso es que el control de las motos bitripuladas es fundamental para que trascienda y pueda desalentar ese tipo de delito.

Cuando el delito crece las tres partes que tienen incidencia en la prevención y castigo se lanzan culpas y reproches cruzados. La policía siempre pone el grito en el cielo de la labor judicial, el funcionario judicial dice que se respalda en las leyes y que el que no las cambia es el político. Y el político se encarga de decir que ni la policía ni la justicia actúan como deberían.

Lo que es verdad es que existe algo que se llama “Garantías” y que debe respetarse, por más que en la policía se enojen. En ese marco, un policía no puede requisar sin orden judicial previa y solo se le tiene permitido un cacheo superficial. Todo lo contrario, genera nulidades futuras. La única excepción a la requisa sin orden judicial previa es cuando la policía actúa en simultáneo con la comisión de un delito, esto es, en flagrancia. Este es el grito en el cielo que pone la policía, sumado al otro que tiene que ver con el artículo 161 del Código Procesal, ese que le da la facultad a un fiscal a liberar a un aprehendido. “Al menos que si alguien anda en una moto adulterada, que sepa que puede quedar preso”, dijo una fuente policial.

A juzgar por los hechos consumados y por los tentados, y por aquellos que terminan con detenidos, en este mismo momento en muchas calles de Mar del Plata hay personas armadas con cuchillos o con armas de fuego dispuestas a cometer un ilícito a bordo de una motocicleta. No es una sensación, es estadística. Por eso, mayores controles, en especial a las motos bitripuladas, secuestros masivos de vehículos sin papeles y accionar coordinado de policía-justicia-municipio se imponen como las partes constitutivas de una tendencia, solo una tendencia, hacia la solución de un conflicto que afecta a todos los estratos sociales.