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La Ciudad 2 de octubre de 2022

El Ejecutivo, entre la satisfacción, la cautela y un debate incómodo

Lo ilusiona el balance favorable de los primeros días de vigencia de la ordenanza de Zona Roja. Pero sabe que la clave es sostenerlo. Mientras, la oposición lo arrincona con el proyecto para extender el servicio de guardavidas.

Un grupo de jóvenes ayer, en la playa. El debate por la extensión del servicio de guardavidas divide al Concejo.

Por Ramiro Melucci

La foto de las primeras noches en los sitios en que solía ofrecerse sexo en la vía pública se ajustó a los deseos del Ejecutivo municipal. Los fuertes controles que se dispusieron desde la entrada en vigencia de la regulación evitaron la actividad en la puerta de los frentistas.

El gobierno de Guillermo Montenegro celebró con cautela. El propio intendente trazó una primera evaluación positiva a pocas horas de que comenzara a regir la ordenanza. Otro tanto hizo, también de forma preliminar, el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto. “Es un proceso que empezó bien”, dijeron, lacónicos, cerca del jefe comunal.

La prudencia obedece al detalle no menor de que la única forma de sostener el resultado es manteniendo la rigurosidad del control. Y a que en esa tesitura siempre pueden originarse situaciones conflictivas. Hasta ayer a la tarde hubo en total diez denuncias y nueve infracciones en la zona de Luro.

El gobierno tuvo además una yapa. La homogeneidad que habían mostrado los sectores que no acuerdan con la medida pareció esfumarse. La Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, que se puso al frente de la resistencia, repartió críticas por la falta de acompañamiento de sectores que, según creyó entender, iban a respaldarla en la calle. “Quedamos solas frente a la policía”, se decepcionaron las trabajadoras.

En la distribución de cuestionamientos ingresó el bloque del Frente de Todos (le adjudicaron un apoyo legislativo que no otorgó) y los ministerios de Género de la Nación y la Provincia. Pudo constatarse una clara diferencia respecto a lo que había sucedido una semana antes, cuando todos los vituperios estaban destinados a Montenegro.

Que los vecinos de los barrios linderos a la avenida 10 de Febrero no hayan tenido protagonismo en estos días no debería extrañar. En el sector elegido por el jefe comunal para disponer la oferta y demanda de sexo en la vía pública la actividad fue nula. El impacto, por lo tanto, también.

El mensaje oficial describió a Mar del Plata como una gran zona roja en la que hasta hace dos semanas la oferta de sexo podía realizarse en cualquier lugar. Ahora quedó reducida a un solo sitio. De todos modos, todavía es muy pronto para afirmar que la situación precedente concluyó definitivamente.

La calle, ese lugar que el discurso oficial solo le reserva “a los vecinos”, se convirtió sin embargo en un caos la semana pasada. No a la noche y en los lugares como la avenida Luro y la vieja terminal, sino a plena luz del día, en las inmediaciones del palacio municipal, por el acampe y la protesta de los movimientos sociales de izquierda.

Mientras la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, procuraba una salida negociada, el municipio apeló, como en otros piquetes, a la denuncia judicial. Consiguió el mismo resultado: la indiferencia de la Justicia y las organizaciones sociales, que levantaron el acampe solo cuando sus referentes dispusieron el fin de la protesta, de alcance nacional y con epicentro en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ningún alivio: ya anticiparon que esta semana cortarán los accesos de grandes ciudades. El de Mar del Plata por ruta 2 es uno de los apuntados. Con los trastornos que eso podría conllevar en la previa del fin de semana largo.

 

Todavía es muy pronto para afirmar que la situación precedente concluyó definitivamente. Mientras, en el sector elegido por el jefe comunal para disponer la oferta y demanda de sexo en la vía pública la actividad fue nula.

 

En el Concejo van tomando forma otros debates. Uno, sustancial para la gestión, es el del pliego de la disposición final de residuos. El plan del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) ya pasó las comisiones de Ambiente y de Legislación. En ambos casos con la abstención crucial del Frente de Todos. Resta la de Hacienda. Pero sobre todo restan las tan anunciadas modificaciones que prometieron las bancadas opositoras y hasta el radicalismo, integrante del interbloque oficialista.

El pliego en cuestión incluye solo la operatoria del relleno sanitario. Las obras de ampliación estarán incorporadas en otro, que establecerá los lineamientos para la construcción del módulo 2. Al 1 le queda una vida útil de menos de un año. Urge conseguir financiamiento para la obra.

En ese contexto, Sol de la Torre, del Frente de Todos, redactó hace poco un proyecto de comunicación para que el Emsur informe “los plazos previstos para la presentación en el Concejo Deliberante del pliego para la construcción del módulo 2”. Busca que el Ejecutivo brinde las características generales de la obra y defina los recursos necesarios para su ejecución.

El planteo da por hecho que el gobierno local elevará ese pliego al Concejo, cosa que no tiene en los planes. Lo dijeron las autoridades del Emsur tras la visita de la Comisión de Ambiente al predio, en agosto, y lo confirmaron altas fuentes del Ejecutivo en las últimas horas. “Un pliego de obras no tiene por qué pasar por el Concejo”, explicaron. Podría configurar el germen de una controversia similar a la del reconocimiento facial: la oposición reclamaba tratar un pliego licitatorio que el municipio nunca se comprometió a mandar.

Más consolidada está la polémica por la extensión del servicio de guardavidas, impulsada por el Frente de Todos y avalada por Acción Marplatense. La presión de esa amalgama opositora le torció el brazo al oficialismo en la última reunión de la Comisión de Legislación. Exigió que el expediente fuera incorporado en el orden del día. El radical Daniel Núñez, con el argumento de que no habían llegado los informes del Ejecutivo, no lo había puesto en consideración. Ni siquiera después de que se lo reclamara por nota la autora de la iniciativa, Mariana Cuesta. Finalmente una votación, favorable a la oposición, determinó que el asunto sea tratado en la próxima reunión, prevista para mañana.

El gobierno parece inserto en una encrucijada análoga a la que padeció el año pasado con el Fondo de Promoción Turística. En aquella oportunidad también fue la oposición la que promovió su uso integral para el fin original y puso al sector turístico en tensión con el oficialismo.

Ahora son los guardavidas los que reclaman la ampliación del operativo de seguridad en playas. El proyecto busca que el servicio abarque desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, de 8 a 20. El fundamento principal es que octubre ya no es lo que era. Los Juegos Bonaerenses, los Evita, el Previaje, el fin de semana largo y, este año, el festival Marea predicen una gran afluencia de visitantes. “No hagamos oídos sordos a esto porque nos podemos arrepentir”, instó Horacio Taccone, de Acción Marplatense.

En el municipio puntualizan que ya hay 18 playas de sectores como La Perla, el Torreón y Playa Grande con operativo desde el 1 de octubre, de 11 a 17. Además de las de Chapadmalal. “Llagamos a 150 días de prestación, lo que no sucede en otras ciudades de la costa”, advierten cerca del intendente. Pero sobre todo remarcan que, llegado el caso, podría determinarse una ampliación en los fines de semana con clima apto para la playa.

Montenegro no está convencido de la necesidad de sostenerlo, en horario completo, aun los días de semana en que el tiempo no acompaña. Estima que le costaría $ 320 millones adicionales. Y jura que no los tiene.