“Yo hoy me encuentro con tres huesitos solamente y un sinfín de preguntas“, dijo Mariela, la mamá de Iara Nardelli, la adolescente de 16 años que se había escapado de Aldeas Infantiles y cuyo cráneo fue hallado en un descampado del barrio Virgen de Luján.

Esas preguntas que tiene Mariela sobre su hija y lo que sucedió durante los días que estuvo ausente de la ONG que tenía su custodia, ¿quién las responde? ¿Aldeas Infantiles? ¿La Justicia? ¿El área de Niñez del Municipio?

Aldeas Infantiles es una ONG que trabaja con la Provincia de Buenas Aires en el marco de la ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescente (ley 13298).

En Mar del Plata el Municipio cuenta con cuatro hogares donde viven niños de hasta 18 años y otros seis que funcionan como guarderías. Además, existen otras seis instituciones privadas en las que se pueden cumplir medidas de abrigo, como es Aldeas Infantiles.

La titular del Juzgado de Familia N° 5, Alejandra Obligado, explicó que un niño recibe un medida de abrigo en un hogar, como ser Aldeas Infantiles, cuando su familia, cuidadores o tutores han violado algunos de sus derechos humanos.

Entonces es el Poder Judicial quien hace un “control de legalidad” para verificar que se cumpla con lo dispuesto en la ley 13298 y convenciones internacionales de la protección de infancias, pero es el Poder Ejecutivo -principalmente desde el área de Niñez del Municipio- quien dispone a qué hogar enviar al niño y el lugar se elige dependiendo cada caso y factores como la edad o sexo de menor.

Estas medidas de abrigo son decisiones extremas, ya que se le quita el niño a la familia. El niño ingresa a un instituto por un plazo de 180 días, tiempo en el que se le deben restituir los derechos vulnerados.

Puede suceder que en los 180 días que dura la medida de abrigo no alcanzan para restituir los derechos y los niños pueden pasar más tiempo en esas instituciones hasta que se encuentre otra alternativa, como por ejemplo la adopción por parte de otra familia.

Esta es otra etapa en la que interviene el Poder Judicial, quien debe declarar la situación jurídica de ese niño.

Para la magistrada, el trabajo de protección y cuidado de niños siempre tiene que ser en red, entre los profesionales de la institución, los equipos técnicos del área de Niñez del municipio y los juzgados de familia.

La jueza Obligado remarcó que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial deben tener contacto regular con los niños y niñas que reciben medidas de abrigo.

“Ellos deben saber porque ingresaron a un hogar y qué derechos entiende el Estado que fueron vulnerados“, dijo la jueza y agregó: “Es por eso que se trabaja en conjunto con colegios, salas de salud en los barrios, instituciones, amigos de los niños, con su entorno”.

Por esto es que la jueza Obligado remarcó que los operadores deben capacitarse, para poder ocuparse correctamente de los niños, que “son personas que necesitan saber quien del Poder Ejecutivo tomó esa medida de protección, por qué la tomó y quiénes están con su caso”.

Qué sucede cuando un niño escapa de un hogar

Los institutos donde los niños o niñas cumplen sus medidas de abrigo son hogares de puertas abiertas, en los que se trabaja con la voluntariedad del menor.

En el caso que alguien se escape del instituto (abandone el programa según la ley) se tiene que hacer inmediatamente la denuncia en una comisaría para que se inicie con la búsqueda de paradero.

Es decir, los representantes del instituto desde donde se escapó el menor tienen que ir inmediatamente a la policía a hacer la denuncia y comunicar también lo sucedido al área de niñez y al juzgado de familia interviniente.

“Todos somos responsables“, considera la juez Obligado y agrega: “Se solicita inmediatamente la búsqueda de paradero y se trabaja en red, en protección de esos niños, niñas o adolescentes cuando escapan”.

La titular del Juzgado de Familia N° 5 consideró que se escapan chicos con mucha historia de desamparo, pero que en la mayoría de los casos esto no sucede, ya que “se dejan ayudar y hasta piden ayuda”.

“Pero si el Estado no activa, estos niños se sienten nuevamente abandonados en un hogar institucional, se cansan, se sienten invisibles y tienden a desaparecer. La misión está en acompañar, tomar decisiones en pos del cuidado y la restitución de los derechos violados por sus propias familias”.

Para la jueza, la clave está en un Estado cada vez más capacitado, ya que si bien siempre correrá detrás de los hechos reales, con mayor formación se puede ir a la par y restituirle los derechos vulnerados a niñas, niños y adolescentes que lo necesitan.