En las últimas horas se conocieron varios asaltos perpetrados por motochorros en Mar del Plata y ante esa sucesión de hechos se reaviva el debate sobre las políticas criminales de prevención.

Una mujer interceptada en Larrea y Lamadrid para ser despojada de su camioneta Volkswagen Amarok, otro asalto similar en Paunero y Laprida, uno más en Olavarría y Vieytes, otro en Matheu y Güemes. También reportaron hechos en el barrio Chauvín y en Villa Primera, en Strobel y Andrade.

La lista puede continuar de manera interminable, incluyendo el violento robo contra un transeúnte a las 8 de la mañana en Villar y 37, o a las 11 en Malabia y García Lorca.

Pero no solo se trata de episodios del accionar directo de motochorros, sino de la instancia previa, cuando se apoderan de una motocicleta para luego sí salir a cometer asaltos. Sucedió en Fortunato de la Plaza y Einstein, en Paula Albarracín y Belgrano, en Lamadrid al 2900, Carasa y Edison, Mario Bravo y Bestoso, o en el barrio Jorge Newbery.

Aunque sería inexacto localizar este fenómeno delictivo exclusivamente en Mar del Plata, ya que los grandes centros urbanos lo padecen de la misma manera, es en esta ciudad donde se anuncian con frecuencia distintas acciones para contrarrestarlo. A juzgar por los resultados, da la impresión que esas medidas no funcionan.

La falta de operativos específicos contra motocicletas bitripuladas hacen que cualquier tipo de control tenga cierto efecto en otro tipo de problemática y no en la prevención de motochorros. Esta modalidad delictiva, salvo en muy contadas ocasiones, se desarrolla con un conductor y un acompañante, por lo cual una mayor rigurosidad vial sobre una dupla podría entenderse mejor.

Por ese motivo, mostrar como un éxito el secuestro de decenas de motocicletas que circulan constituye, en el mejor de los casos, un triunfo de escasa utilidad frente al problema que se pretende combatir.

Está claro que no solo se trata de una decisión operativa, sino también, o principalmente, política. La provincia de Buenos Aires tiene una ley nunca aplicada que podría servir para reducir el espectro de control en la vía pública: la utilización de chaleco identificatorio. Sería muy sencillo de distinguir las motos a controlar. Nadie se animó a hacerlo.

La Ley 15.143, que amplió el artículo 48 de la ley 13.927, dice: “…conductor y acompañante también deberán utilizar un chaleco reflectante con la identificación del dominio tanto en el frente como en el dorso. La dimensión mínima de cada letra y número será de diez centímetros (10 cm) de alto, seis centímetros (6 cm) de ancho y el ancho interno de cada letra y número de uno coma cinco centímetros (1.5 cm). En caso que el conductor o acompañante vistan elemento alguno sobre el chaleco que impida parcial o totalmente su visibilidad, deberán contar con una (1) banda de material reflectante de cinco centímetros (5 cm) o dos (2) bandas de tres centímetros (3 cm)”.

La medida fue muy cuestionada por asociaciones de motociclistas, que sostenían que no mejoraba la seguridad y, erróneamente, estigmatizaba a quienes usan motos. Muchos municipios nunca adquirieron los elementos necesarios ni capacitaron a los inspectores para controlar una normativa tan específica, pero lo clave es que nunca hubo una política provincial sostenida destinada a exigir su cumplimiento.