Entre los ríos y las islas del Litoral, la figura del productor rural marplatense Leonardo Roberto Airaldi no pasaba desapercibida. Con un importante despliegue de recursos y un entramado de estancias, embarcaciones y hasta pistas de aterrizaje, el hombre de 44 años construyó una red que operó durante años bajo el amparo de la actividad ganadera. Sin embargo, los tribunales federales terminaron por correr el velo sobre esa fachada.

El Tribunal Oral Federal de Paraná dio a conocer los fundamentos de la condena a 12 años de prisión impuesta a Airaldi, a quien consideró responsable de organizar y financiar actividades de tráfico de estupefacientes desarrolladas entre 2019 y 2024 en Paraná y Diamante, así como del acopio de casi 30 kilos de cocaína en la localidad santafesina de Puerto Gaboto.

En un documento de 302 páginas, firmado por las juezas Noemí Marta Berros y Mariela Rojas junto al magistrado José María Escobar Cello, el tribunal avaló de forma contundente la acusación del Ministerio Público Fiscal. Según el fallo, quedó probado que Airaldi ejerció un rol de conducción indiscutido dentro de la estructura criminal, impartiendo directivas y poniendo a disposición su patrimonio para sostener la logística del narcotráfico.

El veredicto se había adelantado el 13 de agosto tras un debate oral que se extendió por 18 audiencias. Durante el proceso, la acusación representada por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Sebastián Podhainy, el titular de la Procunar Diego Iglesias y el fiscal coadyuvante Martín Uriona expuso el entramado con el que operaba la banda. Además de la pena a prisión, los jueces impusieron a Airaldi una multa de 118.404.000 pesos. En la misma causa, otras seis personas recibieron condenas de entre 3 años en suspenso y 6 años y 8 meses de prisión por comercialización agravada, mientras que dos imputados resultaron absueltos.

Para la mirada pública del departamento Diamante y el ambiente político-empresarial entrerriano, Leonardo Roberto Airaldi proyectaba la estampa clásica del terrateniente próspero. Nacido en Mar del Plata pero afincado desde joven en el corazón agrario de Entre Ríos, combinaba el estatus derivado de una familia con tradición en la explotación rural con un perfil de alta exposición política e institucional, que lo llevó a presidir la Sociedad Rural de Diamante y a vincularse como asesor de dirigentes del sector agropecuario.

Detrás de la fachada del ganadero influyente que administraba estancias, fideicomisos y embarcaciones, Airaldi tejió una compleja red logística que puso los recursos del campo al servicio del crimen organizado. Su ascenso en el entramado narcocriminal quedó marcado por su alianza con capos locales como Daniel “Tavo” Celis y por la transformación de sus campos en nodos estratégicos —con pistas de aterrizaje clandestinas para aeronaves y acopio de combustible de aviación— que conectaban el Litoral con la hidrovía Paraguay-Paraná.

El quiebre de esa doble vida comenzó a acelerarse a mediados de 2022, cuando fue interceptado en Rosario cargado con un arsenal de armas de grueso calibre, dinero y estupefacientes. Su caída definitiva reconfiguró la imagen del “Gaucho Narco”: un jefe de perfil implacable que, incluso confinado, continuó maniobrando en las sombras.

Las actuaciones judiciales derivaron además en el desmantelamiento de un elaborado plan criminal concebido mientras estaba bajo custodia. La causa abierta documenta la contratación de un sicario por la suma de 40.000 dólares para ejecutar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal general José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad entrerriano Néstor Roncaglia. De acuerdo a las pruebas incorporadas al expediente, el complot proyectaba emboscar al ministro durante un trayecto habitual en motocicleta y embestir a los funcionarios judiciales durante sus vacaciones en Punta del Este, utilizando vehículos para el traslado y sustancias corrosivas para la eliminación de los restos. El descubrimiento de esta trama motivó su traslado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo el régimen de máxima seguridad.

La estructura y el lenguaje en clave

Los jueces concluyeron que el marplatense encabezaba el núcleo operativo de mayor rango de la organización, concentrado en la estancia “El Mirador” y la isla “El Pillo”. Desde allí, coordinaba la logística que abarcaba desde la provisión de combustible para naves hasta el uso de sus empresas y fideicomisos. Las escuchas telefónicas expusieron una jerarquía rígida y una asimetría de poder sustentada en el alto nivel socioeconómico de Airaldi, quien incluso estando detenido desde 2022 continuó emitiendo órdenes a sus subordinados.

La prueba digital resultó determinante para desmantelar la red. Del análisis de las comunicaciones surgieron los términos codificados con los que intentaban encubrir las maniobras: llamaban “carne”, “lomo” o “lomo verde” a la droga; “media” o “parlante” a los bultos; “pájaro” o “bicho” a las avionetas; “veterinarios” a los pilotos y “vacunadas” a los desembarcos de la mercadería.

El fallo también dio por acreditada la existencia de una pista clandestina de aterrizaje en los campos del productor, desestimando los planteos de la defensa que intentaban encuadrar el lugar como un coto de caza habilitado. Asimismo, los magistrados descartaron la hipótesis defensiva sobre un supuesto sesgo o direccionamiento ideológico en la investigación, señalando que la actividad ganadera lícita de Airaldi coexistía sin contradicciones con las operaciones ilícitas.

El despliegue de la organización no se limitó a la provincia de Entre Ríos, sino que se proyectó sobre la vía navegable de la hidrovía Paraguay-Paraná hacia Santa Fe, vinculando a Airaldi con el cargamento de casi 30 kilos de cocaína incautado en Puerto Gaboto en agosto de 2022.

Actualmente, el marplatense permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo el régimen de presos de alto riesgo. En paralelo, afronta otra investigación judicial en la que se analiza su presunta participación en la planificación de atentados Ríos, Candioti y Roncaglia.