El Gobierno nacional convocó a los referentes sindicales del sector petrolero a una reunión que se desarrollará el viernes, con el objetivo de calmar las protestas que se vienen desarrollando por temor a más despidos en las diversas cuencas.

Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, serán los encargados de dialogar con los jefes gremiales con la intención de avanzar en las negociaciones para que no haya paralización de la producción de crudo, principalmente en Vaca Muerta.

A la reunión asistirán el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, y el líder del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo.

Ambos irán a la reunión para conocer en profundidad el proyecto de ley que está elaborando el Poder Ejecutivo para “blindar” Vaca Muerta, la principal cuenca de hidrocarburos no convencionales, e impulsar las inversiones de largo plazo allí.

Pero la coyuntura por la situación de caída de la producción petrolera hará que los sindicalistas le expresen a los funcionarios los temores que hay en las diferentes cuencas por la posibilidad latente de que las empresas avancen con nuevos despidos y suspensiones.

“El solo hecho de reunirse es un avance importantísimo para manifestarles nuestra preocupación. Los despidos los tienen que resolver las empresas, sino desembocaremos en un conflicto.

Queremos dejar en claro que si el día 28, cuando termine la conciliación voluntaria, hay despidos, se terminó la paz social”, lanzó Pereyra, publicó el diario LM Neuquén.

Según agregó, el llamado del Gobierno nacional “deja tranquilos” a los dos gremios y a sus afiliados, pero aclaró que no están dispuestos “a tener trabajadores en la calle” porque la producción no rebota.

El sindicato que conduce Pereyra está evaluando realizar una asamblea multitudinaria con 20.000 trabajadores en el centro de la ciudad de Neuquén el próximo 23 de enero, por lo que el resultado de la reunión con Kulfas y Moroni será clave para el desarrollo de ese encuentro en el sur.

Esa asamblea sería levantada con la única condición de que queden sin efecto las últimas decisiones de diferentes compañías, que contemplan 700 despidos y 1.200 suspensiones.