El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto que impide la sanción de leyes que no tengan financiamiento asegurado y que establece penas de hasta seis años de prisión a los funcionarios que apliquen esas normas.

La iniciativa, denominada que “Ley de compromiso de estabilidad fiscal y monetaria”, fue girada anoche junto al Presupuesto 2026 y deberá ser tratada por las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda.

El proyecto establece las normas para la aprobación de las iniciativas a fin de todas tengan el correspondiente financiamiento y fija que “queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario”.

Uno de los datos más destacados del proyecto son las sanciones severas que aplica a los funcionarios nacionales: fija que será reprimido con uno a seis años de prisión quien violare las normas establecidas en la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

También se habilita al jefe de Gabinete a poder utilizar un mecanismo de ajuste para evitar poner en riesgo el equilibrio fiscal.

Al respecto señala que “si durante la ejecución presupuestaria se produjere una disminución de los recursos previstos o un incremento de los gastos por sobre las estimaciones originales que ponga en riesgo el cumplimiento de la regla prevista en el artículo 1°, el Jefe de Gabinete de Ministros adoptará las medidas necesarias para restablecer dicho equilibrio”.

Además la iniciativa establece que cualquier ley que “autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción”.

Determina que quedarán exceptuadas de esa obligación, las leyes donde se asegura el financiamiento “mediante la asignación de recursos concretos, específicos, actuales y suficientes, sin afectar el resultado financiero equilibrado”.

También establece que todas los proyectos previo a su tratamiento en comisión deberá tener como un informe del impacto presupuestario en el mediano plazo que será elaborada en el caso de las iniciativas del Gobierno por el ministerio de Economía y de las legislativas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el caso de iniciativas legislativas.

Otro punto es que fija que cualquier norma dictada en violación a las disposiciones previstas de esta ley será declarada nula.