Por Ramiro Melucci

A la luz de lo que sucedió en los últimos meses, y sobre todo la semana pasada, el gobierno de los Fernández hizo un mea culpa: fue un error haber autorizado el proyecto hidrocarburífero a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata de manera sorpresiva el último día hábil de 2021. Y faltó información previa.

La admisión fue tácita. De allí que el Gobierno tomara la jornada impulsada por el Concejo Deliberante como una audiencia reglamentaria bis, a pesar de que ya había realizado aquella en julio de 2021 y que esta solo estuvo pensada en un primer momento para la discusión local.

Lo dicho: la intención del cuerpo deliberativo no era ofrecerle a la administración nacional un ámbito para reivindicarse, pero la necesidad de los impulsores del proyecto de abrir vasos comunicantes con el público local y de convencer a la Cámara de Apelaciones de que estaba haciendo los deberes reclamados por el juez de primera instancia modificó los planes.

Entidades vinculadas a la producción, gremios y empresas ejercieron en la audiencia una militancia activa en favor de la exploración y explotación petrolera. La decisión política de agruparlas en el primer lote de expositores, entre los que también estuvieron los técnicos de YPF y la empresa Equinor, inclinó de entrada la balanza en la consideración pública.

Otra determinación anticipada les restó tensión a las jornadas. La tomó el Concejo cuando aprobó el proyecto de Horacio Taccone, de Acción Marplatense, para convocarla: impidió la participación de integrantes de los bloques políticos y de funcionarios de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Evitó, así, que a la confrontación natural entre la producción de hidrocarburos y el ambientalismo se le añadiera la pelea partidista.

Hubo un marcado contrapunto entre la audiencia del año pasado, convocada por el Ministerio de Ambiente de la Nación, y la del Concejo. Acaso el más notorio es que la pesca dejó de confrontar el proyecto. Los gremios y entidades portuarias que se expresaron a favor no tuvieron contrapesos sectoriales.

La nueva perspectiva obedece a los encuentros que promovieron y a la información que proveyeron los gobiernos nacional y provincial desde comienzos de año a esta parte. Que incluso sirvieron para aliviar las fisuras internas que persisten en el Frente de Todos. La concejala Sol de la Torre, inscripta en el “no a las petroleras”, considera ahora que no alcanza con encolumnarse de un lado o de otro, sino que el debate es por la transición energética. En ese marco compartió la semana pasada un encuentro con el presidente del Consorcio Portuario, Gabriel Felizia –que venía de respaldar el proyecto–, y observadores de fauna marina: profesionales que, a bordo de buques de exploración petrolera, supervisan y verifican que la actividad no tenga impacto ni riesgo para los animales.

A diferencia del año pasado, la pesca dejó de confrontar el proyecto. Los gremios y entidades portuarias que se expresaron a favor no tuvieron contrapesos sectoriales.

Mientras emanaba información pública, el Gobierno nutría al expediente judicial. Quedó claro en la resolución de la Cámara de Apelaciones –publicada horas después de concluida la audiencia–, más allá de que ordenó una nueva declaración de impacto ambiental. 

A priori, según el tribunal, no se advierte “una situación de riesgo o peligro inminente que pudiese colocar al medio ambiente en situación crítica”, debido a que ni los informes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) ni las medidas de mitigación de impacto que implementaría Equinor permiten deducir claramente que las especies marinas se verían afectadas. Un detalle que no debe pasar por alto: la cuestión judicial alude al proceso de exploración, no a la explotación petrolera.

La Cámara también dio por cumplidas las exigencias de debida publicidad y participación ciudadana. No solo por la audiencia de Mar del Plata, sino por la consulta pública online, mediante las que el Estado se ajustó a las pautas establecidas en el Acuerdo de Escazú.

De todas formas, entendió que el análisis de los impactos acumulativos del proyecto, a partir de la labor conjunta de las secretarías de Energía y Medio Ambiente de la Nación, detectará la existencia de posibles daños o alteraciones ambientales en la prospección sísmica. La Justicia, en concreto, pide que la declaración de impacto ambiental que se emita tras esa labor indique con seguridad –y no en términos hipotéticos o condicionales– las actividades de mitigación idóneas que deberán llevarse adelante. “El fallo nos dio la razón. Faltaba información”, interpretaron cerca de Montenegro.

La Cámara también dio por cumplidas las exigencias de debida publicidad y participación ciudadana. Consideró que el Estado se ajustó a las pautas establecidas en el Acuerdo de Escazú

Tras la semana dedicada de lleno al petróleo, el Concejo volverá mañana a su vida cotidiana. La agenda de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación sacudirá temprano la modorra. Aparece el aumento de la tarifa de taxis. El gobierno municipal sugirió aumentarla un 40%, pero evitó pronunciarse sobre el diferencial nocturno que solicitan las entidades del sector: lo dejó sujeto a la información que brinden los GPS, que deberán estar colocados en las unidades en la revisión anual que se llevará adelante entre este mes y noviembre. Nueva forma de presionar para que todos los taxistas coloquen los sistemas de posicionamiento global, una de las iniciativas oficiales clave para empezar a mejorar el servicio.

Otro asunto que se discutirá es el ordenamiento de la Zona Roja. Juntos por el Cambio y el Frente de Todos llegarán con redacciones paralelas a la Comisión de Legislación. Ambas postulan que quienes ejercen la prostitución en la vía pública deberán acordar con las autoridades los lugares y horarios para realizar la actividad, pero el oficialismo incorporará multas y arrestos para los que incumplan la normativa. Aunque resta definirse la postura de Acción Marplatense, los concejales de Montenegro están decididos a llegar con un dictamen, de mayoría o de minoría, a la sesión del jueves, donde con Nicolás Lauría tienen asegurado los 12 votos, lo que habilitaría a la presidenta del Concejo, la radical Marina Sánchez Herrero, a hacer el uso del voto doble para desempatar en favor de la iniciativa oficial.

El interbloque oficialista le otorgaría así al intendente uno de los proyectos que solicitó con más énfasis en la inauguración del año legislativo. Para empezar a sacarse las espinas que todavía lo magullan desde el freno a las fotomultas.