El Gobierno rechazó el reclamo de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y de casi 30 empresas del sector y dejó firme la reforma del sistema de revisión técnica vehicular. La decisión se formalizó con el Decreto 139/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida ratifica los cambios introducidos previamente por el Decreto 196/25, que modificó el régimen de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida en varias jurisdicciones como Verificación Técnica Vehicular (VTV). La reforma busca reducir trámites, ampliar los plazos entre inspecciones y abrir el sistema a nuevos prestadores.

Las empresas del sector habían solicitado frenar la normativa. Argumentaron que la extensión de los plazos carece de respaldo técnico y que permitir que concesionarias o importadores revisen vehículos que ellos mismos comercializan podría afectar la independencia de las inspecciones.

El Ejecutivo desestimó esos planteos y sostuvo que los cambios apuntan a modernizar el sistema y a reducir costos para los usuarios.

Entre las principales modificaciones, el nuevo esquema establece que los vehículos cero kilómetro deberán realizar la primera revisión técnica a los cinco años del patentamiento. Hasta ahora el plazo era de tres años.

Para los autos de hasta diez años de antigüedad, la revisión pasará a ser cada dos años en lugar de anual.

El decreto también elimina la exclusividad de los centros de inspección tradicionales. Con la reforma, concesionarias, importadores y talleres mecánicos podrán realizar las revisiones si cumplen con los requisitos técnicos establecidos por las autoridades.

Además, las jurisdicciones ya no podrán limitar la cantidad de talleres habilitados ni fijar tarifas máximas o mínimas para el servicio.

El Gobierno justificó la extensión de los plazos en la evolución tecnológica de los vehículos. Según el texto oficial, los autos actuales cuentan con mayores estándares de seguridad y requieren controles menos frecuentes.

En materia de seguridad vial, la normativa cita estudios internacionales que indican que la mayoría de los siniestros se producen por errores humanos —como exceso de velocidad, consumo de alcohol o distracciones al volante— y no por fallas mecánicas.

El decreto también menciona que en la Unión Europea no rige un sistema de exclusividad para las inspecciones técnicas y que empresas vinculadas al mantenimiento automotor pueden realizar los controles si cumplen los protocolos establecidos.

En ese sentido, el Gobierno señaló que la objetividad del sistema debe garantizarse mediante la fiscalización de los procesos y no a través de restricciones al tipo de empresas que pueden prestar el servicio.

También sostuvo que la libre negociación de precios entre talleres y usuarios es el mecanismo más eficiente para definir el valor de la revisión.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión en su cuenta de X. “Queda así allanada la reforma que va a permitir que las VTV se hagan en concesionarias, en cualquier taller habilitado o en los talleres RTO que hoy revisan vehículos de carga”, escribió.

La reforma también eliminó el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite requerido para vehículos modificados. A partir de ahora, la responsabilidad quedará en manos del profesional matriculado que firma la reforma del vehículo.

Sturzenegger cuestionó ese procedimiento y sostuvo que obligaba a los usuarios a pagar verificaciones adicionales antes de la revisión técnica final. Según el ministro, la eliminación del requisito apunta a simplificar el sistema y reducir costos administrativos.