Por Jorge Raventos

José Ignacio Lula Da Silva no estuvo presente ayer en Asunción cuando los presidentes del Mercosur suscribieron el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que se negoció a velocidad de caracol durante un cuarto de siglo. El mandatario brasilero había recibido un día antes, en Río de Janeiro, a las autoridades de la UE, encabezadas por los líderes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Ese anticipo no cayó bien en la Casa Rosada, que lo interpretó como una picardía de Lula destinada a mantener distancia con Javier Milei y distinguir la importancia de su propio país en el bloque, algo que, por otra parte, está subrayado por las estadísticas..

Esos tironeos domésticos no empalidecen el hito alcanzado ayer, que todavía no es el paso final: quedan por delante las aprobaciones parlamentarias –particularmente la europea, una valla para nada sencilla.

Haber llegado al acuerdo a nivel de autoridades ejecutivas es, sin duda, un éxito. la culminación de un proceso de negociación excepcionalmente largo y complejo, iniciado formalmente en 1999, en un contexto internacional muy distinto del actual, cuando el regionalismo abierto y la liberalización del comercio eran los ejes dominantes del orden global. Tras una primera etapa de avances parciales, las conversaciones quedaron virtualmente congeladas entre 2004 y 2010, bloqueadas por desacuerdos estructurales: la resistencia europea a abrir su mercado agrícola y las reticencias del Mercosur a liberalizar sectores industriales y de servicios, así como a adoptar disciplinas más estrictas en compras públicas, propiedad intelectual y normas sanitarias.

El relanzamiento de las negociaciones a partir de 2016 respondió tanto a cambios políticos en Sudamérica como a una creciente preocupación europea por diversificar socios comerciales frente al estancamiento de la Ronda de Doha y, más tarde, al giro proteccionista de Estados Unidos.

Más allá de su contenido arancelario, el acuerdo Mercosur–Unión Europea tiene un significado estratégico: consolida a ambos bloques como actores que apuestan por reglas previsibles en un sistema internacional crecientemente fragmentado. Para el Mercosur, supone una señal de inserción internacional y de disciplina institucional; para la Unión Europea, una reafirmación de su capacidad de proyectar estándares económicos, ambientales y regulatorios.

Para el Mercosur el acuerdo implica el acceso preferencial a un mercado que representa la séptima parte del PBI global y abarca a 450 millones de consumidores así como la reducción gradual de los aranceles que gravan allí sus exportaciones, empezando por el 92 por ciento de ellas. Las ventas del bloque a la UE pueden incrementarse en casi un 20 por ciento.

En un mundo marcado por la rivalidad geopolítica y la erosión del multilateralismo, el acuerdo simboliza la vigencia —aunque más exigente y condicionada— de la cooperación interregional como herramienta de desarrollo y proyección política.

Ahora, Davos

Aunque el presidente Milei no ha sido un defensor particularmente intenso del Mercosur, ha tenido la prudencia de no abandonar el bloque y se encuentra ahora con los frutos de esa actitud. En un mundo en el que el comercio se ha vuelto menos fluido y sometido a trabas arbitrarias o unilaterales, allanar el acceso a mercados es un logro.

El Presidente se apresta a viajar al Foro Económico de Davos, un escenario global en el que él se siente cómodo y donde sus mensajes ideológicos encuentran un eco que, si no siempre equivale a aprobación, sin duda le devuelve repercusión y relevancia.

Los organizadores han enmarcado al Foro de Davos en una problemática relevada a través de encuestas a líderes del mundo sobre Riesgos Globales de 2026. El paisaje que pinta esa encuesta refleja el desconcierto y la dificultad para la toma de decisiones. Cuatro fuerzas estructurales estarían convergiendo y acelerando la desestabilización global: la aceleración tecnológica, los cambios geoestratégicos, el cambio climático y lo que los organizadores denominan eufemísticamente “bifurcación demográfica”. Esta se trataría de una divergencia estructural y creciente entre países y regiones según su dinámica poblacional, que está produciendo trayectorias económicas, sociales y políticas cada vez más distintas. El mundo se estaría partiendo en dos grandes sendas demográficas: economías envejecidas y con población en declive (bajas tasas de natalidad, aumento de la longevidad, reducción de la población en edad de trabajar, presión fiscal sobre sistemas previsionales y de salud) y economías jóvenes y en rápido crecimiento poblacional (principalmente en África subsahariana, partes del sur de Asia y Medio Oriente: (alta fecundidad y población mayoritariamente joven, riesgos de desempleo masivo, informalidad y migración forzada). El Foro utiliza el término “bifurcación” para subrayar que estas trayectorias ya no convergen y que las políticas “universales” pierden eficacia. Así, la brecha se traduciría en: competencia global por talento, tensiones migratorias y geopolíticas. reconfiguración del poder económico y político global.

El Foro al que concurrirá Milei observa riesgos y mira con bastante aprensión el futuro inmediato.

Estadísticas felices

En el ámbito local, el gobierno de Javier Milei está lejos de la preocupación. Pagó la deuda de enero y sigue sacando buenas notas en materia de inflación. La de 2025 fue de 31,5 por ciento, bajísima si se la compara con la de los dos años anteriores (211,4% en 2023 y 117,8% en 2023), aunque todavía muy pronunciada en referencia a las de los socios del Mercosur (Brasil: 4,26%, Paraguay: 3,1%, Uruguay: 3,65%). En cualquier caso, según numerosas encuestas la inflación ha dejado de ser una preocupación prioritaria para la sociedad: hoy solo la mencionan alrededor de 15 de cada 100 personas consultadas; un año atrás lo hacía casi la mitad.

No todas son flores, sin embargo: la performance inflacionaria de diciembre -2,8 por ciento- fue más alta que la de noviembre y prolongó una tendencia alcista de ocho meses, con punto de partida en mayo. En el marco de una pronunciada baja anual se registra así una contracorriente que puede intrigar a los especialistas pero no llega a alarmar al público.

La asignatura Estabilidad, en la que la inflación incide rotundamente, ha sido astutamente jerarquizada por la presidencia de Milei, que supo interpretar esa necesidad social y sacó rédito político de esa apuesta. Antes de él sólo dos gobiernos surgidos de las urnas hicieron de la estabilidad un eje principal de sus políticas: los de Arturo Frondizi y Carlos Saúl Ménem.

Para Frondizi y su copiloto ideológico, Rogelio Frigerio, un marco de estabilidad económica era esencial para el crecimiento, una economía estable permitiría la planificación a largo plazo y la ejecución de proyectos de desarrollo. Frigerio, en ese sentido, afirmaba que “la estabilidad debe ser el primer paso hacia el desarrollo; sin ella, cualquier esfuerzo será efímero”.

Eso sí: primer paso, no fin en sí mismo sino base para el objetivo central: el desarrollo. Los desarrollistas argumentaban que Argentina necesitaba atraer inversión extranjera para modernizar su infraestructura y potenciar sus sectores productivos. Frondizi sostenía que “sin inversión, no hay desarrollo”, enfatizando la importancia de crear un entorno que favoreciera la llegada de capitales. La estabilidad ordenaba ese entorno. Frondizi y Frigerio vinculaban el desarrollo con la justicia social: al mejorar la economía, se debía también buscar reducir las desigualdades sociales. Frondizi enfatizaba que “el desarrollo debe ser inclusivo, porque un país se mide no solo por su riqueza, sino por cómo distribuye esa riqueza”.

Peero si en la cuestión inflacionaria el gobierno de Javier Milei ha encontrado una columna que lo sostiene con firmeza, en materia de desarrollo no puede por el momento mostrar logros semejantes. Las estadísticas indican que el PBI creció poco más del 4 por ciento en 2025 tras una caída del 2,8 por ciento en 2024. Los dos años del gobierno de Milei no lucen tan convincentes en las estadísticas del crecimiento. Ese 4 por ciento (que cálculos más optimistas levantan a 5 por ciento) tampoco es regular: hay sectores que crecieron (campo, petróleo, finanzas) y otros que decayeron marcadamente (industria, construcción). Desde diciembre de 2023 desaparecieron más de 18 mil empresas (caída neta entre altas y bajas de empleadores), y con las empresas cayó el número de trabajadores registrados: descendió en casi 250.000 personas, dos tercios de las cuales empleados de empresas de más de 500 trabajadores.

No es ilógico que en las encuestas trepen los rubros del desempleo y la insatisfacción laboral-salarial, mientras los de la inflación se encogen.

El gobierno se prepara para tratar un proyecto de modernización laboral argumentando que es indispensable para promover el empleo y para mejorar su calidad : casi 10 millones de personas (algo más del 40 por ciento dela fuerza laboral) trabajan en la informalidad, es decir, están privados de sistemas de cobertura social (salud, jubilación, etc.). Sin embargo, el dato de que en la actualidad caiga el empleo registrado mientras el informal se fortalece es interpretado contadictoriamente por quienes defienden y quienes rechazan la iniciativa oficial. Desde el oficialismo se sostiene que la informalidad crece porque el tipo de contrato laboral vigente pesa excesivamente sobre las empresas y que es indispensable reducir costos para alentar el empleo. La oposición –con matices: un sector intransigente rechaza de manera frontal, otro, más dialoguista, admite que hay tuercas que ajustar- sospecha que las innovaciones que se promueven tienden a impregnar paulatinamente la formalidad con los rasgos más arbitrarios del trabajo no registrado. ¿Un camino a la “bifurcación demográfica” de la que habla el Foro de Davos?

El sector sindical, si bien mantiene diálogos discretos con el oficialismo y con otros actores de esta temática como los empresarios, considera que la verdadera solución para la calidad y cantidad del empleo es el crecimiento, razón por la cual reclama que antes que este proyecto se debatan otros (la reforma impositiva, por caso) que puedan estimular la inversión y con ella, el desarrollo y la demanda de trabajadores. Se disponen a presionar para postergar el tratamiento y abrir un debate pausado y meditado con todos los actores involucrados, un diálogo más social o “corporativo” que político. Por detrás de esa presión palpita la amenaza de la inquietud, de la movilización: un horizonte que no compagina con la atmósfera veraniega, lo que quizás explica el apuro oficialista por cerrar el capítulo mientras duran las vacaciones, antes de marzo.

Esta es una batalla de corto plazo. Pero Milei está jugando más que esta batalla: prepara su reelección en 2027 y esta va a depender de que, a la lucha contra la inflación, encaminada ya, agreggue con énfasis el tema central: el desarrollo del país y con él, el empleo. Como decía Frondizi “el desarrollo debe ser inclusivo, porque un país se mide no solo por su riqueza, sino por cómo distribuye esa riqueza”.

Si el gobierno consigue finalmente imponer su proyecto de ley, deberá posteriormente trabajar sobre sus consecuencias. Si no hubiera cambios notorios en el ámbito laboral para el año de las elecciones, el precio se pagaría en las urnas.

Por el momento, el gobierno goza de este verano tranquilo en la Argentina y tan movido e inquietante en otras latitudes.