La Justicia Federal formalizó la investigación contra los cuatro hombres detenidos en el barrio El Casal. El operativo permitió el secuestro de 269 plantas y cogollos, cuyo valor de mercado se estima en mil millones de pesos.
Los cuatro hombres que fueron responsabilizados por la plantación de cannabis sativa en el barrio El Casal manejaban un negocio millonario de acuerdo a los cálculos basados en la cantidad de plantas secuestradas durante el procedimiento el último lunes. Tanto para el fiscal de la causa, Santiago Eyherabide, como para los investigadores especializados de la policía la estimación de la marihuana colocada en el mercado asciende a más de mil millones de pesos.
En la jornada del martes el juez Santiago Inchausti ordenó la prisión preventiva para tres de los detenidos, mientras que, al restante, acaso el menos comprometido en el accionar de este grupo, se le extendió su estadía en prisión por 10 días hasta que se resuelva su situación. La Oficina de Narcocriminalidad de la Justicia Federal en Mar del Plata que conduce Eyherabide formalizó el miércoles el proceso penal en relación a las cuatro personas por haber cultivado 269 plantas de marihuana y haber tenido con fines de comercialización cerca de 1,5 kilos de cogollos. Dos de ellos están imputados también por tenencia ilegal de armas de fuego.
La manera en la que esta banda ponía a la venta la droga es lo que ahora los investigadores buscan confirmar, aunque se cree que se contactaban con distribuidores para ofrecer cogollos, marihuana compactada y aceite. La causa se había iniciado el 20 de marzo después de que un dron afectado a búsquedas de automóviles desguazados por esa zona de las afueras de la ciudad, en especial en caminos cercanos a la Autovía 2. A partir de algunas imágenes muy evidentes de una plantación importante de cannabis se dio aviso a la fiscalía federal y dos semanas más tarde se obtuvo la autorización para el allanamiento realizado por personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata.
Audiencia desarrollada el pasado miércoles por la Justicia Federal.
Cuando los policías irrumpieron en la quinta a las 7.20 del pasado lunes los cuatro hombres estaban durmiendo en distintas instalaciones, unos en la casa y otro en la plantación misma. Por eso no pudieron comunicarse a través de Handy, ya que utilizaban esa tecnología a causa de la baja señal telefónica que en ocasiones los afectaba. Las condiciones de tierra fértil en extremo y de humedad y temperatura hacían de ese sector un sitio ideal para el cultivo sin necesidad de aceleradores como invernaderos.
En tierra, aún sin cosechar los policías encontraron 109 plantas, mientras que ya cortadas y en proceso de secado dentro de un galpón del predio rural había otras 160. El peso total ascendió a casi 760 kilos que, en base a cálculos del personal policial, los cogollos que podrían extraerse de las plantas ascenderían a 150 kilos, lo que tiene un valor de mercado de uno mil millones de pesos. A su vez, se encontró en un freezer situado en el galpón casi un kilo y medio de la misma sustancia, además de una balanza y una prensa hidráulica. Estos dos elementos, junto con las instalaciones dentro de uno de los galpones para el secado, confirman que además de la producción de cogollos, también se prensaba el resto útil de la planta.
En el lugar fueron secuestrados también tres vehículos, 3.300 dólares, dos Handy, teléfonos celulares y cuatro armas, una de las cuales no tenía la documentación en regla. El miércoles se desarrolló la una audiencia de formalización encabezada por el juez Inchausti, quien autorizó el desarrollo de la investigación por el plazo de 90 días corridos, solicitados por los auxiliares fiscales Hércules Giffi y Francisco Torres, quienes estuvieron presentes en la sala. Ese mismo lapso de tiempo se resolvió para la prisión preventiva de tres de los investigados, mientras que para el cuarto se dispuso 10 días.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron un plazo de 90 días corridos para la investigación, con la intención de poder desarrollar las medidas de prueba pendientes, lo cual fue convalido por el magistrado. La acusación, por otra parte, entendió que existen en el caso riesgos procesales para solicitar, por 90 días, la prisión preventiva de los imputados. En este sentido, repararon en la envergadura del emprendimiento delictivo, la cantidad de droga secuestrada y el valor de la misma para su comercialización, e incluso el intento de uno de los acusados de descartar dos armas de fuego y varios cartuchos. A su vez, el principal investigado tenía en su poder una importante cantidad de dinero (3.300 dólares), además de un arma de fuego sin autorización para su uso.
El juez resolvió en sintonía con el pedido de fiscalía, a excepción de uno de los acusados para quien dispuso, en principio, 10 días de prisión, lo que fue impugnado por la defensora.